Con una amplia mayoría de 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que establece la anulación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, más conocida como Ley de Pesca o “Ley Longueira”.

Una ley que había sido aprobada en 2012 siendo Pablo Longueira el ministro de Economía, y que al poco tiempo de su promulgación fue fuertemente cuestionada al evidenciarse que durante su tramitación empresas pesqueras, como Corpesca, pagaron sobornos a parlamentarios para que se incluyeran beneficios. La ex diputada y senador UDI, Marta Isasi y Jaime Orpis respectivamente, fueron formalizados por estos hechos; mientras que el exministro y actual candidato a constituyente, Pablo Longueira, resultó sobreseído de la investigación por cohecho.

La historia detrás de la Ley de Pesca afloró en la discusión en la Cámara del proyecto que buscaba anularla, el que fue presentado en 2016 por los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, y que fue finalmente aprobado este martes. No obstante, el Gobierno adelantó que recurriría al Tribunal Constitucional de ser necesario.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado PC y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Daniel Núñez, uno de los autores de la moción, se refirió a las señales que se desprenden hacia la ciudadanía y el mundo político tras la aprobación del proyecto.

Diputado, ¿de dónde surge y en qué consiste esta ley que a su vez anula la Ley de Pesca?

Consiste en establecer que, dado el vicio que tiene en su origen, actos de corrupción y el soborno a parlamentarios UDI para que votaran a favor de indicaciones que en esta ley establecían un claro beneficio para Corpesca, como eran los derechos de pesca que entregaban a perpetuidad los recursos pesqueros de Chile, al reconocer esas cosas se señala que este vicio de origen haría ilegítima la ley. Por tanto, se entendería como nunca aprobada por el Parlamento. Ese es el sentido que tiene, por lo tanto anula todo obrado en esta materia, lo que tiene especial significación en términos de los derechos de pesca y la propiedad de los recursos pesqueros, que sin duda es el botín más codiciado por las grandes empresas que están en este sector porque les entrega la explotación de nuestros mares.

Cuando presentó este proyecto junto al diputado Hugo Gutiérrez, en 2016, se criticó mucho que se legislara en torno a una ley que anula otra ley. ¿Qué ha pasado desde ese entonces hasta la fecha?

Primero hubo un debate constitucional muy profundo en la Comisión de Constitución. Se nos dijo que no había precedente y eso es falso, estaba el precedente de un proyecto de ley que estaba en el Senado y que tenía que ver con la anulación a la Ley de Amnistía, ley que generó la amnistía para los asesinos y militares involucrados en violaciones a derechos humanos de la dictadura, que también fue hecha en condiciones ilegítimas.

Con una amplia mayoría de 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que establece la anulación de la Ley de Pesca. Foto: ATON.

Pero lo fundamental es que había una enorme presión social y de la opinión pública sobre el Parlamento, y particularmente una condena muy fuerte a las situaciones de corrupción. Lo más importante de la aprobación de esta anulación de la Ley de Pesca, es que es una señal contundente de soberanía del mundo de la política y una señal de vigor de la democracia por sobre el poder corruptor del dinero y el poder corruptor de las grandes empresas. Por lo tanto, acá la señal es muy contundente: que no vamos a aceptar que poderes económicos actúen de forma ilegítima, establezcan beneficios absolutamente espurios e ilegales, y que pretendan que eso sea mantenido inalterable. Así que es una muy buena señal para lo que viene, y también alerta respecto de los debates que tienen que venir para el proceso constituyente, porque la pregunta obvia es: ¿No serán los recursos pesqueros, y por ende los recursos naturales como el cobre y otros, temas que deban quedar refrendados en la Constitución y no queden determinados en una ley que pueda tener este tipo de vicios como los que conocimos en la tramitación de la Ley de Pesca?

Se sabe que hubo indicaciones redactadas por las mismas empresas pesqueras y diputadas y diputados fueron procesados por lo mismo. Usted habla de una señal potente al mundo empresarial, sobre todo. Pero, ¿qué señal cree que da esto a los parlamentarios? ¿Cree que ya no suceden cosas como las que pasaron en la tramitación de la Ley de Pesca o esto también busca frenar conductas de este tipo en la actualidad?

Bueno, el poder corruptor del dinero, la acción del lobby y la corrupción de las grandes empresas sigue plenamente vigente en Chile. Recordemos que después de 2012 hubo otra acción corrupta de una empresa, como fue Soquimich, que generó una norma para establecer la invariabilidad tributaria en el caso del Royalty, especial para la empresa Soquimich, y que fue aprobada posteriormente. Por lo tanto, los riesgos de corrupción son una constante en los sistemas políticos neoliberales y hay que estar atentos permanentemente.

Así que, desde ese punto de vista, yo tengo sospechas de que permanentemente hay intentos de corromper a la democracia y que este tipo de acciones son un excelente antídoto, además de tener un sentido preventivo muy importante. Pero estamos muy atentos a que no se nos instale el poder corruptor, y yo no te podría decir que en otras cosas esto siga ocurriendo porque, lamentablemente, nos hemos enterado de cosas que nos escandalizan y no me extrañaría que se destape la olla otra vez.

En el mismo sentido de las señales que se entregan, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, anunció reserva de constitucionalidad hacia el proyecto. Es decir, el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para evitar la anulación de la Ley de Pesca. ¿Cómo ve ese tipo de señales de la administración de Sebastián Piñera?

La verdad es que el gobierno está actuando en forma absolutamente negligente e irresponsable, yo creo que la peor amenaza que hay hoy día a la democracia chilena es el propio Sebastián Piñera, con su permanente acción autoritaria y su defensa de los intereses de las grandes empresas y del gran capital.

Así que, esto de recurrir ante el Tribunal Constitucional es una amenaza enorme a la democracia, a la soberanía del país, y por supuesto que genera condiciones para nuevos estallidos sociales. Obviamente va a haber movilización en contra de estos anuncios de Piñera. Así que muy preocupado por lo que está ocurriendo. Pero insisto, acá lo fundamental es que Piñera se ha sacado totalmente la careta y está defendiendo los intereses económicos de una minoría de súper ricos en forma escandalosa. La gente no lo va a tolerar ni lo va a aceptar.

¿Cree que la aprobación de esta anulación de la Ley de Pesca es un golpe para el Gobierno?

Absolutamente, porque este es un gobierno que sólo defiende los intereses de las grandes empresas, y sabemos que las siete familias propietarias de los recursos pesqueros tienen fuertes vínculos con Sebastián Piñera.

Recordemos que, a raíz del caso Exalmar, sus fondos de inversión por la vía de estos sistemas fiduciarios también estaban involucrados en la compra de acciones de la industria pesquera. Así que, Piñera, a través de sus inversiones, también es propietario de empresas pesqueras y también está defendiendo sus negocios, al igual como lo hace con las AFP.

El diputado PC y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Daniel Núñez, uno de los autores de la moción, se refirió a las señales que se desprenden hacia la ciudadanía y el mundo político tras la aprobación del proyecto. Foto: Agencia UNO.