Los presos de la revuelta comenzada en octubre del 2019 se han transformado en toda una preocupación para un vasto sector del mundo político y social, pero, por sobre todo, para el mundo familiar de los propios detenidos.

Por lo mismo, madres, padres, hermanos y amigos de quienes se encuentran privados de libertad en el contexto del estallido se encuentran realizando un ayuno, desde hace algunas semanas, como medida de protesta por la situación en que se encuentran sus seres queridos.

Este miércoles, dichos familiares recibieron la visita de diputadas y diputados de izquierda que impulsan un proyecto de ley presentado la tarde de la misma jornada en el Senado, que propone un indulto general a los presos de la revuelta. La Cámara Alta es la única habilitada para presentar este tipo de iniciativas, por lo que los senadores y senadoras Adriana Muñoz, Isabel Allende, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, estamparon su firma en el documento.

“Creemos que no es aceptable que, hace más de un año, hoy (los presos) no tengan derecho a un debido proceso”, señaló la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al momento de presentar la iniciativa.

Desde la Cámara Baja, hay diputados que esperan una pronta aprobación de la iniciativa en el Senado, entre ellos, Tomás Hirsch, uno de los parlamentarios que visitó, este miércoles, a los familiares de los presos.

Según el legislador de Movimiento Humanista, es difícil que el proyecto alcance el quorum calificado que necesita en el Senado, sin embargo, no es imposible, por lo demás, señaló que más allá de su aprobación, es una señal al Gobierno de que no pueden seguir manteniendo presos políticos en un sistema que se dice democrático.

“Más que testimonial yo creo que es para dar una señal clara y para generar la fuerza que permita que el Gobierno entienda que no puede seguir reprimiendo y que no puede seguir criminalizando la protesta ni lo que fue la revuelta. Por lo demás hay muchos proyectos que uno puede creer que no van a tener la mayoría necesaria pero que, en el camino, los senadores se convenzan y entiendan que no es posible mantener esta situación así, que Chile está incumpliendo tratados internacionales de derechos humanos con estas prisiones preventivas tan extensas”.

Además, el ex candidato presidencial anunció que solicitarán a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja una citación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para que aclare la situación de los privados de libertad en el contexto de revuelta.

“Queremos también presentar algunos proyectos en la Cámara de Diputados para eliminar las leyes más represivas que ha generado este gobierno. Queremos también hablar con la Fiscalía, con el fiscal general, e invitar al ministro de Justicia a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara para que explique cómo es posible que tengamos situaciones con jóvenes que permanecen con prisión preventiva por un año o más de un año en condiciones que son absolutamente violatorias de sus derechos humanos”.

Entre quienes también visitaron a los familiares en huelga se encontró la diputada comunista Camila Vallejo, quien criticó al gobierno de Sebastián Piñera por, en pleno siglo XXI, tener “presos políticos”.

“Esto no puede seguir así. Hay que frenarlo, hay que pararlo, no es posible que en pleno siglo XXI tengamos un Gobierno que se permita tener presos políticos”.

Además se refirió al proyecto de indulto presentado en el Senado, expresando su deseo de que se tramite rápido para que que también sea aprobado en la Cámara Baja y, así,  disminuir la “persecución” en contra de cientos de jóvenes.

“Tiene que ser lo antes posible. Esperamos un trámite expedito en el Senado que es la Cámara que más se demora en tramitar los proyectos, así que esperamos que actúen con rapidez, de manera responsable pero con rapidez, para que en la Cámara también lo podamos aprobar y esto empiece a aplicarse porque días más que pasan es aumentar el nivel de persecución y de daño a las familias. Aquí hay familias que están muy angustiadas, madres que están sin trabajo, madres que han sufrido por como tratan a sus hijos, en fin, por toda esta injusticia y no podemos permitir que siga así. Esperamos que salga lo antes posible”.

Por su parte, la diputada de Comunes, Claudia Mix, coincidió con Vallejo en que el proyecto debe tramitarse con rapidez, destacando, además, que esta es la única solución a un problema que se arrastra hace más de un año.

“Esperamos, sinceramente, que las fuerzas de oposición del Senado aprueben esta iniciativa que nosotros estaremos esperando en la Cámara Baja para darle nuestro apoyo. Esta es la única va de solución al problema que tenemos hoy. Más de 2500 presos de la revuelta con procesos inconclusos, más de 600 que aun permanecen detenidos en distintos recintos penitenciarios, con procesos indebidos y sin avances. Creemos que la única salida que tiene este problema es una salida política”.

La parlamentaria frenteamplista recordó también que los presos políticos en nuestro país se arrastran desde hace muchos años, ejemplo de esto, sería los que ella calificó como “presos políticos mapuche”.

“No cabe duda de que, en nuestro país, siempre ha habido presos políticos. No hay que olvidar que existen presos políticos mapuche que también se les ha aplicado prisión preventiva y que no tienen condenas hace mucho tiempo, incluso desde gobiernos anteriores”.

“Basta de negar, es una realidad en Chile: tenemos presos políticos, es una vergüenza, pero es así”, sentenció la legisladora.

La iniciativa presentada este miércoles en el Senado, y según se lee en el documento, “se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019”.

Un punto importante de proyecto es que excluye a los detenidos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se necesita de quorum calificado para que la iniciativa pase a la Cámara de Diputados.