Ley de Migraciones: organizaciones y parlamentarios acuden al TC por vulneraciones de derechos

Este martes, organizaciones sociales y parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Migración y Extranjería, esto porque acusan que varios artículos de la norma vulneran derechos fundamentales y discriminan a las personas migrantes.

Este martes, organizaciones sociales y parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Migración y Extranjería, esto porque acusan que varios artículos de la norma vulneran derechos fundamentales y discriminan a las personas migrantes.

Tal como ya se había anunciado una vez que el proyecto terminó su trámite legislativo, este martes organizaciones de migrantes y parlamentarios de oposición ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que revise algunos artículos de la Ley de Migración y Extranjería, los cuales irían contra la Constitución y los derechos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores.

Entre los adherentes a este requerimiento están la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Movimiento Acción Migrante, Rizoma Intercultural, Colectivo Sin Fronteras y la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile, entre otras. En tanto, los abogados patrocinantes son Patricio Zapata, Jaime Gajardo y Martín Canessa.

Desde la política, el requerimiento cuenta con el apoyo de 41 parlamentarios de oposición. Para el punto de prensa organizado esta jornada para ingresar el requerimiento, la diputada Catalina Pérez (RD) y el diputado Boris Barrera (PC) se hicieron presentes en compañía de las organizaciones.

Las razones de por qué tomar esta decisión de acudir al TC se fundamentan en que algunos artículos de la ley vulneran derechos fundamentales, entre ellos de niños, niñas y adolescentes.

“En total son 13 los artículos que se busca impugnar a través de este requerimiento, entre ellos destacan la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No hay una protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o expulsada y, además, desconoce la competencia que tiene los Tribunales de Familia para adoptar las medidas de protección que corresponda. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, mantiene la potestad el subsecretario del Interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida, sino meramente por razones de seguridad interior o exterior”, explicó Catalina Bosch, representante de la Coordinadora Nacional de Migrantes.

MIGRAR

Además, en el punto de prensa se mencionó que desde las organizaciones migrantes se comparte que se debe actualizar la norma, pero este proyecto no va en sentido correcto, pues restringe derechos fundamentales de personas migrantes o se contraviene principios básicos que rigen procesos administrativos sancionatorios.

Junto a ello se explicó que la Ley de Migraciones mantiene y aumenta espacios de discrecionalidad, deja opciones a medidas desproporcionadas.

Respecto de este requerimiento, la diputada Catalina Pérez expresó que “nos preocupa profundamente la política migratoria que ha decidido empujar este Gobierno. Durante toda la tramitación diversos parlamentarios de oposición manifestamos nuestros reparos de lo que será una política migratoria que no se hace cargo del fenómeno migratorio en Chile con un foco de Derechos Humanos”.

“Necesitamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la evidente violación de DD.HH de la aprobada legislación que retrocede en materia de derechos fundamentales. Estamos frente a un Gobierno que ha utilizado la migración en términos populistas para no hacerse cargo de crisis que actualmente existe en nuestro país”, agregó.

En tanto, el abogado Patricio Zapata expresó que este tema no es solo un tema de opiniones, sino más bien refiere a un tema de principios y discriminación.

“Los parlamentarios no traen al Tribunal Constitucional una discusión sobre mejores políticas, sino un asunto estrictamente de Derechos Humanos, de un sector de nuestra población particularmente débil desde el punto de vista de sus redes, de su capacidad de influencia, de defensa. Estos diputados no traen al Tribunal Constitucional una cuestión opinable, sobre qué es mejor, lo que están trayendo es una cuestión de principios. Todos los artículos que se objetan es porque se discrimina o porque se priva del derecho al debido proceso. Cuando se afectan los derechos parece importante que se haga el punto y se denuncie que se está tratando distinto a unos habitantes de nuestra tierra que a otros”, aseveró.

En la instancia también se recalcó que uno de los roles del Tribunal Constitucional es garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, por lo tanto en el marco de que eso sería lo que hace esta ley es fundamental su pronunciamiento sobre la protección de los migrantes, que son además un grupo social muy vulnerable.

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Las palabras de Bellolio

Durante esta jornada, además se generó una polémica en torno a la declaración realizada por Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería, quien señaló a La Tercera que “poco ayuda la visión buenista de que Chile sea centro de rehabilitación de migrantes delincuentes”, esto en el marco de las criticas a la Ley de Migraciones.

Sus palabras causaron malestar, apuntando los cuestionamientos a que con sus dichos se sigue criminalizando la migración y viendo estos procesos como un problema de seguridad más que como el resultado de crisis humanitarias en el que debe primar el respeto de derechos humanos.

“Además de ser totalmente irresponsables son desafortunadas, y van en la línea contraria de lo que significa tener un enfoque de derechos humanos respecto al tema de la migración y respecto a los temas del país. Asociar regularización a procesos de validación de delincuentes, echando en un saco a todos los migrantes que están en situación irregular como si fueran tales delincuentes, yo creo que es totalmente inaceptable, reprochable desde todo punto de vista, además de infundado y falso”, explicó Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Migrantes, a Radio Universidad de Chile.

A ello añadió que “quien es responsable de este desastre de irregularidad es este gobierno, el señor Bellolio es responsable y esta ley va a generar mayor irregularidad. No crean que con una ley van a poder contener los flujos migratorios, eso es absurdo. No lo puede hacer Europa con un tratado que involucra a países como Turquía  y Grecia, menos lo hará un país con una basta frontera como Chile, no existe forma práctica para hacerlo y las expulsiones son expulsiones de carácter clandestino, ilegal y contrarias a derecho”.

En tanto, a través de Twitter, José Tomás Vicuña, integrante del Servicio Jesuita Migrante, señaló que “una vez más descalifica y no asume que este gobierno es el que ha tenido la mayor cantidad de ingresos por paso no habilitado de toda la última década. ¿Hacer puntos de prensa con el 0,01% de la población migrante vale la pena además?

 

Mientras que la socióloga Lucía Dammert también se expresó a través de la red social. “Que tremendo que el jefe de extranjería piense y diga esta barbaridad. A quien se refiere? De que habla? Instalar la idea nuevamente que los migrantes son delincuentes no solo es falso sino que profundamente violento”, dijo la académica de la Universidad de Santiago, quien también es migrante.

 





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