En el año 2013, el proyecto hidroeléctrico El Canelo -ubicado en el sector del mismo nombre en el El Cajón del Maipo- contemplaba la construcción de un ducto que pasaría dentro del monasterio de la Congregación Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, quienes viven desde 1995, con voto de silencio, en el lugar. El ducto además de perturbar la vida de las religiosas, ponía en riesgo la existencia de especies vegetales protegidas, como el Guayacán, además de hacer uso del agua en un sector donde la crisis hidrográfica ha impactado fuertemente a la población durante los últimos años.
Fue por esto, que al enterarse de la posible construcción de la central hidroeléctrica, las Carmelitas, con el respaldo de la comunidad de El Cajón del Maipo, comenzaron a movilizarse y juntar firmas en contra de este proyecto, llevándolo al Tribunal Ambiental y posteriormente por medio de un recurso de casación llegaron a la Corte Suprema. Esta instancia falló a favor de las religiosas, ordenando al proyecto volver a la etapa de evaluación de la Resolución de Calificación Ambiental por parte del Comité de Ministros, para que este, en vista de las observaciones realizadas por las religiosas, analizara a fondo las circunstancias y efectos de este proyecto que dividiría en dos el monasterio, y que por lo tanto tendría una grave afectación para su vida de oración y contemplación.
Hoy la historia de este proyecto parece estar llegando a su fin, luego de que Servicio de Evaluación Ambiental diera a conocer la resolución que declara la caducidad de la Calificación Ambiental (RCA) de la central Canelo.
“Han sido ocho largos años de lucha, sufrimiento, esfuerzo y alegrías, de todo un poco. En Chile todo favorece a las empresas, y nosotros podríamos habernos convertido fácilmente en uno más de los casos en que las empresas le ganan a las comunidades, con proyectos que las afectan directamente”, declaró María Elisa Castillo, Madre Superiora de la Congregación Carmelitas Descalzas.
Por su parte, Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA, organización que ha llevado el caso desde sus inicios, señala que “Es una buena noticia que se haya declarado la caducidad. Es un proyecto que pareciera que nunca debió haber tenido una calificación favorable”, agregando “Lamentablemente se había aprobado el proyecto aunque todavía existían algunas vías judiciales pendientes, pero esta caducidad, creo yo, viene a cerrarles la puerta, y esperamos que el titular así lo entienda y no reclame de esta”.
