Esta mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones que había hecho el Senado y despachó a ley el proyecto que establece el reajuste del sector público.

La iniciativa contempla un reajuste de 2,7 por ciento nominal para las rentas de hasta dos millones de pesos, y de un 0,8 por ciento a quienes superen ese monto, con excepción de altas autoridades. Además, incluye aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, escolaridad, vacaciones y término de conflicto, todos entregados de forma escalonada.

El Bono de Término de Conflicto aprobado es de 97 mil pesos para remuneraciones de hasta 721 mil líquidos y de 48 mil para sueldos que asciendan hasta los dos millones de pesos. En tanto, el monto entregado por vacaciones será de 62 mil pesos para sueldos de hasta 794 mil y de 43 mil para sueldos que lleguen a los dos millones de pesos.

También el proyecto incluye el denominado Bono COVID-19 para los funcionarios de la salud, el que corresponde a 200 mil pesos en el que estarán también considerados los y las trabajadoras del Hospital J.J. Aguirre y de las Fuerzas Armadas. Junto a ello, el Ejecutivo se comprometió a, durante el primer trimestre, presentar una iniciativa que garantice la entrega del bono a quienes desarrollaron sus labores a honorarios en el área de salud durante este 2020.

“Parto por agradecer la tramitación bastante celera que este proyecto, que es complejo en distintos aspectos, ha tenido. Más allá de las complicaciones que hemos tenido en el proceso, creo que estamos llegando a puerto fruto del diálogo (…) Quiero partir por ese reconocimiento porque como lo planteamos desde un origen este es un reajuste distinto, que duda cabe, que el de un año normal, incluso que el del año anterior que ya había sido distinto, pero esto se explica porque vivimos un momento excepcional”, destacó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Uno de los puntos que también quedó establecido en el proyecto, pero que causó bastante disputa y reparos es el artículo que permite a la Dirección de Bienestar de Carabineros contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de la funciones del personal, ya sea activo o en retiro.

“Puede ocurrir que con estos fondos se termine financiando defensa jurídica de personas que han violado derechos humanos, eso nos parece completamente impropio, por eso los socialistas votamos en contra y queremos hacer presente que a nosotros nos parece que esto es un error que han cometido quienes votaron a favor en la Cámara y en el Senado. Y queremos insistir en que nos parece que es una decisión equivocada del Gobierno”, expresó el diputado socialista Manuel Monsalve en la discusión de este martes.

Una postura disímil se expresó desde el oficialismo, desde donde el parlamentario UDI Patricio Melero destacó esta norma: “Creo que era de toda justicia aquello, no podemos dejar a nuestros carabineros indefensos frente a una sociedad violenta. Con pleno y total apego a la ley, y los derechos humanos y las normas, la legítima defensa es muy importante, lo aprobó la Cámara, el Senado y por consiguiente bien que se haya avanzado en eso”.

Tras esta aprobación la norma quedó lista para convertirse en ley. Una vez promulgada tendrá un efecto retroactivo al 1 de diciembre pasado.