Un nuevo récord marcó este año 2020 en Alemania: el 46% de la energía usada en el país provino de fuentes renovables. El próximo objetivo de esta década que comienza es aumentarla al 65% y para apoyar esta meta desde este año 2021 habrá un impuesto al CO2, el dióxido de carbono.
Cada empresa que venda combustibles fósiles deberá pagar 25 euros por cada tonelada de emisiones de CO2 que produzcan esos combustibles; para el año 2025 se pasarán de 25 a 55 euros por tonelada generada.
El problema es que esos costos pasan directamente al consumidor final; quien tiene un auto deberá pagar 7 centavos más por litro de bencina, pero también los costos de la calefacción, nada despreciables en países con largos inviernos como Alemania, aumentarán para los inquilinos aunque ellos mismos no tienen influencia en el tipo de energía que ha elegido el dueño de su vivienda. El gobierno intentará equilibrar este aumento de costos para los inquilinos bajando el precio de la energía eléctrica y dando subvenciones a los hogares de menores ingresos.
El gobierno cree que estos impuestos empujarán a los alemanes a instalar más paneles solares o a comprar más autos eléctricos, aunque las dos alternativas están aún bastante lejos de poder reemplazar uno a uno sus precedentes: los autos eléctricos tienen poca autonomía y demoran demasiado en recargarse, los paneles solares rinden poco y su energía debe almacenarse en baterías que van perdiendo poco a poco su carga.
Los deseos ecológicos son firmes en el país, pero la tecnología verde está todavía muy rezagada.
El fin del carbón
Las autoridades planean el desmantelamiento de una central térmica de 300 megavatios lanzada en 1968 en Niederaussem, en el oeste del país. Con su cierre la primera economía europea inaugurará su ambicioso proyecto de abandono del carbón, un combustible contaminante, para 2038.
Al mismo tiempo, el 1 de enero se desconectaron 4,7 gigavatios de capacidad en varias de las centrales eléctricas de carbón del país.
Aprobada por el Parlamento en julio, la ley sobre el final del uso del carbón indica que el plazo final de 2038 podría adelantarse tres años dependiendo del progreso del plan.
Créditos fotografía: Sascha Steinbach, EFE
