En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de nuestra universidad y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, se refirió al operativo de la PDI la semana pasada en la comunidad de Temucuicui. La cientista política planteó que es llamativo, por decir lo menos, que se haya realizado el mismo día de la lectura de la sentencia del juicio por el caso de Camilo Catrillanca, con el importante gasto en recursos materiales y humanos que se realizó.

Además, la académica puso énfasis en el uso de la violencia, tanto simbólica como física, en este contexto, desde las autoridades políticas como el Presidente Sebastián Piñera hablando de narcoterrorismo, sumado a las agresiones sufridas por la familia Catrillanca durante el allanamiento a Temucuicui ,”nos habla que aquí hay racismo”.

Verónica Figueroa fue enfática en señalar que esta comunidad, particularmente, “ha estado permanentemente bajo el asedio de las fuerzas policiales, de orden y seguridad y del Ministerio del Interior”, y que este no es un problema de ahora, sino que se arrastra desde el siglo XIX cuando fueron despojados de sus tierras.

“La invitación aquí es mirar este hecho de una manera más general, en política pública nosotros decimos que uno piensa que es muy racional la acción política, y que por lo tanto frente a un determinado problema tú haces un diagnóstico, un análisis y defines una intervención. Yo creo que lo que nos encontramos en el mundo mapuche desde el Estado es más bien la existencia de soluciones predefinidas que están buscando problemas que les interesa para justificar estas soluciones que ya fueron diagnosticadas, decididas de manera unilateral desde el Estado”.

La académica del INAP insistió en que situaciones como el allanamiento a Temucuicui son acciones sistemáticas contra el pueblo mapuche, que distan mucho de lo que sucede contra el narco por ejemplo o las bandas de crimen organizado que generan inseguridad entre las personas.

Todo esto lleva a la vicepresidenta del Senado Universitario a concluir que lo que estamos presenciando es una sostenida política estatal de racismo contra el pueblo mapuche, lo que queda evidenciado en la magnitud de los recursos destinados para reprimir a una comunidad justo el día de la lectura de sentencia del caso Catrillanca.

“Lo que vemos aquí nuevamente, es que aquí lo que hay es un racismo, un racismo institucional. Movilizar 800 funcionarios de la PDI de distintas regiones, sin mucha información, es lo que hemos ido sabiendo en los últimos días, no sabían a dónde iban, no iban -supuestamente- preparados, aquí había una decisión que se había tomado y claramente uno no puede pensar que haya una ingenuidad de hacerlo el mismo día del juicio por el caso de Camilo Catrillanca”.

Verónica Figueroa recordó que la militarización de la Araucanía ha sido una estrategia permanente de diferentes gobiernos pese a que diversos organismos internacionales han dicho que no hay terrorismo en la zona, pero desde el Estado se continúa generando un estereotipo con conceptos como narcoterrorismo.

Y este tipo de acciones de parte del Estado terminan manchando y desprestigiando a instituciones que, al menos hasta ahora, gozaban de cierto grado de credibilidad como es el caso de la PDI, que luego de los hechos ocurridos en Temucuicui será muy difícil que se puedan sacudir de los mismas taras que hoy debe cargar Carabineros.

“Nos encontramos con que los hechos, los resultados dejan una vez más en vergüenza a una institución del Estado (PDI) que va perdiendo credibilidad, al igual que Carabineros. Cada vez más son instituciones que no son autónomas, dependen del Ministerio del Interior, están a cargo de una autoridad política, responden a la política de los gobiernos de turno y lo que vemos es que se enfrascan una vez más en una deslegitimación permanente, falta de confianza, uno ya no les cree”.

La analista política hizo énfasis en que ni siquiera la familia del funcionario de la PDI muerto durante el allanamiento en Temucuicui ha culpado al pueblo mapuche sino que al alto mando de la institución por la muerte de su pariente.

Escaños reservados para pueblos originarios 

Respecto de la situación generada por la imposibilidad de que cuatro de los pueblos originarios (chango, kawesqar, collas y yámanas) han podido generar representantes para estos puestos, Verónica Figueroa señaló que era algo que “se veía venir”, por la falta de  información de parte del Estado y por los plazos tan acotados que se generaron luego de una decisión tan tardía.

Lo que se suma a los requisitos y restricciones tan altas que tampoco facilitan el acceso a los pueblos originarios a la Convención, lo que además ha generado interpretaciones erradas entre la clase política que ve en estas ausencias un reforzamiento de sus convicciones sobre lo innecesario que sería entregarle escaños reservados a los pueblos indígenas.

“No podemos volver a caer ahora, de acuerdo a esta discusión, en decir ‘ven que no querían participar’, o ‘ven que no son suficientes’ o ‘devolvamos los escaños’. Aquí lo que tiene que haber es una solución pronta para que estos pueblos puedan participar, si aquí el problema fueron los prerrequisitos, fueron los tiempos, fue la falta de información no podemos nosotros ahora responsabilizar a estos pueblos porque en poco menos de tres semanas y en medio de una pandemia y fiestas de fin de año, intentar armar los patrocinios, ingresar los datos, tener el respaldo de un ministro de fe”.

Finalmente, Verónica Figueroa Huencho sostuvo que si bien ha habido avances en términos culturales respecto de la visión hacia los pueblos originarios, siguen existiendo prejuicios y caricaturas sobre ellos que serán utilizados en la discusión de la Convención Constituyente por lo que será muy importante estar atentos a que no se impongan en una nueva Carta Magna.