Hace décadas que se habla de la desconfianza ciudadana en las instituciones, la necesidad de un cambio medular, que esa desconfianza deslegitima y debilita la democracia. Y, a pesar de esas certezas no se ven cambios significativos en estas instituciones, más bien, asistimos a una desidia en quienes son responsables de su conducción que suelen actuar con desidia y en la más completa impunidad.

Si para gran parte de nuestra sociedad la rebelión social iniciada el 18 de octubre del 2019, fue una alerta, una luz roja y también una alarma ruidosa que nos advertía que había llegado esa necesidad ineludible de cambiar, para otra parte, fue el llamado, la luz verde que permitía cometer con desvergüenza y desparpajo parcialidades que les permiten seguir en el mismo universo de injusticias y desigualdades que gran parte de la ciudadanía ha impugnado.

Cuando se conduce una transición en base al reparto del poder en dos bloques, no iguales, pero parecidos; cuando se incorpora a una minoría excluida con la promesa de lograr avances en el sistema político/electoral que no se traduce en mayor democracia ni participación; cuando se impone un proceso constituyente que tiene, a lo menos, dos dificultades democráticas: elegir a los convencionales de manera distrital, dificultando que los independientes puedan participar y ser electos, y permitir que un tercio tenga el mismo valor que dos tercios, no es igual al binominalismo de la transición, pero es parecido;  entonces, cuando todo ello es una realidad, tenemos una profundización de la crisis y no las luces que nos ayuden positivamente a construir otro país.

Cuando se insiste en utilizar de manera discrecional y abiertamente desigual al sistema judicial; léase: para los/as manifestantes prisión preventiva, para los carabineros involucrados en violaciones a los derechos humanos, arraigo nacional. Cuando en forma contumaz los medios de comunicación insisten en utilizar el verbo caer al rio y no arrojar al rio, a pesar de que las imágenes muestran a un Carabinero lanzar al Rio Mapocho a un joven; esa sociedad desconfía entonces de instituciones, medios, poderes, de todo aquello que parezca ocultar la verdad. Finalmente, en este listado mínimo de ejemplos, cuando una subametralladora Uzi en poder de grupos de ultraderecha, según el subsecretario del interior, es un simple utensilio y en manos de narcotraficantes es armamento de guerra, entonces tenemos un doble rasero gubernamental que desprestigia y vuelve ilegitimo, no sólo sus palabras, sino que el conjunto de su accionar.

Un elemento central de cualquier democracia sana es el empoderamiento de la ciudadanía, la legitimidad institucional y la conducción de lideres que logren mantener respeto y cohesión social, hoy, tenemos una ciudadanía empoderada, sin embargo, lo legítimo, el respeto y la cohesión social son elementos ausentes.

El 30 de octubre del 2020 fue asesinado del cabo segundo, Eugenio Nain Caniumil, en la comuna Padre Las Casas; muerte sorpresiva, fallecimiento que motivo la crítica a la institución de parte de familiares del carabinero; homicidio del cual la prensa ha entregado escasos datos de contexto, los cuales permitirían interpretar medianamente lo sucedido, teniendo claro que esa entrega informativa tiene fuentes que no son confiables para la ciudadanía. Esta aparente mesura de la prensa podría ser una virtud, si como contraparte no condenaran, junto a las autoridades gubernamentales, al pueblo mapuche y lo inculparan del atentado y de toda acción que sirva para generar en la ciudadanía una sensación del “peligro mapuche” “de la radicalización de las demandas mapuches” y otras ideas destinadas a mantener un status quo en la zona en conflicto.

El 7 de enero del 2021, mismo día de la sentencia en contra de un grupo de carabineros que participaron del montaje y asesinato de Camilo Catrillanca, unos 850 agentes de la Policía de Investigaciones allanaron la comunidad de Temucuicui, dijeron que era un operativo antidrogas. El inspector Luis Morales Balcazar, de dotación del Equipo de Reacción Táctica de Iquique, falleció producto de un balazo que no se sabe quién disparo, pero que se condena insinuando como responsables a las comunidades mapuches que luchan por sus demandas; nuevamente, un familiar de un policía cuestiona a la institución y nuevamente, aparece el “enemigo poderoso e implacable” que justifica la guerra del presidente.

A través de los medios de comunicación presenciamos la muerte de una persona y se entregan pocos antecedentes que permitan, ante la desconfianza que se le tiene a las instituciones, creer que detrás de ese operativo no haya una operación “falso positivo”, haciendo el símil con las acciones que realizaban los militares colombianos para justificar el abuso y el crimen, delito que tiene como principal responsable a un ex presidente elegido en las urnas, Álvaro Uribe Vélez, mentor del actual presidente Iván Duque, uno de los principales aliados del presidente Piñera en la región.

Hace algunos días, un periodista televisivo puso en cuestión la versión oficial sobre la muerte del inspector de la PDI y la institución presentó una acción judicial en su contra, constituyéndose otro intento más por censurar las opiniones divergentes, ya lo hizo el año pasado Carabineros con Las tesis, pero la valentía del colectivo y la presión feminista no permitió que prosperara.

La crisis institucional que vive Chile, no se resuelve amordazando periodistas ni con más leyes represivas, no se resuelve con presos políticos en las cárceles, no se resuelve con impunidad a los violadores a los DDHH, la crisis institucional en Chile sólo se resolverá con más democracia, con justicia y un Estado que otorgue los mismos deberes y derechos al conjunto de la población.