Esta semana fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la idea de legislar el proyecto de ley que busca otorgar un indulto general por razones humanitarias a aquellos imputados y condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Con tres votos a favor y dos en contra, el proyecto avanzó en su tramitación hacia la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en donde se espera un reñido debate en torno a la moción que fue presentada con el objetivo de otorgar una “salida política” a la demanda ciudadana por la libertad de los presos y presas de la revuelta.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador independiente e integrante de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, abordó los nudos críticos que tendrá la discusión en la instancia, asegurando que, así tal como está redactado hoy el proyecto, no ve muchas posibilidades de que continúe su avance.

“Yo en lo personal voy a estudiar este proyecto con mucha detención una vez que llegue a la Comisión de Constitución, ver cuál es el alcance del indulto que se está proponiendo y, en lo personal, creo que hay que tener presente una serie de premisas respecto de esta materia”.

¿Como cuáles?

La primera es que, a mi juicio, en Chile no existen presos políticos. Las personas que se encuentran detenidas en causas relacionadas con el estallido social tienen que ver con la comisión de ciertos delitos. No están presos por sus ideas o pensamientos que han planteado, sino que por la comisión de delitos que están siendo investigados por las autoridades competentes como la Fiscalía y el Ministerio Público.

Hay quienes dicen que ha habido un mal uso de la Ley de Seguridad del Estado. ¿Cómo ve esa situación?

Vuelvo a insistir, en Chile no hay presos políticos, no hay ninguna persona en el marco del estallido social que se encuentre privada de libertad por su pensamiento o por las ideas que está profesando. Las personas que se encuentran detenidas están sometidas a una pena privativa de libertad o a una prisión preventiva, en el marco de una investigación judicial por la comisión de distintos delitos.

En segundo lugar, obviamente que es sumamente discutible la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y ésta es una vieja discusión que existe en nuestro país, respecto de la aplicación o no de esta norma que data de tiempos de la dictadura. Ahora, hay que tener presente que es una ley que se encuentra vigente y que le otorga ciertas atribuciones, principalmente al ministerio del Interior, para poder perseguir ciertos delitos que son de carácter más grave. Pero que el Gobierno la aplique o no, es una decisión exclusiva que le corresponde al ministerio del Interior y al Presidente de la República.

Junto a parlamentarios y otras figuras políticas, esta semana las organizaciones y agrupaciones llegaron hasta las afueras del Palacio de Gobierno para protestar pidiendo la libertad de sus familiares. Foto: Tomás González F. / Radio UChile.

Se ha cuestionado el uso de la prisión preventiva, que en algunos casos se ha extendido por más de un año. Hay quienes dicen que la medida cautelar podría ser aún más gravosa que la propia sentencia. ¿Cómo ve eso?

Yo en lo personal creo que esa es otra discusión, que tiene que ver con la discusión general respecto de la utilización de la prisión preventiva en los distintos tipos de delito, porque esa misma lógica se puede utilizar respecto de otros delitos que cometen otras personas.

Entonces, si lo que queremos discutir es el uso de la prisión preventiva, estamos sumamente disponibles a hacerlo. Pero entiendo que eso es una modificación más bien de carácter general al sistema de persecución penal que tenemos en nuestro país.

¿Cree que esta podría ser una salida política a la demanda por la libertad de estas personas?

Yo creo que todos estos son temas que tendrán que ser discutidos en el marco del proyecto que se presentó en el Senado, cuáles son las posibles salidas. Pero yo en esto, más allá de buscar una salida política, lo que debiera ocurrir es que el Ministerio Público apure las investigaciones para poder llevar a juicio a las personas que se encuentran privadas de libertad o son motivo de persecución penal por delitos que se han cometido en el marco del estallido social.

Por lo demás, hay que recordar que las personas que han ido a juicio algunas han sido condenadas y otras han sido absueltas, entonces eso claramente demuestra que el sistema judicial está funcionando en esta materia. Discusión distinta es si nos gustan o no los tiempos que demora una investigación criminal, pero, vuelvo a insistir, ésa es una discusión que a mi juicio es más de carácter general y no necesariamente debiera darse en el marco de este proyecto.

En la citación del pasado martes a la Comisión de Derechos Humanos del Senado asistieron los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa. Foto: Captura.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha sido querellante en estas causas. Pero no se han visto querellas por parte del Ejecutivo contra agentes del Estado que han cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Ve cierta ambivalencia en el actuar del Gobierno?

Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera tendrá que responder ante la ciudadanía por qué en determinadas circunstancias utilizó la Ley de Seguridad del Estado y en otras circunstancias decidieron no querellarse frente a los abusos que cometieron funcionarios policiales en el marco del estallido social. Esa es claramente una explicación que el Presidente Piñera le debe a todos los chilenos y chilenas.

¿Cuáles cree usted que serán los nudos críticos para la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución?

Yo creo que el principal nudo crítico va a ser el alcance de este indulto de carácter general, porque claramente se están indultando una serie de delitos que son bastante complejos y graves, respecto de los cuales uno puede preguntarse si es procedente o no un indulto previo, cuando todavía no se ha terminado una investigación. Yo creo que ese será el principal nudo, es decir, el alcance que pueda tener este indulto que se está proponiendo.

¿En términos de los delitos que podrían indultarse?

Exactamente. No es lo mismo, por ejemplo, indultar a una persona que está condenada por el delito de desórdenes públicos, versus indultar a uno que causó lesiones, un homicidio o daños graves a una propiedad. Entonces, por eso creo que lo más complejo va a ser determinar si es factible el indulto y si lo es, respecto de qué delitos, porque yo en lo personal creo que el indulto general, como está planteado, necesita hacer algunas diferencias respecto de los tipos de delitos frente a los cuales se va a practicar el indulto.

Así como está planteado hoy en día, ¿usted cree que no es un proyecto que pueda servir para el fin que se está presentando?

Exactamente, porque está planteado como un indulto general y, si no hay una tipificación específica de los delitos, no creo que vaya a ser un proyecto que avance en la Comisión de la Constitución.  Es muy distinto indultar, por ejemplo, a una persona que cometió desórdenes en la vía pública sin causarle daño a terceros, versus indultar a una persona que causó lesiones o un homicidio frustrado.

Yo creo que si avanzamos en este proyecto probablemente va a tener que distinguirse qué tipo de delitos pueden tener o no el indulto. Porque, insisto, no creo en un indulto de carácter general, atendida la gravedad de los delitos que se está pidiendo indultar.

Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de los denominados presos de la revuelta llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Piñera. Foto: Tomás González F. / Radio UChile.