Bajo el lema Humanidad y no criminalidad, este 12 de febrero, en una actividad transmitida virtualmente, las organizaciones Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Colectivo Sin Fronteras, Agrupación de Venezolanos/as Miranda Intercultural, Coordinadora Feminista 8M, Observadores de Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas y Cabildo de Chilenes en Buenos Aires, participaron en la presentación pública de declaración respaldada por más de 150 organizaciones de Chile y del mundo, en la que se condenan las medidas del gobierno en su gestión migratoria.

La declaración firmada por más de 150 organizaciones de derechos humanos, de migrantes, feministas, de chilenos/as migrantes, además de más de 50 académicos/as y profesionales varios, se afirma que las medidas que el gobierno chileno está tomando en torno a la crisis humanitaria en frontera y el proceso de vacunación por Covid-19, vulneran los derechos humanos y el principio de No Discriminación, especialmente en la militarización de las fronteras, expulsiones colectivas y exclusión de personas en situación migratoria irregular de plan de vacunación, denegando el derecho universal de acceso a la salud y a la vida.

Señalan que ante la crisis humanitaria regional, la respuesta del gobierno ha sido militarizar la frontera, exponiendo a mayores riesgos y abusos a las personas migrantes, principalmente de redes de tráfico y trata, instalando la violencia de estas dinámicas de delito, como prácticas regulares en frontera.

Respecto a la reciente expulsión colectiva en Iquique, denuncian que se gestó bajo procedimientos sumarios que no sólo no garantizaron el derecho a debido proceso, o el derecho a solicitar refugio, sino que además, usaron las residencias sanitarias como centros de retención.

Las organizaciones condenan la grave vulneración de los derechos humanos en contexto de pandemia, ya que la Resolución Exenta 136 del Ministerio de Salud excluye a las personas en situación migratoria irregular del proceso de vacunación por Covid-19, exponiendo a personas con mayor vulnerabilidad y poniendo en riesgo la inmunidad colectiva que busca todo plan de vacunación.

En la declaración, las organizaciones demandan: frenar las expulsiones colectivas, la militarización de las fronteras y la violencia policial contra las personas migrantes; implementar un plan humanitario internacional para dar respuestas integrales y apegadas a los derechos humanos frente a la crisis humanitaria que se vive en la región; resguardar que las medidas de control de fronteras se apliquen conforme a los derechos humanos, la no discriminación y la asistencia y protección contra cualquier daño; desarrollar procesos de regularización migratoria para todas las personas migrantes; y eliminar la exclusión de las personas en situación migratoria irregular de los programas de vacunación Covid-19. Así mismo piden replicar la regularización migratoria anunciada en Colombia, que es una respuesta que los países de la región deben implementar concertadamente.

Finalmente, llaman a tener respuestas humanitarias y no de criminalización frente a la actual crisis humanitaria y resguardar efectivamente los derechos humanos de las personas más afectadas por esta crisis.