La crisis humanitaria que durante las últimas semanas se ha vivido en la frontera norte de nuestro país, ha desnudado las graves falencias de la legislación migratoria chilena y la falta de una institucionalidad que aborde, con un enfoque de derechos humanos, los distintos fenómenos que convergen cuando hablamos de migración y refugio.

En materia de estándares internacionales, es indiscutible que las personas migrantes tienen los mismos derechos que las y los nacionales de un país determinado. Ahora bien, cómo el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentren las personas que migran es capaz de implementar políticas públicas que promuevan, respeten y garanticen dichos derechos, es sin lugar a dudas un desafío adicional.

En este contexto, el proceso constituyente que se avecina debe invitar a reformar en su esencia la legislación migratoria nacional, de manera que podamos eliminar los mitos relativos a que la migración irregular se aborda con políticas restrictivas, que se traducen finalmente en cierre de fronteras, expulsión y violaciones a los derechos humanos.

Por el contrario, los estudios nacionales e internacionales en materia de migración irregular han demostrado por años que la solución más efectiva para prevenirla y desincentivarla es facilitar vías de migración regular, abriendo canales de movilidad accesibles y realistas para los trabajadores migrantes y sus familias, en cumplimiento con las obligaciones internacionales a las que Chile se ha obligado y con los acuerdos de integración regional – como el acuerdo sobre residencia del MERCOSUR – que facilita la libre circulación de personas entre los países miembros.

Aunque los actuales desafíos que subyacen en la migración y el refugio parezcan nuevos para nuestro país – no obstante que la comunidad internacional y la ACNUR hayan calificado a Chile, ya en el año 2019, como un país de destino de personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas – muchas de las soluciones propuestas por organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial y agencias internacionales tienen en un punto en común: tratar estos fenómenos desde una perspectiva de derechos.