No desperdiciar nuevamente el superciclo del precio del cobre es la consigna con la que un grupo de parlamentarios del Frente Regionalista Verde Social presentó la semana pasada un proyecto que propone un impuesto extraordinario para las exportaciones de la gran minería en el país.

No obstante, según reconoce el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, a favor de la moción, se trata de un debate que ha estado pendiente los últimos 40 años en el país, y que además, bien podría adelantar la discusión sobre la explotación de los recursos renovables y no renovables, que debiera darse en la Convención Constituyente.

Aunque se trata de un fenómeno que no es controlado por las empresas, Velásquez afirma que incluso en tiempos donde decae el precio del metal rojo, la extracción del cobre, y otros metales, continúa desarrollándose con la misma magnitud. Por tal motivo, el diputado instó al Gobierno a tomar un rol mucho más protagónico en la generación de fórmulas económicas, a partir de la recaudación de impuestos, que permitan mejorar la calidad de vida de las regiones mineras.

“El alza que puede ser transitoria, porque no hay ningún producto en el mundo que tenga precio permanente, pero ahí entra el talento de los gobiernos para poder sacar el mejor provecho para ciudadanía. Si ellos están pensando en cómo proteger a las empresas, que no se vayan del país, ése no es el gobierno de la ciudadanía. Hoy día el alza transitoria es una noticia buena porque somete a una discusión para establecer una fórmula para que las rentas económicas que nos deja el cobre sean de beneficio ciudadano”, explicó.

El debate ha generado también opiniones contrarias a la generación de nuevos impuestos a los que existen actualmente con respecto a la industria minera. Cautela es lo que piden algunos analistas de la economía ante este tipo de medidas, que cambiarían las reglas del juego a las que está acostumbrado el sector privado.

Esto mismo fue rechazado por el diputado regionalista, justamente porque la lectura que se le debe dar a acontecimientos como el estallido social o el plebiscito constituyente es que la ciudadanía sí está a favor del cambio de dichas reglas.

“Esa ha sido la excusa para no mover nada, decir, no cambiemos las reglas del juego. Y nos parece que las movilizaciones sociales del último tiempo quieren decir que cambiemos las reglas de juego. Está más que claro que después del estallido social, después del plebiscito, ad-portas de elegir a quienes van a redactar una nueva Constitución, esa excusa ya no sirve. Las reglas del juego hay que cambiarlas hoy. No significa hacerle trampas a nadie, pero no hay acto más digno en Chile hoy que cambiar las reglas del juego para beneficio ciudadano”, manifestó.

Asimismo, Velásquez se refirió a la posibilidad de que el tema del cobre, y la explotación de otros recursos, pueda ser discutida en la Convención Constituyente. Sin estar a favor del estatismo, el diputado recalcó la importancia de que el Estado tenga mayor injerencia en la administración de dichos recursos.

“Todos confiamos en que las reflexiones que se den en torno a la nueva Constitución tengan relación con la búsqueda de fórmulas y herramientas para proteger a nuestros recursos. Hoy día están concesionados a privados y en donde si el Estado quiere cambiar algún tributo, tiene que poco menos que ponerse de acuerdo con las empresas. La reflexión en la Constitución tiene que ser más Estado y menos sistema empresarial. No soy partidario del estatismo total, pero si hay un cambio de las reglas de juego, debe tener una mirada de protección a los recursos renovables y no renovables”, sentenció.

Cabe recordar que actualmente el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerró el último miércoles con su valor más alto desde agosto de 2011. El impuesto que proponen los diputados regionalistas en este sentido considera un 10 por ciento cuando el valor del cobre supera los 3 dólares la libra y un 20 por ciento cuando supera los 4 dólares. Es un monto que afectaría directamente a las 10 de las más grandes mineras del país, y cuyas regalías, según lo planteado, irían en beneficio directo de las regiones donde se ubican los yacimientos.