Pena de muerte en Chile, un debate sin futuro resucitado desde el descontento social
Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena. Además, según declaran los expertos la pena de muerte no tiene mayor incidencia en acabar con ciertos crímenes, sino por el contrario incluso puede llevar a errores irreparables.
Andrea Bustos C.
Martes 2 de marzo 2021 21:37 hrs.
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El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.
Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.
Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla”, explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.
Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.
La autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos” aclaró que si bien la solicitud de esta pena “refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia”, es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.
Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.
“Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es ‘bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad’. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos”, expresó Fernández.
Abogada Catalina Fernández.
En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas “pasionales” ante un hecho socialmente repudiado se deben a la “ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso”.
“Hay peligros en este debate (…) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza”, agregó.
Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.
“Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad”, indicó el sociólogo.
Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.
El rol de las autoridades y la educación
En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.
Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que “si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos”. “Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente”, agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.
Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan “una enorme irresponsabilidad”. “Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica”.
Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender “que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte”.
Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.
“De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (…) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema”, dijo la abogada Catalina Fernández.
Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.
“La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile”.
El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.
“La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas”, dijo.
A esto Mallea agregó: “La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia”.
Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.
El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.
Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.
Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla”, explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.
Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.
La autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos” aclaró que si bien la solicitud de esta pena “refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia”, es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.
Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.
“Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es ‘bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad’. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos”, expresó Fernández.
Abogada Catalina Fernández.
En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas “pasionales” ante un hecho socialmente repudiado se deben a la “ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso”.
“Hay peligros en este debate (…) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza”, agregó.
Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.
“Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad”, indicó el sociólogo.
Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.
El rol de las autoridades y la educación
En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.
Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que “si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos”. “Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente”, agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.
Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan “una enorme irresponsabilidad”. “Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica”.
Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender “que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte”.
Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.
“De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (…) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema”, dijo la abogada Catalina Fernández.
Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.
“La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile”.
El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.
“La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas”, dijo.
A esto Mallea agregó: “La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia”.
Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.
El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.
Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.
Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla”, explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.
Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.
La autora del libro “Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos” aclaró que si bien la solicitud de esta pena “refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia”, es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.
Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.
“Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es ‘bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad’. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos”, expresó Fernández.
Abogada Catalina Fernández.
En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas “pasionales” ante un hecho socialmente repudiado se deben a la “ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso”.
“Hay peligros en este debate (…) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza”, agregó.
Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.
“Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad”, indicó el sociólogo.
Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.
El rol de las autoridades y la educación
En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.
Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que “si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos”. “Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente”, agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.
Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan “una enorme irresponsabilidad”. “Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica”.
Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender “que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte”.
Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.
“De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (…) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema”, dijo la abogada Catalina Fernández.
Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.
“La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile”.
El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.
“La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas”, dijo.
A esto Mallea agregó: “La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia”.
Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.
