Al finalizar la primera semana de marzo, la Comisión de Expertos para la Reforma de Isapres y Fonasa del Ministerio de Salud entregó su informe final luego de varios meses de trabajo de análisis de los proyectos de ley  que se encuentran actualmente en trámite legislativo, en especial del último aprobado en general recientemente por la Comisión de Salud del Senado.

Cristóbal Cuadrado, docente y académico de la Universidad de Chile, formó parte de esta comisión y analizó en la primera edición de Radioanálisis el trabajo realizado con el Gobierno.

“La experiencia que tuvimos en esta Comisión fue que, lamentablemente, el Ejecutivo no está disponible para hacer una reforma en la línea de lo que la ciudadanía está buscando. Uno de los principales problemas de nuestro sistema de salud tiene que ver con las profundas desigualdades e injusticias que se producen en la posibilidad de acceder de manera digna y oportuna entre las personas con altos ingresos y los de ingresos más bajos. El 80% de las personas están en Fonasa accede en una oportunidad y calidad en la atención de manera distinta a la que tiene el 15% de la población que está en isapres y eso se explica, no porque las isapres sean más eficientes o porque el sector público haga mal las cosas, sino por temas estructurales como que el presupuesto de las isapres que es casi el doble por persona en comparación al de Fonasa y que la población de Fonasa es entre 30 y 40 por ciento más riesgosa que la de isapres, es decir, que tiene mayor edad, mas comorbilidades, nivel socioeconómico más bajo, lo que hace que haya distintos determinantes sociales que atentan o dificultan el tener un mejor estado de salud”.

“Con ese diagnóstico, lo natural y necesario es de una vez por todas unifique el sistema de salud y entregue un sistema universal público para el 100% de la población. Eso es a lo que me refiero cuando digo que el Ejecutivo no ha estado disponible, porque cuando planteamos la necesidad de avanzar en esto, el Ejecutivo señaló que esto no estaba dentro de la posibilidad de discusión y que lo único que se puede hacer es una reforma de modernización de algunos aspectos de la institucionalidad del Fonasa  y eso es lo que vemos en el proyecto de ley en trámite en el Senado, que, a mi juicio, no avanza de manera sustantiva en ningún elemento que sea un impacto en la salud o el acceso a ella”.

“Si me preguntan si este proyecto se aprueba mañana, eso significa que tendremos un mejor sistema de salud, tengo serias dudas que eso ocurra. Más bien profundiza la privatización, lo que es una amenaza, por eso desde el mundo académico y gremial han levantado una alarma respecto de lo que el Gobierno propone”, enfatizó el docente de la Escuela de Salud Pública.

Consultado sobre la propuesta que presentaron los expertos en la mesa de trabajo, Cuadrado explicó que a quienes él representa estaban en posición minoritaria y buscaban implementar que Fonasa se transformara, en un lapso de unos 5 años, en el asegurador público universal para toda la población.

“Eso implica moverse a una lógica de seguridad social similar a la que tienen los países desarrollados del mundo en los que existe una garantía universal de salud independientemente de sus ingresos y ocupación. Para eso es necesario incrementar la inversión pública para financiar las prestaciones y acciones que hace Fonasa para toda la población, y por otra parte, se requiere que las cotizaciones obligatorias sean entregadas universalmente a Fonasa para que administre los recursos públicos para que todos accedamos en igualdad de condiciones. Así dejamos de lado la odiosa diferencia entre quienes tienen mayor capacidad de pago que pueden acceder a un tipo muy distinto al que acceden a quienes están en Fonasa. Si se entregan recursos equivalentes a Fonasa como los que reciben las isapres, la calidad y oportunidad de atención mejoraría de manera muy importante”, señaló.

En cuanto al plan de salud universal propuesto en la comisión, el científico explicó las razones de porqué es necesaria esta universalidad en este tipo de políticas públicas.

“Con eso se disminuyen las desigualdades que normalmente surgen en sociedades capitalistas, pues permiten corregir ese impacto negativo de la acumulación del capital en múltiples ámbitos de la vida. Las encuestas demuestran que un 70% de la población considera injusto que algunos puedan acceder a una distinta calidad de salud por tener más dinero.

Otro elemento importante de la universalidad es que todos nos vemos beneficiados porque todos contribuimos a esa política pública. Eso genera una vinculación con el servicio público que es muy distinta. Es el caso de Inglaterra donde desde el primer ministro a las personas comunes se pueden atender en el mismo hospital público y eso genera un orgullo nacional por su sistema de salud y se lo defiende ante los intentos de privatización además de que la ciudadanía entera está dispuesta a aportar a él con sus impuestos”.

“Lo que plantea el Gobierno no es un sistema universal porque está pensado solo para quienes están en Fonasa y no para el 100 por ciento de la población, excluye a quienes no tienen previsión, a quienes cotizan en isapres y a quienes trabajan en las fuerzas armadas y de orden. Tampoco es universal en materia de cobertura integral, de hecho, según la forma en que quedó el articulado del proyecto de ley quedan muchas dudas y espacios respecto de que las coberturas puedan disminuir en relación a lo que hay actualmente, por eso creo que hay una amenaza real en términos de retroceso desde el punto de vista de las coberturas bajo el pretexto de que la focalización de recursos en entregar mejor cobertura para menos cosas”, añadió.

En materia de la administración de Fonasa y los trascendidos que señalan que en el proyecto del Gobierno éste pasaría a ser dirigido por un directorio y dejaría de depender del Ministerio  de Salud, el también académico de nuestra casa de estudios explicó que el proyecto de ley plantea que Fonasa pasará a ser una institución pública con estructura directiva colegiada.

“Ya no habrá solo un director o directora como es actualmente, sino que habrá siete miembros. Según el diagnóstico de la comisión, hay una excesiva influencia del Gobierno de turno sobre la política sanitaria que implementa Fonasa y eso se ve como una amenaza a una visión de largo plazo de las políticas públicas sanitarias, por eso requiere autonomía de los ciclos políticos. Lamentablemente la propuesta es extraña, porque de los miembros del directorio, 6 son nombrados por el Presidente de la República, entonces no se entiende la fórmula. El espíritu de tener una institución pública con lógica colegiada y periodos de directorio que trasciendan los años del Gobierno es una buena idea, pero la forma  de implementación es deficiente y no responde para nada al espíritu”.

Finalmente, Cuadrado se refirió a los cambios que el proyecto de ley podría imprimir al ámbito de salud primaria y aseguró que no se destina recurso alguno a esa área.

“Más del 65% de los recursos que involucra este proyecto de ley va a financiar listas de espera, Ges y no Ges; y un 25% financia modalidad libre elección. El porcentaje restante financiará inversión institucional como más personal para Fonasa, por ejemplo, por lo tanto, no hay ningún énfasis en fortalecer la atención primaria. Tengo serias dudas de su impacto real o positivo en la salud de las personas”, concluyó el especialista.