Este miércoles, Amnistía Internacional entregó su Informe Anual 2020-2021, en el que se aborda la situación de derechos humanos en diversos lugares del mundo.

En el caso de Chile, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, y la presidenta de la organización en Chile, Sofía Lanyon, entregaron el reporte de la situación nacional a través de una conferencia de prensa.

En la instancia, se manifestó una preocupación por la forma en que el Gobierno ha enfrentado las dos crisis que ha vivido Chile, el estallido social y la pandemia de COVID-19, ambas en que el Ejecutivo no ha escuchado los clamores ciudadanos ni ha garantizado el respeto de los derechos humanos.

Sobre la crisis generada en 2019 a partir de la manifestación social, Ana Piquer expresó que lo que se ve es un gobierno que niega la crisis y las violaciones generalizadas a los DD.HH, mientras que los avances en la justicia son pocos, con cerca de la mitad de los casos cerrados sin formalización.

Mientras que en materia de reparación también se identifican problemas, con programas que no son suficientes, son revictimizantes y centralistas.

“Tampoco tenemos garantías de no repetición, han seguido sucediendo casos graves de actuar policial en manifestaciones contrarias al Gobierno (…) La reforma a Carabineros que lideraba el Gobierno parece no estar yendo a ninguna parte, al punto que incluso la página web del Gobierno dedicada al tema ya no existe. Para peor el Gobierno está instalando un discurso como que ya volvimos a la normalidad después del estallido social, o que no puede afirmarse que hubo violaciones de derechos humanos porque hay que esperar que la justicia investigue, decir eso es una burla para las víctimas”, expresó Ana Piquer.

En tanto, sobre la crisis provocada por la pandemia, la directora de Amnistía Internacional Chile expresó que muchas recomendaciones para el cuidado del personal y de la salud de la ciudadanía no se han oído ni puesto en marcha, generando la situación que se vive hoy, aún más grave que el 2020.

“Todo esto evidenció una enorme falta de liderazgo y peor, una falta de humanidad de parte del Gobierno. Estamos igual o quizás pero que hace un año en la situación de ambas crisis, de derechos humanos y de COVID-19 con más víctimas de violaciones de derechos humanos, con la misma impunidad, con más contagios y fallecidos por COVID- 19, con una desigualdad brutal que solo se sigue profundizando, pero el Gobierno sigue actuando como si nada hubiera pasado”, expresó Piquer.

Otros focos de preocupación

Además de la forma en que el Ejecutivo ha abordado las crisis que ha enfrentado el país en materia de protección de derechos humanos, desde Amnistía Internacional también manifestaron considerar otros temas esenciales en el país en los que también hay deficiencias en el respeto de derechos fundamentales.

Según explicó Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile, existe inquietud respecto del pueblo mapuche que sigue siendo objeto de violencia y criminalización. Punto en el que se destacó la solicitud de nulidad que han presentado los siete condenados en el caso Catrillanca, y que ha sido declarado admisible por la Corte Suprema, y también la preocupación que genera que en el caso de la querella de las hortaliceras mapuche de Temuco por tortura y abuso sexual sigue pendiente y sin formalizados.

“Si tratándose de violaciones de los derechos humanos las causas suelen avanzar con lentitud, este ritmo suele disminuir considerablemente cuando las víctimas son además mapuche. Esperamos que tratándose de hechos tan graves se de prioridad a esta y otras causas similares”, señaló.

También se manifestó preocupación por la protección de derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, debido a la demora en generar protocolos claros de atención que den prioridad a esta situación, a lo que se sumó el rechazo del proyecto de Educación Sexual Integral. Sin embargo, desde Amnistía Chile destacaron la buena noticia de que se haya reactivado en la Cámara Baja el debate sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas.

En tanto, sobre migración se expresó que la nueva ley probablemente generará mayor irregularidad y menor protección a las personas migrantes, a lo que se suman malas señales en esta política con casos como la polémica sobre vacunas a personas en situación irregular y las respuestas a la crisis humanitaria en Colchane, donde se priorizó expulsar más que dar protección.

“En todas estas materias se sigue la misma tendencia que se comentaba sobre las crisis que vivimos, un Gobierno que no escucha, que ha salido a atacar abiertamente a quien así lo afirma, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y, por lo tanto, son especialistas. Tiempos extraordinarios requieren de liderazgos que estén a la altura, liderazgos extraordinarios que pongan la humanidad en el centro de sus estrategias para abordar estas dificultades”, expresó.

Además, Sofía Lanyon indicó que ahora el desafío es reconstruir, y evaluar qué tipo de sociedad se quiere construir. Desde Amnistía expresaron que este podría ser el momento de generar una recuperación justa para la sociedad, ante lo que manifestaron el rol del Congreso para nuevos proyectos,  del Poder Judicial para dar justicia en las causas pendientes de DD.HH y de la Convención Constitucional para una nueva Carta Magna son acciones fundamentales, dado que según manifestaron del Gobierno, por ahora, no se prevé un cambio de actitud.