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Año XIII, 12 de mayo de 2021

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Julián Alcayaga y Royalty Minero: “Con una ley no se pueden cambiar los contratos firmados por el Estado con las empresas extranjeras”

El experto planteó sus dudas sobre la iniciativa, ya que el Estado chileno tiene contratos firmados con las empresas mineras y ante cualquier paso en ese sentido, las grandes transnacionales podrían demandar al Estado chileno donde, a su juicio, el país no tiene posibilidad alguna de ganar.

Camilo Villa J.

  Lunes 3 de mayo 2021 21:29 hrs. 
Alcayaga


Este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó, en particular, el proyecto de Royalty Minero que pretende establecer un gravamen del tres por ciento de la venta del cobre y litio en favor del Estado.

A la instancia asistió el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien reafirmó la postura desfavorable del Gobierno respecto de la iniciativa. De hecho, dentro de los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado para oponerse al proyecto estuvo el supuesto exceso de tributo que tendrían que pagar las compañías mineras.

Al respecto, la autoridad aseguró que, de aprobarse el royalty, nuestro país quedaría en desventaja respecto de países competidores, pues los impuestos en Chile serían el doble comparados con ellos.

“Chile pasaría a ser prácticamente un país en que las compañías tendrían que tributar el doble de lo que tributan en otros países con los que competimos para traer capital y para tener participación de mercado internacional en el cobre (…) Este dato es importante tenerlo a la vista. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango”.

“Los tributos totales que las mineras extranjeras deberán pagar en Chile serían del 82 por ciento de las utilidades antes de impuestos”, continuó.

Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el economista y experto en temas relacionados a la minería nacional, Julián Alcayaga, quien desmintió a Juan Carlos Jobet indicando que Chile es el país en que menos tributan las empresas mineras y, en caso de aprobarse el Royalty, los impuestos no superarían el 38 por ciento, como pretende convencer el Gobierno.

“La tributación en Chile es inferior a todos los países mineros, lo que pasa es que aquí le suman el impuesto adicional a la renta que pagan los inversores extranjeros por sus ingresos que reciben desde Chile, a través de sus empresas, un 35 por ciento solamente y a esta cifra le agregan el royalty, el impuesto específico a la minería, que tiene un máximo de 14,5 por ciento, pero esto es cuando hay una rentabilidad que nunca han tenido las empresas, por lo tanto, con la rentabilidad que ellas tienen, pagarán un royalty de dos por ciento, tres por ciento, entonces, el total del impuesto pagado por las empresas mineras extranjeras podría ser un máximo de 38 por ciento, pero no de 44,5 como dice el Gobierno, que es de una falsedad absoluta”.

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Dentro de los argumentos del Gobierno se encuentra también la inminente huida de los capitales extranjeros debido a la excesiva tributación, algo que Alcayaga, en cambio, ve como una oportunidad para tomar posesión nacional sobre los recursos minerales. Más allá de los deseos del economista, este prefiere poner los pies sobre la tierra indicando que los inversionistas no se irán, porque con o sin royalty, los impuestos a las grandes empresas mineras seguirán siendo muy bajos, por tanto, el miedo que pretende instalar La Moneda no es más que una amenaza ficticia.

Por otra parte, Julián Alcayaga no evalúa positivamente la iniciativa del Royalty minero, pues para él es “un espadazo en el agua” ya que el Estado chileno tiene contratos firmados con las empresas mineras y no hay ley ni Constitución que pueda cambiar aquello, cualquier paso en ese sentido, las grandes transnacionales podrían demandar al Estado chileno donde, a su juicio, el país no tiene posibilidad alguna de ganar.

“Con una ley no se pueden cambiar los contratos firmados por el Estado de Chile con las empresas extranjeras, mismas que tienen firmado un contrato de invariabilidad tributaria hasta el año 2023 -hay algunas que tienen hasta el 2026 y otras, incluso, hasta el 2032-, entonces, aunque se apruebe una ley, no se puede aplicar puesto que existe un contrato bilateral entre una empresa y el Estado chileno, y eso no lo puede cambiar una ley, y la Constitución tampoco, porque si se quiere hacer algo como esto nos llevan a los tribunales internacionales donde, naturalmente, perderemos”.

Si bien el diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, presentó una indicación para dejar sin efecto la invariabilidad tributaria, esta fue rechazada. De todas formas, para Alcayaga, de nada hubiera servido tomando en cuenta los contratos vigentes y los tratados comerciales internacionales que Chile ha firmado y que permiten demandarlo en caso de no cumplir su parte.

Por todo esto, es que el experto considera el proyecto del royalty minero un “show” montado para la “galería”, pues, a su juicio, en inviable. Sin embargo, Alcayaga da su propia propuesta: cambiar la tributación desde la renta efectiva a la venta presunta en base a las ventas.

“Lo que sí debieron haber hecho los diputados es aprobar un cambio de la tributación de la minería desde la renta efectiva a la venta presunta en base a las ventas, como existe en la actualidad, está en la actual ley de la renta, pues los pequeños mineros pagan un impuesto a la renta en base a la renta presunta que aumenta en función del aumento del precio del cobre, no estamos descubriendo América, existe ya, solo que para la gran minería se paga renta efectiva, es decir, si las empresas declaran utilidades pagan impuesto, pero si no declaran utilidades, si declaran pérdidas, no van a pagar impuestos, y eso es lo que ha sido la regla general desde el año noventa a la fecha, las empresas han declarado siempre pérdidas y no han pagado impuestos”.

Más allá de los análisis y discusiones que el royalty minero conlleva, la iniciativa y fue aprobada tanto por la Comisión de Minería como la de de Hacienda, por lo que este jueves se discutirá en la Sala. De aprobarse, el proyecto pasará al Senado.

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