¿En qué medida la cultura puede estar presente en la nueva Constitución? ¿Cómo podrían transformarse los paradigmas respecto de las artes y el patrimonio bajo este pacto? ¿Qué ámbitos se verían afectados a partir de esta reforma?

Durante su desarrollo, la Convención Constitucional deberá enfrentar una demanda que se ha instalado con fuerza en la sociedad civil: la revaloración de los derechos culturales que están ausentes de la actual Constitución.

Con ello, bien podrían cambiar las reglas del juego, transformando los paradigmas que han pesado sobre las prácticas culturales. “La actual Constitución no tiene ninguna alusión a elementos como la diversidad cultural de Chile. No hace referencia explícita a temas de pueblos indígenas y mucho menos al derecho a participar en la vida cultural”, explicó Tomás Peters, académico del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) y profesor del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile.

“La Constitución actual sitúa un modelo de sociedad basado, principalmente, en una capitalización individual. En el mundo de la cultura, permite la libertad de creación artística y la lógica del derecho de autor. Dos puntos que cuidan o protegen la lógica individual de un artista o de un creador o creadora. No tiene un principio más bien de protección hacia el mundo del arte. No tiene una figura de fomento claro hacia el desarrollo de las artes y de la cultura en un sentido participativo”, dijo el especialista.    

Para Peters, la actual Constitución en sí es un documento de cultura y, como tal, devela principios de individualismo que hoy están en tensión con las demandas de la ciudadanía. “Como muchos otros movimientos sociales, lo que se busca es hacer un cambio de paradigma en la forma de entendernos como sociedad y hacer un cambio cultural que tenga como fin una lógica solidaria de cuidado y protección social”, comentó.   

“Mi posición es que la Constitución debería considerar que el mundo de la cultura, el mundo de la creatividad, es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Eso debe darle a la institucionalidad vigente mayores atribuciones para intervenir no sólo en el mundo del arte en específico, sino que en el todo social”, puntualizó el académico. 

Múltiples necesidades, múltiples bajadas

La discusión constitucional en materia de artes y patrimonio conlleva, de manera obligada, al debate sobre los derechos culturales. A partir de esta idea, se desprenden aspectos como el derecho al acceso a la cultura, el patrimonio y los servicios culturales, entre otros. Lo cierto, es que esta idea está vinculada, fuertemente, a elementos como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero eso no es todo. Junto a estas bajadas también figuran temas como el derecho a la participación cultural, el uso del espacio público y la dignidad de las y los trabajadores de la cultura y las artes. 

Sin lugar a dudas, estas múltiples entradas develan que hablar sobre derechos culturales también es referirse a los derechos humanos, aunque esta relación muchas veces se diluya entre las diversas demandas de la población.

”Desde el sector cultural, hay un interés porque esto se debata y se incluya, pero no aparece de forma clara en el debate público. Hay otros temas que se toman la agenda como educación, salud, pensiones. Los derechos culturales todavía están en un segundo plano”, sostuvo Julieta Brodsky, coordinadora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).  

“Hay distintas formas de cómo se hace la bajada al tema de los derechos culturales. Para nosotros sería importante que se considerarán en su totalidad o los más posibles, pero sabemos que vamos a tener que ver cuánto se logra meter y priorizar en la discusión”, añadió. 

Para la investigadora, sería relevante, por ejemplo, instalar el tema del derecho de las y los creadores a un trabajo digno. Según afirmó, no existen antecedentes a nivel internacional respecto de un debate de estas características, no obstante, manifestó que es preciso entender el trabajo artístico no sólo desde la propiedad, sino que como una labor fundamental dentro de nuestra construcción como sociedad. 

“Este es un tema que para algunos puede ser demasiado específico como para poner en una Constitución, pero dado a las condiciones precarias que tienen los trabajadores culturales y las dificultades que existen en nuestra sociedad para que su labor sea considerada un trabajo y logren una justa remuneración, consideramos que sí es importante plantearlo”, dijo Julieta Brodsky. 

“También es importante considerar el acceso al patrimonio como un derecho, entendiendo que el patrimonio cultural también es diverso y que, por lo tanto, debemos resguardar todos los patrimonios de acuerdo a las necesidades de las propias comunidades. Eso nos plantea un conflicto con cómo se entiende hoy la relación entre las comunidades y su territorio, las comunidades y sus sitios patrimoniales y sus sitios de memoria”, enfatizó la investigadora.  

Perspectivas y desafíos 

Al incluir los derechos culturales en la nueva Constitución, también se abriría una ventana para otorgarle mayores obligaciones al Estado respecto de las prácticas culturales. Como consecuencia, se fortalecería el presupuesto del sector que, para este 2021, sólo alcanzó un 0,3 por ciento del total del erario nacional.  

Pero no sólo eso. También, podrían generarse herramientas capaces de superar la concursabilidad que hoy está en el centro de las críticas de gestores y artistas. Lo mismo ocurriría con la difusión del quehacer artístico y el fortalecimiento de la infraestructura cultural. Las posibilidades allí son variadas y quedan a la vista al revisar experiencias como las de Ecuador y Bolivia, que han avanzado en el reconocimiento constitucional de la diversidad de los pueblos indígenas, mientras, México ha sido pionero incorporando a su carta fundamental aspectos como el acceso a la cultura y el derecho a la diversidad cultural. 

En ese sentido, Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), señaló que es fundamental considerar los derechos culturales como “un cuarto pilar de desarrollo” y que estos deben ser garantizados toda vez que contienen el plano “espiritual, material, intelectual y emocional” de los pueblos.

“El deber del Estado es difundir y promover la cultura y también el respeto y la protección de los derechos de autor, que es algo no menor. Pero también hay otro punto que consideramos de vital importancia: que exista una institución cultural sólida, participativa y vinculante para el desarrollo del país”, añadió el músico, quien además precisó que como organización respaldarán a aquellos artistas que se transformen en constituyentes.

“Estamos dispuestos a entregar nuestra colaboración a cada uno de ellos, en la medida que sea posible, para que la cultura esté inserta en la nueva Constitución. Eso significa que estamos dispuestos a la movilización para asegurarnos que la cultura tenga un espacio dentro de la Constitución y no quedarnos de brazos cruzados y esperar que esta Constitución sea escrita con otros objetivos (…). Estamos dispuestos a seguir activos en virtud de que exista un espacio digno y significativo para que el arte y la cultura estén en este documento”, subrayó el presidente de la UNA.

El tema de los derechos culturales también instala un desafío que se relaciona con el cómo visibilizar la importancia de este tema frente a la agenda que llevará la Convención Constitucional. Por ello, desde el Observatorio de Políticas Culturales realizarán una Escuela de Constituyentes con el objetivo de exponer y concientizar sobre los alcances este asunto. Sin embargo, el reto es aún mayor. Según plantearon los especialistas, el principal obstáculo será no perder de vista la profundidad del problema en torno a la cultura y visualizar la importancia de los derechos culturales en la totalidad de esta discusión.