Meses terribles. Así se siente el padre de Matías Andrade, el estudiante de 22 años oriundo de la ciudad de Ovalle que fue condenado por el incendio de una de las casetas de la plaza de peaje de la Ruta D-43 que une a la capital de la provincia del Limarí con la capital regional, La Serena, y el puerto de Coquimbo.
Matías acudió el 17 de diciembre de 2019 junto a otras personas hasta el lugar para protestar por la fuerte alza que tendría transitar por la carretera concesionada. La manifestación se registraba en medio del contexto nacional de las protestas sociales iniciadas con el estallido social del 18 de octubre de ese mismo año.
El incendio quedó en ese momento sin responsables, pero con el pasar de las semanas, Matías se presentó ante los tribunales y asumió el hecho. Estuvo 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Ovalle, los diez primeros esperando juicio. Luego, el Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a 300 días de libertad vigilada por desórdenes públicos consumados y 818 días por incendio frustrado.
Su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado con la investigación le permitieron que el tribunal accediera a una sentencia de libertad vigilada intensiva con régimen de trabajo psicosocial con especialistas del Centro de Reinserción Social de Ovalle.
Luego del fallo dado a conocer el 13 de abril recién pasado, la Intendencia Regional de Coquimbo -que encabeza el arquitecto Pablo Herman Herrera- pretende anular el primer juicio y llevarlo una vez más ante el tribunal.
Para Olga Valenzuela, representante de organismos de derechos humanos de la región, se trata de una situación injusta. “La intendencia regional a través de su abogado busca la anulación del juicio porque se le considera un peligro para la sociedad. Nosotros creemos que un joven de 20 años no es un peligro para la sociedad cuando expresa su malestar contra un sistema que los oprime”.
“Volveremos a lo mismo”
Durante la manifestación en las afueras de la Gobernación del Limarí realizada este viernes, el padre de Matías, Hugo Andrade, señaló que ha sido un periodo difícil donde lo más complejo es saber que su hijo está privado de libertad.
Andrade cuenta que durante los 15 meses que pasaron entre la espera del juicio y el proceso, en cinco oportunidades el tribunal cambió la medida cautelar de prisión preventiva. Pero la intendencia apelaba a la decisión y el joven era nuevamente encerrado en el penal de Ovalle.
“Actualmente llevamos quince meses que mi hijo estuvo privado de libertad más dos que sigue con la decisión del tribunal. Los días han sido terribles porque Matías de lo que lo estaban acusando, en nada de eso estuvo involucrado”, subraya Hugo Andrade.
El hombre señala que durante el proceso se vio que Matías no tenía participación en la quema de la caseta de peaje ni de otros delitos que se le imputaban, por lo que anular el juicio como pide el gobierno regional, llevará a las mismas conclusiones.
“Confío en la corte porque con la nulidad del juicio nos vamos a encontrar con la misma situación. Todas las pruebas las presentó el Ministerio Público. Como dice la sentencia, fueron enormes las pruebas, pero ninguna acusa a Matías de incendio ni de barricada ni corte del libre tránsito”, precisa.
Ahora se espera que los tribunales decidan si admiten la solicitud de la Intendencia Regional de Coquimbo o mantienen la sentencia de pena en libertad contra el estudiante que por estos días trabaja para mantenerse junto a su familia.
Meses terribles. Así se siente el padre de Matías Andrade, el estudiante de 22 años oriundo de la ciudad de Ovalle que fue condenado por el incendio de una de las casetas de la plaza de peaje de la Ruta D-43 que une a la capital de la provincia del Limarí con la capital regional, La Serena, y el puerto de Coquimbo.
Matías acudió el 17 de diciembre de 2019 junto a otras personas hasta el lugar para protestar por la fuerte alza que tendría transitar por la carretera concesionada. La manifestación se registraba en medio del contexto nacional de las protestas sociales iniciadas con el estallido social del 18 de octubre de ese mismo año.
El incendio quedó en ese momento sin responsables, pero con el pasar de las semanas, Matías se presentó ante los tribunales y asumió el hecho. Estuvo 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Ovalle, los diez primeros esperando juicio. Luego, el Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a 300 días de libertad vigilada por desórdenes públicos consumados y 818 días por incendio frustrado.
Su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado con la investigación le permitieron que el tribunal accediera a una sentencia de libertad vigilada intensiva con régimen de trabajo psicosocial con especialistas del Centro de Reinserción Social de Ovalle.
Luego del fallo dado a conocer el 13 de abril recién pasado, la Intendencia Regional de Coquimbo -que encabeza el arquitecto Pablo Herman Herrera- pretende anular el primer juicio y llevarlo una vez más ante el tribunal.
Para Olga Valenzuela, representante de organismos de derechos humanos de la región, se trata de una situación injusta. “La intendencia regional a través de su abogado busca la anulación del juicio porque se le considera un peligro para la sociedad. Nosotros creemos que un joven de 20 años no es un peligro para la sociedad cuando expresa su malestar contra un sistema que los oprime”.
“Volveremos a lo mismo”
Durante la manifestación en las afueras de la Gobernación del Limarí realizada este viernes, el padre de Matías, Hugo Andrade, señaló que ha sido un periodo difícil donde lo más complejo es saber que su hijo está privado de libertad.
Andrade cuenta que durante los 15 meses que pasaron entre la espera del juicio y el proceso, en cinco oportunidades el tribunal cambió la medida cautelar de prisión preventiva. Pero la intendencia apelaba a la decisión y el joven era nuevamente encerrado en el penal de Ovalle.
“Actualmente llevamos quince meses que mi hijo estuvo privado de libertad más dos que sigue con la decisión del tribunal. Los días han sido terribles porque Matías de lo que lo estaban acusando, en nada de eso estuvo involucrado”, subraya Hugo Andrade.
El hombre señala que durante el proceso se vio que Matías no tenía participación en la quema de la caseta de peaje ni de otros delitos que se le imputaban, por lo que anular el juicio como pide el gobierno regional, llevará a las mismas conclusiones.
“Confío en la corte porque con la nulidad del juicio nos vamos a encontrar con la misma situación. Todas las pruebas las presentó el Ministerio Público. Como dice la sentencia, fueron enormes las pruebas, pero ninguna acusa a Matías de incendio ni de barricada ni corte del libre tránsito”, precisa.
Ahora se espera que los tribunales decidan si admiten la solicitud de la Intendencia Regional de Coquimbo o mantienen la sentencia de pena en libertad contra el estudiante que por estos días trabaja para mantenerse junto a su familia.
Meses terribles. Así se siente el padre de Matías Andrade, el estudiante de 22 años oriundo de la ciudad de Ovalle que fue condenado por el incendio de una de las casetas de la plaza de peaje de la Ruta D-43 que une a la capital de la provincia del Limarí con la capital regional, La Serena, y el puerto de Coquimbo.
Matías acudió el 17 de diciembre de 2019 junto a otras personas hasta el lugar para protestar por la fuerte alza que tendría transitar por la carretera concesionada. La manifestación se registraba en medio del contexto nacional de las protestas sociales iniciadas con el estallido social del 18 de octubre de ese mismo año.
El incendio quedó en ese momento sin responsables, pero con el pasar de las semanas, Matías se presentó ante los tribunales y asumió el hecho. Estuvo 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Ovalle, los diez primeros esperando juicio. Luego, el Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a 300 días de libertad vigilada por desórdenes públicos consumados y 818 días por incendio frustrado.
Su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado con la investigación le permitieron que el tribunal accediera a una sentencia de libertad vigilada intensiva con régimen de trabajo psicosocial con especialistas del Centro de Reinserción Social de Ovalle.
Luego del fallo dado a conocer el 13 de abril recién pasado, la Intendencia Regional de Coquimbo -que encabeza el arquitecto Pablo Herman Herrera- pretende anular el primer juicio y llevarlo una vez más ante el tribunal.
Para Olga Valenzuela, representante de organismos de derechos humanos de la región, se trata de una situación injusta. “La intendencia regional a través de su abogado busca la anulación del juicio porque se le considera un peligro para la sociedad. Nosotros creemos que un joven de 20 años no es un peligro para la sociedad cuando expresa su malestar contra un sistema que los oprime”.
“Volveremos a lo mismo”
Durante la manifestación en las afueras de la Gobernación del Limarí realizada este viernes, el padre de Matías, Hugo Andrade, señaló que ha sido un periodo difícil donde lo más complejo es saber que su hijo está privado de libertad.
Andrade cuenta que durante los 15 meses que pasaron entre la espera del juicio y el proceso, en cinco oportunidades el tribunal cambió la medida cautelar de prisión preventiva. Pero la intendencia apelaba a la decisión y el joven era nuevamente encerrado en el penal de Ovalle.
“Actualmente llevamos quince meses que mi hijo estuvo privado de libertad más dos que sigue con la decisión del tribunal. Los días han sido terribles porque Matías de lo que lo estaban acusando, en nada de eso estuvo involucrado”, subraya Hugo Andrade.
El hombre señala que durante el proceso se vio que Matías no tenía participación en la quema de la caseta de peaje ni de otros delitos que se le imputaban, por lo que anular el juicio como pide el gobierno regional, llevará a las mismas conclusiones.
“Confío en la corte porque con la nulidad del juicio nos vamos a encontrar con la misma situación. Todas las pruebas las presentó el Ministerio Público. Como dice la sentencia, fueron enormes las pruebas, pero ninguna acusa a Matías de incendio ni de barricada ni corte del libre tránsito”, precisa.
Ahora se espera que los tribunales decidan si admiten la solicitud de la Intendencia Regional de Coquimbo o mantienen la sentencia de pena en libertad contra el estudiante que por estos días trabaja para mantenerse junto a su familia.
