Durante la semana pasada, el Gobierno comunicó que le pondría estado de “Discusión Inmediata” al proyecto de reforma de pensiones, texto que ya fue revisado por la Comisión de Trabajo del Senado (en noviembre de 2020) y espera su tramitación en la comisión de Hacienda para, de una vez , ser despachado a Sala.

Dentro de las principales indicaciones que tiene el proyecto, es la ampliación del pilar solidario del 60 % hasta el 80 % de las personas más vulnerables sin pensión, completando un total  de dos millones de beneficiarios aproximadamente. En esta parte habría acuerdo entre oposición y oficialismo.

Sin embargo,  en  la cotización adicional es donde se encuentran estancadas las negociaciones y la causa de los desencuentros  en el  debate. El Gobierno propone una cotización extra de un 6% – financiada por el empleador- , donde el 3% iría destinado a la cuenta individual del trabajador  y el resto terminaría en un fondo común para solventar las ayudas solidarias  del sistema. Estos nuevos dineros no serían administrados por las AFP, sino que por una nueva institución estatal llamada Consejo Administrador de Seguros Sociales.

En la oposición, marcan su diferencia con el paradero de la cotización adicional, ya que creen que el total del 6% extra debe ir hacia el fondo común y de esta manera, encaminarse en un sistema de pensiones mixto.

Para la senadora integrante de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz (PPD), es clave lograr que el Gobierno ceda respecto al destino de la cotización adicional, ya que es la única manera de poder realizar un reforma estructural al sistema  de pensiones y otorgarle características de seguridad social.

“Nuestra propuesta como oposición es avanzar hacia un sistema público de pensiones, que se sostenga en la seguridad social y la solidaridad. Ese 6%, la idea es destinarlo completo a un fondo colectivo, que es donde se genera la lógica solidaria, (…) así podremos avanzar  a un sistema como lo es en todos los países desarrollados del mundo, donde existe un fuerte pilar público”.

Además, la senadora agregó que de concretarse la idea  de la oposición, sería un gran golpe para las AFP y que ayudaría mucho  a su desplazamiento definitivo. “Abriendo estos caminos, creemos que la capitalización individual va ir desapareciendo, ya  que no es un sistema de pensiones, es un sistema de lógica de mercado de inversiones financieras que administran los fondos de nuestros trabajadores”, subrayó.

En cuanto a la puesta de emergencia del Gobierno, Muñóz indicó que  no ayuda mucho a la  prolijidad de la discusión, debido a la alta complejidad del tema y a la serie de diferencias que existen entre los parlamentarios, y que según ella, sería otro arrebato del Ejecutivo.

“Yo no comparto para nada tener que discutir bajo la presión de urgencia un tema de tanta importancia y de mucha complejidad para trasmitírselo a la gente. Muchas personas creen que la oposición está obstruyendo que se paguen mejores pensiones, y lo que nosotros estamos haciendo es que realmente podamos llegar a un mejor sistema (…)  es un apuro que no comparto”, finalizó la expresidenta del Senado.

Por otra parte, el senador y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes (PS),  señaló que espera abrir el debate en relación a la  existencia de dos sistemas , uno público y otro privado, sin embargo, el Gobierno no estaría dispuesto a ceder en esa materia.

“Hay una propuesta para dividir el negocio de las AFP, que no tengan que ver con el tema de la recaudación o de los cálculos, que se dediquen mas bien a ser una de las alternativas para repartir los recursos pero eso no lo ha aceptado el Gobierno , ha costado plantear que exista un  sistema particular y otro estatal, pero eso va a ser parte del debate.

“El Gobierno no se ha abierto a ninguna discusión de cambio efectivo, nosotros no podemos aprobar un proyecto que esté en la ruta de consolidar a las AFP. Nosotros estamos por un sistema de seguridad social“, añadió el senador socialista.

Con la petición de “Discusión Inmediata”, el Senado tendría un plazo de seis días para despachar el proyecto a la Cámara Baja, sin embargo,  se avizora muy difícil  poder cumplir con ese margen, debido a la complejidad del asunto, además,  aún debe ser tramitado por la Comisión de Hacienda del Parlamento, por lo que se espera una  solicitud de prórroga.