El jueves 24 de junio, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) anunció que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los daños registrados en el pucará del Cerro La Compañía. Esta decisión fue adoptada luego de que el organismo analizara el caso durante una sesión plenaria en la que participaron expertos y el mismo propietario del terreno: Luis Maldonado Croquevielle, representante de la Sociedad Agrícola Mesquihue Limitada y Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien autorizó la construcción de una antena telefónica en la cumbre del cerro, donde se ubica el sitio arqueológico.
Las obras fueron paralizadas el 8 de junio por el CMN y ya hay una investigación en curso ordenada por la Fiscalía de Graneros a cargo de la PDI. Sin embargo, los análisis revelan una afectación grave en el sector: “Este es un caso emblemático relacionado con el patrimonio y con el daño patrimonial. Podemos asimilarlo al caso Schüler, que mandaba a retirar o robar las estatuas públicas”, dijo Gastón Fernández, abogado y representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en conversación con la periodista Vivian Lavín.
Este pucará (construcción características de los pueblos andinos) fue descubierto en 1988 por los arqueólogos María Teresa Planella y Rubén Stehberg y, producto de su valor patrimonial, fue declarado Monumento Histórico en 1992. Sin embargo, esta no es la primera vez que el sitio patrimonial sufre daños. Anteriormente, Luis Maldonado Croquevielle ya había autorizado la construcción de una antena, lo que concluyó con la destrucción de uno de los muros del pucará. En esta nueva oportunidad, el funcionario había firmado otro contrato con una empresa privada, lo que fue denunciado por Claudio Segovia, alcalde de Graneros.
“O sea, él es un reincidente. Sabe perfectamente el valor histórico y patrimonial que tiene el sitio. Ahora, esta persona, que es uno de los funcionarios más importantes, a lo menos, el mejor remunerado de Chile, da vergüenza que no tenga conciencia de un daño patrimonial”, sostuvo Gastón Fernández.
Obras realizadas en el sector. Crédito: Consejo de Monumentos Nacionales.
Obras realizadas en el sector. Crédito: Consejo de Monumentos Nacionales.
Según Fernández, el dueño del terreno puede ser sancionado “con una pena de presidio menor en su grado medio a máximo”, o bien, puede ser castigado con una multa que va desde los cinco a las doscientas unidades tributarias. En esa línea y, considerando su carácter reincidente, el abogado indicó que “puede ser mayor la pena” si se considera esto como agravante. No obstante, explicó que esa es una materia que le corresponde a la justicia y que el Consejo de Monumentos Nacionales sólo puede enfocarse en la conservación del Monumento Histórico.
El especialista también indicó que este caso permite visualizar cómo se “estira” la protección patrimonial en el país y que existe un problema de fondo que va aparejado con la Constitución que establece una participación subsidiaria del Estado en la protección patrimonial. “Mientras no lo resolvamos por medio de los mecanismos jurídicos, va a seguir siendo un león sin dientes”, sostuvo.
“Pensábamos que de aquí van a salir varias lecciones para perfeccionar nuestro sistema de protección patrimonial”, añadió, enfatizando en la importancia de actualizar la Ley de Monumentos Nacionales.
En tanto, respecto del caso específico del pucará, manifestó que ya se están enviando los antecedentes para determinar las responsabilidades en el caso. “Queremos hacer las cosas bien y que después de esto la comunidad chilena tome conciencia de su patrimonio histórico, porque el patrimonio lo tenemos que defender entre todos”, puntualizó.
Desde el Consejo de Monumentos Nacionales también anunciaron que levantarán una mesa de trabajo para definir cómo se protegerá el sector, sobre todo, luego de que el dueño del terreno manifestara su voluntad de donar al Estado el sector donde se emplaza el pucará. Esta instancia debería constituirse durante los próximos días.
