Entre toda la emoción suscitada producto de la deliberación que culminó con la elección de la académica mapuche, Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constitucional y del abogado constitucionalista, Jaime Bassa, como vicepresidente de la misma, las 35 mujeres constituyentes que forman parte de la Asamblea Territorial Feminista Elena Caffarena, hicieron llegar, entre cánticos y vítores, una propuesta de reglamento para efectos del funcionamiento interno de la Convención.

Como un gesto que vino a ratificar la mesa directiva recientemente electa, Loncón y Bassa recibieron en sus manos, la tarde de este domingo 4 de julio, el documento de 11 páginas que elaboró la orgánica feminista y que aúna a 21 organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta presenta de forma enumerada una declaración de principios y lineamientos que deben preceder el reglamento de la Convención, estableciendo en primer lugar la igualdad de género como enfoque transversal para el trabajo de las comisiones y los comités. Este punto busca garantizar la condición de igualdad de quienes tienen responsabilidades de cuidado, determinando horarios de trabajo flexibles y financiamiento en los traslados.

Al respecto, la constituyente representante del Distrito 12, por la Lista Apruebo Dignidad y militante de Revolución Democrática, Beatriz Sánchez, explicó que esta propuesta no solo apela a las mujeres, sino que viene, desde una óptica feminista, a garantizar las condiciones para que los y las convencionales puedan desarrollar el ejercicio óptimo de sus funciones, en especial atención a las condiciones y particularidades de quienes históricamente han sido excluidos del debate político.

“Este reglamento establece condiciones para que las mujeres que llegamos en paridad a una Convención, que es un espacio de poder, podamos tener las mismas condiciones de trabajo que los que habitualmente están en lugares de poder, que son los hombres, por ejemplo. Y no solamente las mujeres, sino que cualquier diferencia que pueda existir, ya sea diferencia de origen, diferencia de distancia, si es que se tiene alguna discapacidad, en fin. O sea que se tenga presente, que no por tener una condición distinta, no se pueda ejercer el derecho político. Creo que esa es una mirada transversal que tiene el reglamento que es muy importante”, declaró.

En esa línea, Sánchez explicó que el texto propone que la paridad sea una constante para toda la conformación de las instancias orgánicas de la Convención  y que, de alguna forma, ponga a raya cualquier tipo de abuso o acoso laboral, sexual y político potencial que pueda suscitarse entre sus miembros.

“Creo que la paridad que se logra en la Convención Constitucional no es solamente una paridad de entrada o para la presencia de mujeres, sino que marca un piso mínimo. La paridad tiene que estar presente en todo el trabajo dentro de las comisiones, en toda la parte directiva, en toda la parte administrativa. Creo que el reglamento feminista tiene que ver también con una óptica que permita que las mujeres siempre estemos en igualdad de condiciones para ejercer toda nuestra capacidad política, nuestra capacidad de discusión y nuestra capacidad de incidencia. Esto no lo digo solo por ser mujer, lo digo porque este es un imperativo democrático”, aseveró Sánchez.

El documento detalla, además, la promoción de un lenguaje y escritura inclusivo, respetuoso, no sexista y expresado en distintas lenguas, como la de los pueblos originarios, lengua de señas y braille. Por otro lado, la probidad y transparencia con la que debe funcionar la Convención, adoptando medidas de anticorrupción, ley de lobby, rendición de cuentas y un protocolo conta la violencia política de género y la discriminación.

Siguiendo en esa materia, el reglamento feminista considera el establecimiento de una comisión de ética que regule el comportamiento de los miembros dentro y fuera del espacio constituyente en cuanto a falta de probidad y corrupción, además de acciones que incurran en violencia política de género, racismo y/o discriminación.

Finalmente, dentro de los asuntos más relevantes, se encuentra el ítem de participación popular, que se canalizaría a través de un comité de participación que se encargue de recibir, sistematizar y difundir todas las iniciativas que provengan de la sociedad civil. Este eje considera el funcionamiento de cabildos autoconvocados y temáticos de la ciudadanía, días nacionales de discusión ciudadana para encuentros específicos, y de forma excepcional, la realización de plebiscitos vinculantes.

El lanzamiento de este reglamento se realizó el pasado 15 de junio, en una actividad telemática que congregó alrededor de 100 mujeres feministas y sumó a 35 constituyentes electas, que dieron inicio a la campaña #todasporunreglamentofeminista.

De la presentación del documento, estuvieron a cargo representantes de organizaciones de la sociedad civil, como la coordinadora de la Red de Politólogas, Julieta Suárez-Cao, quien manifestó que, si bien se trabajó por la paridad, se llegó al consenso de que no era una condición suficiente.

“El Reglamento empieza con los principios que nos parece que deben guiar a la Convención. Tratamos de focalizarnos en nichos particulares que se acercan más a nuestras experiencias como feministas: igualdad, paridad, lenguaje inclusivo, no discriminación, un enfoque interseccional que incluya otras naciones, pueblos tribales que hablen de interculturalidad, que se piense en la inclusión y en la representatividad. También en la participación, probidad y transparencia”, declaró en el lanzamiento del insumo.

Por su parte, la abogada y directora de Corporación Humanas, Lorena Fries, aseveró que en nombre de esta articulación de mujeres, iban a permanecer atentas y pendientes de lo que suceda en el proceso constitucional.

“Este espacio es para hacerles una propuesta, sugerir y entregar a ustedes (convencionales) nuestras reflexiones sobre lo que creemos es importante en el próximo periodo”, afirmó Fries.