“No estaban las capacidades técnicas suficientes para poder sesionar, no estaba instalado nada, no habían los micrófonos, no estaban funcionando los monitores. Existían tres o cuatro salas, pero cada una de esas salas no estaban interconectadas, por lo tanto, no podíamos ver lo que estaba pasando en cada una de las otras salas”, reclamó el constituyente por el distrito 16 Nicolás Núñez respecto de las condiciones que impidieron la sesión del lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
El representante relató que cuando llegaron “estaban recién desempacando los monitores y estableciendo las conexiones de wifi necesarias”.
Esto, a pesar del millonario contrato que se hizo por trato directo a la empresa Street Machine Corp, para la “Producción de la primera sesión constitucional”, valuado en 450 millones de pesos.
Ante este hecho, el constituyente agregó que tampoco existían condiciones sanitarias mínimas para prevenir contagios de Covid-19. “Por otro lado, también, no se respetaban el distanciamiento social, no se respetaba en general los protocolos Covid-19 en esta crisis sanitaria que rigen para todos los chilenos, incluso para los constituyentes, que estamos llamados incluso a dar un ejemplo y respetar esa normativa, aún más. No había distanciamiento social”.
El abogado oriundo de la comuna de San Fernando, agregó que tampoco existían las condiciones para que exista transparencia hacia la ciudadanía y que fuera parte de este proceso. “Y tampoco estaban las condiciones necesarias para hacer este proceso participe hacia la ciudadanía y también, no se cumplió las exigencias de transparencia para poder emitir esto vía streaming o televisión y que la gente lo pudiera ver y pudiera también, irse enterando de lo que está pasando en la constituyente”.
“Queremos hacer una asamblea constituyente que sea de cara a la gente y no entre cuatro paredes. Por lo tanto, no estaba en ninguno de esos ámbitos las condiciones necesarias para poder sesionar y lo más prudente, en virtud también de la salud de cada uno de los constituyentes, era suspender la sesión”, subrayó.
El encargado de garantizar y fiscalizar que las condiciones se cumplan fue designado a dedo por el Presidente de la República, se trata de Francisco Encina Morales, militante de Evolución Política, que percibe la suma de $7.426.036 mensuales por ostentar el cargo de Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional.
Por lo tanto, el Constituyente respaldó la decisión de la Mesa Convención Constitucional de no iniciar el trabajo constituyente hasta que existan las condiciones mínimas técnicas y sanitarias, debido a que es el Gobierno el único responsable.
La Convención Constituyente debió suspender también la sesión convocada para este martes 6 de julio. La presidenta Elisa Loncón y el Vicepresidente Jaime Bassa, constataron en la sede de la Convención que aún no se han realizado los trabajos requeridos.
Por otro lado, valoró la propuesta del Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de ofrecer a nombre Consorcio de Universidades del Estado de Chile, las instalaciones de las Universidades Estatales, desde Arica a Puerto Williams. De continuar los problemas que originaron la suspensión, la sesión de este miércoles podría ser convocada en las dependencias de la Universidad de Chile.
El constituyente señala que se deben exigir las excusas al gobierno y al mismo tiempo perseguir las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan de los funcionarios de gobierno responsables de esta situación.
“No estaban las capacidades técnicas suficientes para poder sesionar, no estaba instalado nada, no habían los micrófonos, no estaban funcionando los monitores. Existían tres o cuatro salas, pero cada una de esas salas no estaban interconectadas, por lo tanto, no podíamos ver lo que estaba pasando en cada una de las otras salas”, reclamó el constituyente por el distrito 16 Nicolás Núñez respecto de las condiciones que impidieron la sesión del lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
El representante relató que cuando llegaron “estaban recién desempacando los monitores y estableciendo las conexiones de wifi necesarias”.
Esto, a pesar del millonario contrato que se hizo por trato directo a la empresa Street Machine Corp, para la “Producción de la primera sesión constitucional”, valuado en 450 millones de pesos.
Ante este hecho, el constituyente agregó que tampoco existían condiciones sanitarias mínimas para prevenir contagios de Covid-19. “Por otro lado, también, no se respetaban el distanciamiento social, no se respetaba en general los protocolos Covid-19 en esta crisis sanitaria que rigen para todos los chilenos, incluso para los constituyentes, que estamos llamados incluso a dar un ejemplo y respetar esa normativa, aún más. No había distanciamiento social”.
El abogado oriundo de la comuna de San Fernando, agregó que tampoco existían las condiciones para que exista transparencia hacia la ciudadanía y que fuera parte de este proceso. “Y tampoco estaban las condiciones necesarias para hacer este proceso participe hacia la ciudadanía y también, no se cumplió las exigencias de transparencia para poder emitir esto vía streaming o televisión y que la gente lo pudiera ver y pudiera también, irse enterando de lo que está pasando en la constituyente”.
“Queremos hacer una asamblea constituyente que sea de cara a la gente y no entre cuatro paredes. Por lo tanto, no estaba en ninguno de esos ámbitos las condiciones necesarias para poder sesionar y lo más prudente, en virtud también de la salud de cada uno de los constituyentes, era suspender la sesión”, subrayó.
El encargado de garantizar y fiscalizar que las condiciones se cumplan fue designado a dedo por el Presidente de la República, se trata de Francisco Encina Morales, militante de Evolución Política, que percibe la suma de $7.426.036 mensuales por ostentar el cargo de Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional.
Por lo tanto, el Constituyente respaldó la decisión de la Mesa Convención Constitucional de no iniciar el trabajo constituyente hasta que existan las condiciones mínimas técnicas y sanitarias, debido a que es el Gobierno el único responsable.
La Convención Constituyente debió suspender también la sesión convocada para este martes 6 de julio. La presidenta Elisa Loncón y el Vicepresidente Jaime Bassa, constataron en la sede de la Convención que aún no se han realizado los trabajos requeridos.
Por otro lado, valoró la propuesta del Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de ofrecer a nombre Consorcio de Universidades del Estado de Chile, las instalaciones de las Universidades Estatales, desde Arica a Puerto Williams. De continuar los problemas que originaron la suspensión, la sesión de este miércoles podría ser convocada en las dependencias de la Universidad de Chile.
El constituyente señala que se deben exigir las excusas al gobierno y al mismo tiempo perseguir las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan de los funcionarios de gobierno responsables de esta situación.
“No estaban las capacidades técnicas suficientes para poder sesionar, no estaba instalado nada, no habían los micrófonos, no estaban funcionando los monitores. Existían tres o cuatro salas, pero cada una de esas salas no estaban interconectadas, por lo tanto, no podíamos ver lo que estaba pasando en cada una de las otras salas”, reclamó el constituyente por el distrito 16 Nicolás Núñez respecto de las condiciones que impidieron la sesión del lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
El representante relató que cuando llegaron “estaban recién desempacando los monitores y estableciendo las conexiones de wifi necesarias”.
Esto, a pesar del millonario contrato que se hizo por trato directo a la empresa Street Machine Corp, para la “Producción de la primera sesión constitucional”, valuado en 450 millones de pesos.
Ante este hecho, el constituyente agregó que tampoco existían condiciones sanitarias mínimas para prevenir contagios de Covid-19. “Por otro lado, también, no se respetaban el distanciamiento social, no se respetaba en general los protocolos Covid-19 en esta crisis sanitaria que rigen para todos los chilenos, incluso para los constituyentes, que estamos llamados incluso a dar un ejemplo y respetar esa normativa, aún más. No había distanciamiento social”.
El abogado oriundo de la comuna de San Fernando, agregó que tampoco existían las condiciones para que exista transparencia hacia la ciudadanía y que fuera parte de este proceso. “Y tampoco estaban las condiciones necesarias para hacer este proceso participe hacia la ciudadanía y también, no se cumplió las exigencias de transparencia para poder emitir esto vía streaming o televisión y que la gente lo pudiera ver y pudiera también, irse enterando de lo que está pasando en la constituyente”.
“Queremos hacer una asamblea constituyente que sea de cara a la gente y no entre cuatro paredes. Por lo tanto, no estaba en ninguno de esos ámbitos las condiciones necesarias para poder sesionar y lo más prudente, en virtud también de la salud de cada uno de los constituyentes, era suspender la sesión”, subrayó.
El encargado de garantizar y fiscalizar que las condiciones se cumplan fue designado a dedo por el Presidente de la República, se trata de Francisco Encina Morales, militante de Evolución Política, que percibe la suma de $7.426.036 mensuales por ostentar el cargo de Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional.
Por lo tanto, el Constituyente respaldó la decisión de la Mesa Convención Constitucional de no iniciar el trabajo constituyente hasta que existan las condiciones mínimas técnicas y sanitarias, debido a que es el Gobierno el único responsable.
La Convención Constituyente debió suspender también la sesión convocada para este martes 6 de julio. La presidenta Elisa Loncón y el Vicepresidente Jaime Bassa, constataron en la sede de la Convención que aún no se han realizado los trabajos requeridos.
Por otro lado, valoró la propuesta del Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de ofrecer a nombre Consorcio de Universidades del Estado de Chile, las instalaciones de las Universidades Estatales, desde Arica a Puerto Williams. De continuar los problemas que originaron la suspensión, la sesión de este miércoles podría ser convocada en las dependencias de la Universidad de Chile.
El constituyente señala que se deben exigir las excusas al gobierno y al mismo tiempo perseguir las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan de los funcionarios de gobierno responsables de esta situación.
