Durante la jornada de ayer, el Consejo para la Trasparencia hizo pública su resolución en relación a la política de expulsión y regularización de inmigrantes bajo la nueva Ley de Migración. El amparo ROL C3765 -21, otorga un plazo de cinco días hábiles al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para que aclare los criterios del Gobierno al ejecutar la legislación migratoria, en la que se han practicado decenas de expulsiones a inmigrantes alejadas del marco legal, según sostuvo la Corte Suprema hace un par de semanas.
La resolución fue bien recibida por diferentes organizaciones y especialistas que han prestado asesorías a las comunidades migrantes del país, las que se han visto afectadas por las expulsiones en el último tiempo.
Para la académica e investigadora de la Universidad Arturo Prat sede de Iquique, Romina Ramos, esta resolución le devuelve el derecho a los migrantes a acceder a la información necesaria y espera que la Subsecretaría del Interior cumpla con el plazo solicitado.
“Yo espero que la Subsecretaría del Interior esté a la altura y entregue toda la información para que las personas migrantes ejerzan su derecho a la información pública, acá no es un favor, el Ministerio debe entregar los antecedentes en forma oportuna y no lo ha hecho. Deseo que con esta resolución, la comunidad migrante pueda recibir estos detalles para poder regularizar su situación”
Ramos, agregó también que esta conducta del Gobierno de Chile es una política planificada y sostenida en el tiempo: “Nosotros lo que creemos es que existe una sistemática política de desinformación respecto a la regulación transitoria, al proceso de regularización anterior, las visas consulares de Haití o Venezuela y las visas de responsabilidad democrática, esa es la tónica”, añadió la académica UNAP.
Por otra parte, el secretario de defensa de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, comentó que la resolución es una oportunidad para que el Ministerio del Interior se ajuste en el marco legal, específicamente, en el acceso a información pública, ya que a su criterio, los inmigrantes en Chile estarían en un total abandono en esa materia.
“El Consejo para la Transparencia lo que está haciendo es resguardar un derecho fundamental que es el acceso a la información pública, es un deber del Estado dar cuenta de la información para que la gente pueda ejercer derechos, en Extranjería están acostumbrados a no informar a las personas, dejándolos a la deriva de información no fidedigna para que al final terminen en irregularidades. Parece ser que hay una intencionalidad por parte del Gobierno y no pretenden aplicar la ley, es una situación gravísima”.
Según Noriega, tanto organizaciones de migrantes como parlamentarios han solicitado en innumerables oportunidades esta información al Ministerio del Interior, la que siempre fue denegada. Además, agregó que el Consejo para la Transparencia tiene las facultades para sancionar al subsecretario Galli, si es que éste se niega a hacer público los criterios de expulsión y regularización.
“Ante la negligencia del Ministerio del Interior es que el Consejo para la Transparencia ordena esta resolución, que es un paso fundamental, esperamos que esta vez sí respondan, porque ya no lo hicieron ni a los congresistas, ojalá lo hagan frente a la autoridad del consejo. De no ser así, nosotros vamos a pedir que se apliquen las sanciones, si es que el subsecretario Galli se niega a dar la información“, subrayó.
Finalmente, señaló que de no conseguir los resultados esperados, no descartan como Coordinadora acudir a tribunales internacionales : “Estamos pensando en ir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“, agregó el representante de Coordinadora Nacional de Inmigrantes.