El Ministerio de Salud anunció el inicio de un sumario sanitario a la Clínica Las Condes (CLC) luego que se entregara una tercera dosis de vacuna a Alejandro Gil (73), presidente del directorio, pese a que él ya tenía su esquema de vacunación completo. Fueron la jefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, y la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido quienes reunieron los antecedentes para posteriormente informar de la irregularidad a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Posteriormente la CLC confirmó los hechos y realizó una autodenuncia al Ministerio de Salud.
Este jueves, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi, analizó los hechos informados durante la jornada del miércoles y aseguró que, desde la instancia que dirige, ya se solicitó un informe completo al Minsal.
“Esto es un escándalo porque nos recuerda el porqué vino el estallido, porque hay gente que realmente puede hacer lo que quiera. Por otro lado, estamos investigando el hecho que se habría despedido a la persona encargada del vacunatorio por haber hecho el registro, es decir, por permitir que esto se haya sabido”.
“Es una situación indignante y me parece que el Estado debe revisar sus contratos con este tipo de instituciones porque hay que dar una señal a los privados de que no pueden hacer lo que quieran”, agregó.
Consultado sobre el mal uso de recursos del Estado, dado que las vacunas que hay en Chile son solo aquellas compradas por el Gobierno para la campaña nacional de inoculación, y también por la responsabilidad del médico que emitió el certificado que habría servido de fundamento para que el presidente del directorio exigiera la tercera dosis, el diputado señaló que es necesario llevar adelante el sumario sanitario, pero además fiscalizar el funcionamiento del vacunatorio.
“Es bueno tener más información porque si se intuye que en ese lugar de trabajo hay relaciones de poder que pasan por arriba de cualquier normativa, entonces ese vacunatorio no debería funcionar. Por otro lado, con lo sucedido se está instalando la idea de que la tercera vacuna es sí o sí y ya hay algunos privilegiados que la están obteniendo. Eso es super peligroso de instalar porque no hay estudios que den cuenta de la efectividad de la tercera vacuna, pues los estudios que han salido tienen muchos conflictos de interés con las mismas personas que deciden si se aplica o no una tercera dosis que no es la institucionalidad pública representada por el Comité Asesor de Vacunas y Estrategia de Inmunización ( CAVEI), sino que es un Consejo que está asociado al Ministerio de Ciencias y personas que participan de esa instancia han hecho publicaciones anticipando una tercera vacuna”.
“Es el CAVEI que es el responsable del plan de vacunación el que tiene que decidir si corresponde o no una tercera vacuna”, enfatizó el legislador.
“Esto es un tremendo escándalo y me preocupa además la persona que fue despedida, porque la echaron por hacer la pega. Según el informe Desiguales del PNUD, de las cosas que generaban más daño en las personas, más que la desigualdad monetaria, son las situaciones de abuso que hay a diario en los espacios de trabajo, en la vida cotidiana. Esta situación pone de manifiesto eso, porque no es la vacuna del señor Gil, sino la vacuna del Estado”, añadió en conversación con Juanita Rojas y Claudio Medrano.
Respecto de otras situaciones controvertidas en las que se ha visto involucrada la CLC, el parlamentario manifestó que en nuestro país no existen muchas herramientas de fiscalización y sanción que sirvan para evitar malas prácticas de los privados en relación a los recursos del Estado, por eso, es muy relevante la labor de la Convención Constitucional.
“Una clínica como la CLC no creo que dependa financieramente de los Convenios que tenga con el Estado. Funciona porque cobra lo que cobra y si, por ejemplo, se cierra el vacunatorio, no creo que les importe tanto. Hay un tema muy profundo respecto del rol del proveedor privado en el ámbito de los derechos sociales que puede terminar en que paguen justos por pecadores, porque no hay que demonizar a todos los proveedores privados, pero lo que queda es que cuando se involucra el lucro en un espacio tan sensible como proveer del derecho a la salud, entonces puede terminar en cualquier cosa. Por eso es importante la discusión constitucional que se tenga respecto de la salud porque lo que tenemos hasta ahora es simplemente el de elegir dónde cotizar el 7%”.
En cuanto a si existe información de otras personas que ya hayan recibido una tercera dosis, el legislador indicó que el mismo miércoles desde la Comisión se ofició al Minsal requiriendo tal información.
“Queda la duda, porque esto se supo gracias a que hubo una enfermera con suficiente sentido vocacional y republicano para denunciarlo, pero eso es una situación excepcional porque dadas las relaciones laborales de poder, cuando se arriesga la fuente laboral, es muy difícil que se hagan las denuncias. En el oficio también preguntamos cuáles herramientas de control existen, porque dudo que haga algo más allá del registro de vacunación. Es un problema complejo que conlleva esta sensibilidad con el país, uno espera que la gente ponga de su parte y que el dueño de una clínica privada no haga abuso de su poder. No sé si la solución sea cerrar todos los vacunatorios de las clínicas privadas del país para evitar que esto ocurra. Uno esperaría más de la gente, es bien decepcionante”, concluyó Miguel Crispi.
