Una investigación que permitirá definir si existen vínculos entre contaminación y daños a la salud en Coronel se está llevando a cabo en la comuna por parte del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, esto a través de una licitación del Ministerio de Salud que permitirá que los habitantes de la comuna tengan claridad de cómo se podría estar afectado su salud a partir de la industria local.
Centrales hidroeléctricas, un cordón industrial, la compañía siderúrgica Huachipato, el mayor emisor de material particulado, más la planta Masisa Mapal y la Empresa Nacional del Petróleo y Endesa son parte de las operaciones del sector que para los vecinos son las culpables de muchos de sus males actuales en materia de salud.
“El objetivo es caracterizar aquellas enfermedades que podrían tener alguna vinculación con las condiciones ambientales, principalmente vamos a pesquisar alteraciones respiratorias. Vamos a realizar un hemograma, un perfil bioquímico, para ver si hay alteraciones metabólicas en una muestra de cerca de 1.260 personas adultas y explorar en ellas si alguna de estas condiciones puede estar vinculada o no con la cercanía o no hacia fuentes emisoras de contaminantes, o si están vinculadas o no con algunos metales como el arsénico inorgánico, y también respecto a plomo”, explicó la doctora Sandra Cortés, académica de la Universidad Católica.
Además, Cortés, quien es experta en Epidemiología Ambiental y Ocupacional, Cáncer y Ambiente, explicó que con el estudio se verá qué variables o factores están asociados a las enfermedades y se identificarán brechas existentes sobre el conocimiento de las personas del estado de salud y así proponer nuevas acciones.
“Ese es el gran aporte que tiene este estudio, porque va a estudiar el estado basal de salud y los determinantes ambientales o sociales. Es la primera vez que hacemos un estudio tan completo que combine los dos tipos de información y nos den una imagen clara de lo que está pasando de manera objetiva”, complementó.
Chile se encuentra en un proceso nacional de descarbornización. El pasado 22 de junio la Cámara despachó al Senado la norma que prohíbe la instalación y operación de nuevas termoeléctricas a carbón y fija el cierre para las existentes en 2025. Sin perjuicio de que algunas ya han iniciado sus procesos de termino, como ha ocurrido en Coronel.
En la comuna la central Bocamina I fue desconectada en diciembre pasado, mientras que Bocamina II debería detenerse en 2022.
Desde el Poder Legislativo, el diputado Félix González, representante de Coronel en el Congreso, manifestó que este estudio es una buena noticia, pues si bien se han hecho estudios en niños se esperaba algo más amplio. “Una de las cosas que nosotros planteábamos era que debía hacerse también a la población de distintas edades, sobre todo en personas que llevan más años expuestas a los metales pesados”.
El parlamentario expresó que un tema que debe interesar respecto de la comunidad es el daño de salud que se haya producido en sus órganos y sistemas en general para evaluar las relaciones con los contaminantes. Asimismo, dijo que las empresas deben responder por el daño causado.
“Ya tenemos aprobado el proyecto de ley para cerrar todas las termoeléctricas a carbón en Chile al 2025, pero necesitamos también que se apruebe en el Senado y eso no obsta que las empresas tengan que hacerse responsables de todos los daños ambientales que han generado y de todos los daños a la salud que han generado por décadas”, afirmó.
El futuro
Para la comunidad de Coronel, contar con un nuevo análisis es una buena noticia. No pueden obviar que ampliar los datos respecto de sus condiciones de salud siempre será positivo.
“Es totalmente necesario hoy. Hemos tenido estudios anteriores, en 2016, 2018 donde los resultados ya han dado cuenta de la existencia de presencia de metales pesados en niños, niñas de los colegios aledaños, y en funcionarios de los recintos, pero han sido estudios cuestionados, se cuestiona el instrumento, incluso por parte del Gobierno”, señaló Gonzalo Soto, miembro de Modatima Bio Bio y del Movimiento Salvemos Coronel.
“En esta ocasión que el objetivo sea relacionar enfermedades patologías directamente a la contaminación es muy importante. Se van generando evidencias que podrían sostener lo que para nosotros ya es más que visible”, agregó sobre lo positivo de esta investigación.
Pero para la comunidad también hay aprensiones. Por un lado lamentan que el estudio no considera a quienes ya han sido estudiados previamente. Lo que para los vecinos podría generar datos respecto de cómo ha cambiado la salud de las personas en el tiempo, por ejemplo, de los niños y niñas que fueron estudiados sobre presencia de metales pesados en sus organismos.
Dicha vinculación no se puede hacer por la naturaleza del estudio, que no utiliza la misma metodología de otros, según explicó la doctora Sandra Cortés.
Por otra parte, también existen dudas respecto de qué pasará con el estudio terminado. Si el Gobierno generará políticas locales o nuevos estudios, o si incluso en caso de comprobarse el daño a la salud existirá algún tipo de reparación a los y las afectadas.
Junto a ello para la comunidad es esencial que posterior a los estudios venga la reparación por parte de los posibles culpables. Soto aclaró que cada vez que se hace un estudio que indique presencia de metales pesados en personas las empresas inician cuestionamientos, solicitando que se aclare quién es el emisor y culpable. Por ello están esperanzados en que esta nueva investigación ayude a resolver esa duda.
“Espero que ahora si podamos poner todo el ahínco en que los responsables deben hacerse cargo de las emisiones producidas, de los daños producidos a la salud humana, del deterioro ambiental”.
“Mi preocupación personal, y de la comunidad en general, es qué va pasar con Enel ¿Se va ir sin responder por el perjuicio causado en la salud humana? ¿Cuáles van a ser sus medidas de reparación? No solo al ecosistema (…) sino también a la salud humana, a cómo ha afectado la calidad de vida de la comunidad y a las futuras generaciones de Coronel que deben convivir con elementos contaminantes que pueden traer consecuencias en su salud incluso a corto plazo”.
En este punto, según comentó Gonzalo Soto, no es solo importante el rol de reparación de las empresas, sino también del Estado.
El estudio realizado por la Universidad Católica tendrá sus resultados finales el primer semestre de 2022, instancia en la que se presentarán los datos ante diversas instituciones del Estado tanto para que conozcan la información recabada, así como también para que se puedan disponer nuevas investigaciones de ser necesarias y avanzar en políticas públicas en caso de que se ratifique daño en la salud de la comunidad.
Asimismo próximamente el equipo que lleva adelante este análisis concretará uno muy similar en la zona de Quintero- Puchuncaví, para también revisar en la región de Valparaíso lo que se ha producido en la salud de las personas.