Luego de años de suspensiones y retrasos en el inicio del juicio, éste, finalmente, se inició en abril y culminó con el mencionado fallo emitido por el Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras, declarando de manera unánime que el sujeto había actuado como coautor del asesinato de la líder ambientalista hondureña en la madrugada del 3 de marzo de 2016, algo que fue calificado como “una victoria para los pueblos” por la familia de Berta Cáceres
Castillo, uno de los ejecutivos de DESA, la compañía Desarrollos Energéticos, a cargo de la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, curso sagrado para la comunidad indígena lenca, había sido detenido en 2018. Según el abogado de la familia Cáceres, lo importante de esta sentencia es que define el móvil del crimen y lo relaciona directamente con el activismo de Berta, quien se oponía férreamente al proyecto por considerar que causaría importantes interrupciones en el suministro de agua y alimentos a la comunidad de la zona.
Ya en diciembre de 2019 habían sido condenados a otros siete hombres a entre 30 y 50 años de cárcel, acusados de ser los autores materiales del crimen de Berta. Todas estas condenas satisfacen ciertamente a familiares y activistas compañeros de Berta Cáceres, pero recuerdan que en el caso hay “otros muchos responsables que permanecen en la impunidad”, afirman. De hecho, un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, cofundado por la propia Cáceres, menciona a varios integrantes de la familia de ascendencia árabe Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras, a quienes acusan sin ambages de haber financiado la operación que culminó en el homicidio.
Tal imputación se ve corroborada por la experiencia de la propia hija de la asesinada líder, Berta Zúñiga, quien ha denunciado que a ella y a su familia se les ha impedido varias veces el acceso a las audiencias del juicio, lo que se derivaría -apuntó- del hecho que ella también ha solicitado que se revoque la autorización de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, al considerar que su concesión es corrupta e ilegal.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reaccionó ante la condena de Castillo, asegurando en Twitter que la resolución judicial abría “una esperanza en la lucha contra la impunidad”, reiterando, además, su apoyo a la familia de la líder hondureña en su búsqueda de la anhelada justicia. También el Ministerio Público hondureño calificó de histórica la sentencia y admitió que las pruebas eran irrefutables.
Habrá, pues, que esperar hasta el 3 de agosto para saber qué pena se le impondrá a David Castillo, la que podría alcanzar hasta los 25 años de cárcel. Mientras tanto, el condenado tendrá que permanecer en prisión preventiva, mientras la familia de Berta Cáceres seguirá luchando para asegurarse de que todos los responsables de ésta, así como de otras muertes de defensores de la tierra y líderes sociales, sean condenados.
Una lucha imprescindible en el país con más asesinatos de activistas ambientales por habitante.
(Foto: cejil.org)
