El ex presidente argentino Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezan el listado de querellados por el gobierno de Alberto Fernández, indagatoria que será revisada por Javier López Biscayart, juez en lo penal económico.

La acusación contra Macri y su ex secretaria de Estado es por el contrabando de armamento y municiones que sirvió para la represión de civiles los días posteriores al golpe de Estado que terminó con la administración que encabezaba Evo Morales Ayma en Bolivia.

En la denuncia se les acusa de “contrabando agravado” que incluye armas de guerra y municiones, además de malversación de caudales públicos abuso de autoridad y delitos que comprometen la paz y la integridad de la nación, como señala el medio argentino Página 12.

La acusación presentada en tribunales describe los hechos que fueron justificados como una misión de protección del entonces embajador argentino en La Paz y su familia en medio de las movilizaciones sociales que se desataron a raíz del golpe encabezado por Yanine Añez, efectivos de la policía y militares contra Morales que terminó refugiado primero en México y luego en Argentina.

Según el mismo medio, toda la maniobra tenía como objetivo “ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano”. Así lo dice el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En la denuncia se detalla que el grupo de gendarmes que viajaron en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina junto al material bélico lo hizo gracias a las gestiones directas de las autoridades del Ejecutivo de Macri, entre ellos con la firma en días posteriores del decreto que autorizaba su salida hacia la nación altiplánica de los funcionarios que tramitó la entonces ministra Bullrich.

A eso se agrega la petición para autorizar una ampliación de la cantidad de municiones a trasladar, en las que se cuentan 70 mil cartuchos anti tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 grandas de manos de gas de hostigamiento (bombas lacrimógenas).

Si bien las granadas de lacrimógenas no están en el listado de los elementos autorizados para salir de Argentina, sí están notificados en el de la Gendarmería y en un documento de agradecimiento enviado posteriormente por el entonces jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.

En la nación trasandina y en Bolivia se estima que los elementos represivos fueron utilizados en las masacres conocidas como Sacaba y Senkata en las que resultaron muertos 22 personas y unos 200 resultaron heridos el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente.

En declaraciones a la prensa, el Presidente Alberto Fernández sostuvo “que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe, me parece de una gravedad enorme”.

Junto a Macri y Bullrich, la denuncia apunta al ex ministro de Defensa Óscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila, el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.