Esta semana se desarrolló la cuarta sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a propósito de los permisos de construcción a lo largo de la falla geológica de San Ramón en la precordillera de la Región Metropolitana.

La instancia, presidida por el diputado Tomás Hirsch, se originó a partir de las denuncias realizadas el año 2020 por organizaciones sociales de defensa de la precordillera ante la aprobación del proyecto Lomas de Peñalolén, de la Inmobiliaria Pocuro.

Eduardo Giesen, miembro del Colectivo VientoSur y representante del Observatorio Precordillera, invitado a participar de la sesión de la Comisión Investigadora, señaló que durante el encuentro quedó en evidencia la total irresponsabilidad del Gobierno frente al riesgo sísmico asociado a la falla de San Ramón, en particular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, desde hace una década, cuenta no sólo con evidencia científica sobre la localización y actividad de la falla geológica, sino que también con recomendaciones claras de parte de profesionales y académicos para reducir dicho riesgo.

“Por nuestra parte, pudimos dejar constancia de la forma irregular en que se aprobó ambientalmente el proyecto Lomas de Peñalolén de la Inmobiliaria Pocuro que entregó información falsa sobre la localización de la falla de San Ramón, lo cual fue facilitado por la actitud negligente de los organismos públicos, en particular de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo”, enfatizó Giesen, quien es ingeniero civil, con estudios de postgrado en políticas públicas en la U. de Chile y una larga trayectoria en gestión ambiental pública y activismo socio-ambiental.

“Finalmente, como Observatorio Precordillera propusimos una Mesa Regional de trabajo para la protección integral y la gestión del riesgo en la precordillera de Santiago, con todos los actores y actrices del sector público, la sociedad civil organizada y la academia”, agregó Giesen quien, además, lamentó que la autoridad sectorial no haya dado explicaciones por la absoluta inacción y negligencia ministerial durante años respecto del riesgo sísmico asociado a la falla de San Ramón y, en particular, en el proceso de evaluación ambiental del proyecto de la Inmobiliaria Pocuro, escudándose en un supuesto conflicto entre disciplinas que, en realidad, corresponde a un conflicto entre enfoques, intereses y prioridades de política pública.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch, durante la sesión de la Comisión Investigadora quedó claro que no hay ninguna ambigüedad respecto de que la falla de San Ramón es potencialmente activa y que puede significar un daño irreparable para la vida o la propiedad, particularmente de las viviendas, de una cantidad muy importantes de familias que viven en al menos ocho comunas que están afectadas directamente y que van desde Pirque y San José de Maipo hasta Lo Barnechea.

“Esta comisión no sólo va a ser útil para saber lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en relación a la falla de San Ramón, y eventuales peligros que genera para la población de Santiago, sino sobre todo va a permitir generar acciones, recomendaciones y, eventualmente, incluso reformas a los planos reguladores de las comunas involucradas, para de ese modo mejorar la seguridad de todas las familias que se pudiesen ver afectadas, y no sólo las familias, sino la infraestructura crítica que está a lo largo de esta falla y que es muy numerosa”, sostuvo el diputado.