Esta decisión hace parte de una escalada represiva contra la oposición en el país centroamericano. El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció en una resolución leída por su secretario de actuaciones, Luis Luna, que se ordena “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”.
La medida deja al CxL, el principal bloque opositor, fuera de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega, un exguerrillero de 75 años que está en el poder desde 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
La ley prohíbe a los partidos políticos que no están legalizados participar en procesos electorales. El CSE tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno, pidiera horas antes anular al CxL alegando actuaciones reñidas con la ley.
Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor de CxL tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley”.
Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE “declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”. En respuesta, el tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cédula de identidad de la presidenta de CxL.
Según el CSE, cuando la presidenta de la agrupación tramitó su cédula “utilizó procedimientos irregulares proveyendo” nombres diferentes.
“Lo hizo de manera totalmente fraudulenta”, alegó el CSE, que la acusó además de tener “comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”.
La agrupación CxL confirmó que a su presidenta le fue retirada su nacionalidad nicaragüense, lo que la deja como ciudadana estadounidense con una situación migratoria complicada y sujeta a una posible deportación.
El despojo de la legalidad del partido CxL, una agrupación que surgió en 2017 como escisión del liberalismo, se produjo dos días después que el CSE inhibiera a su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada, a causa de polémicas declaraciones que molestaron a las filas del oficialismo.
Quezada, de 27 años, era la compañera de fórmula electoral de Óscar Sobalvarro, de 68 años y exjefe de la denominada “contrarrevolución”.
“La democracia no puede ser cancelada”, protestó Sobalvarro en Twitter.
Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada.
¡Nos tuvieron miedo! pic.twitter.com/qzbvsXpPiX
— Oscar Sobalvarro G. (@Sobalvarro_G) August 7, 2021
Se conoció que los directivos y miembros de la alianza temen ahora ser detenidos, como parte de la ola de arrestos que vive el país de cara a las elecciones.
Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por “traición” a la patria.
Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba en las encuestas como potencial rival para enfrentar a Ortega.
En tanto, poco después que el tribunal electoral inhabilitara a CxL, el candidato a la presidencia del PLC, el empresario Milton Arcia, renunció a su postulación en protesta por la actuación de su partido, fundado por el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).
Con la salida de la alianza CxL de las elecciones, Ortega se dispone a conquistar cómodamente su tercera reelección sucesiva frente a cinco partidos derechistas que son tildados de “colaboracionistas” por la oposición.
Estas acciones demuestran “la ilegitimidad de este proceso electoral totalmente amañado y cooptado por el régimen en el que no hay garantías mínimas para respetar la voluntad de la ciudadanía”, reclamó el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en un comunicado.
La comunidad internacional condena los hechos
La comunidad internacional ha condenado los arrestos y acciones judiciales contra los opositores y demandado la realización de elecciones libres.
Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses ligados al gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington.
Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.
Ortega ha minimizado las presiones y dicho que situaciones “más difíciles” ha vivido Nicaragua, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.
