Con un llamado a que Chile se declare en emergencia climática, el primer boletín constitucional del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile, reabre el debate sobre la importancia de vincular el proceso constituyente chileno con la crisis climática. En este, plantean la necesidad de garantizar en la nueva Carta Magna el resguardo del medio ambiente y establecer un nuevo modo de relacionamiento con nuestro entorno.
A través de 5 ejes, el documento busca llevar la atención de las autoridades a la emergencia climática mundial ante el aumento progresivo de la temperatura del planeta en más de 1°C, para luego aterrizar estas condiciones al caso chileno y actuar de manera consecuente con los convenios internacionales firmados, como el Acuerdo de París y los compromisos asumidos por la nación al 2050. Finalmente, el texto enfatiza la necesidad de vincular el proceso constituyente con una mirada científica y enfocada en la crisis climática, de manera que puedan establecerse una serie de desafíos necesarios para las políticas públicas frente a esta emergencia.
Pilar Moraga, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental e investigadora principal del (CR)2, afirma que la redacción de una nueva Constitución supone una oportunidad única en el mundo, ya que, para ella, “el cambio climático hoy, es un tema ineludible de la nueva Constitución, porque además Chile tiene una oportunidad única de poder discutir esta nueva Carta Magna, luego del informe del IPCC, y luego de la firma del Acuerdo de París, eso no sucede muchas veces. Y si bien otros países pudieran hacer reformas a sus respectivas constituciones, Chile tiene la oportunidad de tener una visión integrada o transversal en su futuro texto constitucional, marcado por esta realidad que va a determinar el futuro de las generaciones que vienen”.
Dentro de las propuestas que enumera el boletín, se encuentra la promulgación urgente de la Ley Marco de Cambio Climático, que permitiría dar un sustento legal al marco institucional del cambio climático y así establecer responsabilidades para los sectores y gobiernos regionales. En paralelo, se llama a contar con una estrategia climática de largo plazo que permita establecer metas sectoriales en materia de reducción de GEI, y elaborar reformas regulatorias para ejecutar estas medidas sectoriales. Finalmente, el documento llama a aumentar la evidencia científica e incorporarla a la toma de decisiones a nivel central.
Para Andrea Rudnick, directora ejecutiva del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, “todo tiene un vínculo importante con la discusión de una nueva Constitución para Chile, porque la emergencia climática tiene que ser el telón de fondo de nuestra estrategia de desarrollo del futuro”. Añade, en esta línea, que el nuevo texto que salga de la Convención Constitucional debe responder a las metas que tiene el país al 2050, “porque implica profundas transformaciones. Implica dejar de consumir combustibles fósiles, implica llegar a cero emisiones netas antes del 2050, y eso significa tener una matriz 100 por ciento renovable, el sector transporte pasar a tener electromovilidad, dejar de consumir carbón, gas natural, diesel y gasolinas para el transporte, así como también transformaciones de los distintos sectores industriales”.
Puedes leer el boletín completo aquí.