Lo que llevamos del año 2021 ya ha marcado un lamentable récord: 23.673 personas han entrado a Chile por pasos no habilitados. La cifra representa un incremento explosivo en comparación con los años anteriores donde, por ejemplo, en 2010 ingresaron 415 personas, luego el 2015 lo hicieron 1.779, en el 2019 lo hicieron 8.048, el 2020 ingresaron 16.848, para llegar con la presente cifra récord sólo entre enero y julio de 2021 y que, según la Servicio Jesuita a Migrantes, hacen proyectar hasta fin de año un número histórico, sin precedentes y preocupante.
De estos ingresos, los que mayor incremento registran desde el 2019 corresponden a las personas provenientes de Venezuela y Haití, ambos países con crisis políticas y sociales de gran envergadura. En cuanto a las personas provenientes de Venezuela, en el 2018 se registraron 101 ingresos de personas por paso no habilitado (IPNH) y en 2021, sólo hasta julio, van 17.914, mientras que desde Haití se registraron 19 en 2018, llegando a 800 hasta el mes de julio. También llama la atención el número de ingresos de ciudadanos bolivianos en el primer semestre 2021.
Estos registros, construidos por el Área de Estudios del SJM a partir de los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) a través de Transparencia, sólo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la institución, pero no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos y permanecen “invisibles” para la institucionalidad y políticas del país, sin documentación. “Esa cifra, que no ha podido ser sujeta a medición, aumenta de la mano del incremento en las medidas restrictivas con expulsiones masivas e ilegales, como también por la falta de respuestas institucionales”, subrayan desde el Servicio Jesuita a Migrantes.
“Desde la experiencia del SJM y organizaciones sociales que abordan la situación de personas migrantes en situación de altísima vulnerabilidad, podemos decir con seguridad que ellas y ellos no caminan cientos de kilómetros desde sus países de origen “por gusto”; muchos, hoy abandonados con sus familia en terminales, calles o plazas en varias de nuestras ciudades, arriesgaron sus vidas para obtener seguridad y/o sobrevivir aquí y hoy buscan reunirse con familiares o encontrar trabajos. Si no enfrentamos esta situación, de manera directa, articulando respuestas regionales y coordinadas que den cauce a esta demanda humanitaria y ocupando los instrumentos que poseemos para el ingreso regular, sólo empeorarán las condiciones de vulnerabilidad y contaremos más personas migrantes fallecidas en el camino”, señaló Waleska Ureta, Directora Nacional de SJM.
Todos queremos una migración segura, ordenada y regular
Desde el SJM, aseguran que “para alcanzar una migración segura, regular y ordenada, como es deseo del país y del SJM, es necesario enfrentarla con medidas distintas a las expulsiones, que de manera efectista estigmatizan a las personas migrantes, disminuyen las autodenuncias en la PDI y empeoran la convivencia”.
“Como SJM, creemos que parte de las medidas inmediatas que es posible adoptar son aquellas que la actual legalidad entrega al Estado de Chile y que hoy no están subutilizadas: el otorgamiento de las Visas de Reunificación Familiar, las Visas de Responsabilidad Democrática y el reconocimiento del Refugio (especialmente para Venezolanos). Todas ellas permiten una migración segura, ordenada y regular”.
Según la organización, las visas consulares implementadas desde 2018 hasta hoy, han tenido una baja tasa de aceptación en cuanto al total de solicitudes. Si bien esto se ha intensificado con el cierre de fronteras debido al Covid-19 era algo que se venía dando con anterioridad. Así, a junio 2020, si bien la Visa de Reunificación Familiar para personas haitianas presenta un 84% de aceptación, la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos/as expone solo un 14% de aceptación. Las visas consulares de turismo para haitianos, presentan un 12% de otorgamiento en relación al total de solicitudes, y el que se comenzó a exigir desde junio 2019 a personas venezolanas muestra también un 12% de aceptación.
“A corto plazo, corresponde enfrentar la migración como un fenómeno que es permanente y de interés regional, utilizando las herramientas diplomáticas, para generar instancias de coordinación con las autoridades regionales y para compartir acciones conjuntas, de manera que se respeten los derechos humanos de todas las partes y se aborden las causas que están provocando la migración. Asimismo, es imperante que Chile adscriba al Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Urge que nos hagamos cargo, como ya lo ha hecho Colombia, de una situación humanitaria que afecta a otros países y que provoca una migración forzada que debe ser entendida como tal. Por último, y frente a la escasa información pública para dar una solución a las consecuencias de la migración irregular, instamos a que el Gobierno convoque a los actores locales a establecer soluciones de corto, mediano y largo plazo para abordar las situaciones humanitarias que conlleva esta migración irregular”, sentenció Waleska Ureta.
