Según los datos aportados por el Gobierno, fueron $218 millones de pesos los que se destinaron a la realización de una versión más austera de la Parada Militar. Casi el 40% de lo que se gastó en 2019, señaló el ministro Baldo Prokurica, quien además relevó el que el desfile de este 2021 buscaría homenajear a los funcionarios de salud.
Pese a lo anterior, la decisión del Ejecutivo fue severamente criticada por considerarla innecesaria en el contexto de crisis institucional y los graves hechos de corrupción que afectan a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Nuestro medio conversó al respecto con el exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y actual director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, quien analizó el complejo escenario que se vive al interior de la institucionalidad de las FF.AA. chilenas.
¿A qué atribuye la decisión del presidente Piñera de autorizar la Parada Militar en medio del clima de crisis institucional en que estamos inmersos y a solo días del fin del estado de excepción constitucional?
El presidente Piñera ha demostrado que no solo respecto de las FF.AA., sino de las policías, sus decisiones se basan en guiños a su base política. El envía señales a lo poco que le queda de apoyo y respaldo en el núcleo duro de su base político electoral que no supera el 30%. Creo que la decisión de permitir que se llevara adelante esta Parad Militar tiene que ver con ello.
Dicho eso, no me parece ni tan dramático ni extremo el hecho de que esta Parada Militar se haga de forma privada, mientras se mantengan los resguardos y en la medida que esto siga siendo un acto que se hace cada año y hasta que no haya una decisión contraria al respecto, no creo que haya un piso para decir que no se debe realizar este acto y sí otros. Lo que merecemos es un debate de fondo respecto de por qué las FF.AA. en este punto tan crítico que están viviendo junto a nuestras policías, pueden seguir haciendo actos de este tipo, pero en materia de aforo y circulación de personas no hay un debate que se sustente para criticarlo.
¿Cuánto habrá pesado el hecho de que esta es la última parada militar del Presidente?
Sin duda este ha sido un mandato tremendamente difícil para el presidente Piñera, muchas de sus grandes promesas se transformaron en sus grandes fracasos y no olvidemos que las FF.AA. están suscritas a la institucionalidad que debe velar por la seguridad, no en lo doméstico sino en una labor de defensa y seguridad nacional. Son esas instituciones las que permiten que el Presidente rescate lo poco y nada que le queda de apoyo político, no olvidemos que el Presidente pudo contar con las FF.AA. durante la excepcionalidad constitucional que se transformó en un tanque de oxígeno para gobernar. El presidente Piñera no hubiese podido gobernar sin la excepcionalidad constitucional de la que usó y abusó con tal de mantener el orden público, por lo tanto, no solo hay un elemento político electoral que tiene que ver con esa base dura del Presidente -que dicho sea de paso, sin ella pierde toda su base-, sino que también hay un simbolismo: las institución de las FF.AA. han garantizado la poca capacidad de gobernar que ha tenido el Presidente de la República durante estos años.
Hablemos de la controversia respecto del secreto del Informe Valech. ¿Cómo analiza usted las reacciones que ha dejado la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional del levantamiento parcial de este secreto?
El momento constitucional que estamos viviendo en Chile hace que tengamos estos debates que son tremendamente importantes y habían sido dejados de lado por mucho tiempo.
La discusión del rol que tuvieron las FF.AA. durante la dictadura y cómo evitamos que tanto ellas como las fuerzas policiales puedan ser parte de momentos tan macabros de este país, solo se da gracias a que tenemos una Convención Constitucional en pleno funcionamiento y, sobre esa base, hemos podido debatir tanto del Informe Valech como de toda la relación que tiene el Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Basta que una sola persona haya depositado su confianza en el Estado para dar una declaración o testimonio para justificar que ese trato, esa alianza no se tiene que quebrantar, esto no es un acto que se puede vulnerar, muchas víctimas no quieren ser traumatizadas. Tenemos que cuidarnos, eso sí, de que este tipo de debates se usen para seguir encubriendo y manteniendo el manto de protección que tenemos sobre nuestras fuerzas armadas y de orden y seguridad. En relación a esto, hay que tener una reflexión país sobre cómo vamos a asegurarnos que el Estado repare a las víctimas de violaciones a los DD.HH. que ocurrieron durante el estallido social, en las que se puede identificar con más claridad a actores policiales que fueron parte de esta brutalidad y practicas inaceptables en una democracia, pero también hubo participación de las Fuerzas Armadas en todo el despliegue que se hizo durante los momentos más críticos del estallido social. Una de las imágenes más fuertes que vimos en ese momento fue la presencia de militares en la calle por la incapacidad del Gobierno de gobernar el orden público y la seguridad. Es necesario que tengamos esas discusiones y más allá o la par del Informe Valech, vemos qué haremos con las víctimas de DD.HH que siguen viendo y conviviendo con sus victimarios.
Lo que tenemos que entender como país es que no podemos seguir avanzando y creciendo bajo la lógica de una parte de la centro derecha de no mirar para atrás, de no quedarse en el pasado y de no tener esos debates que dividen. Eso es solo una forma de esconder bajo la alfombra lo que les incomoda y no quieren que les recuerden. Tenemos que vivir en un país donde no solo ocurran los nunca más, sino que hay que reparar y evitar que efectivamente vuelvan a suceder.
La semana pasada supimos que el CDE decidió querellarse contra el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. ¿Cómo proyecta usted la situación del General (r) y la del mismo Ejército en este nuevo contexto de investigación?
Estamos viviendo un momento crítico para instituciones tan importantes para la democracia como son las FF:AA. y esto se acopla a los que se vive en Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pareciera que la clase política, la élite que gobierna y el mundo político en general no le toma el peso necesario para entender lo que puede significar un nuevo caso en que el CDE esté arriba de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad. La fragilidad que un Estado democrático tiene cuando estas instituciones tiemblan es algo que hemos visto en países que parecen lejanos, pero hoy esta crisis nos debería hacer reflexionar sobre el momento político que vivimos y cómo particularmente el gobierno actual, que hizo de la seguridad su gran promesa y se transformó en su gran fracaso tras dejar de gobernar, tras depender de un estado de excepción constitucional para ejercer su labor, nos va a entregar un país más debilitado, inseguro, con más temor, un país donde nos matamos más, donde incluso instituciones como las FF.AA. han participado de hechos de corrupción teniendo relación directa con carteles de narcotráfico o tráfico de armas.
Lamentablemente lo que hemos visto es que el presidente Piñera no ha tomado ni va a tomar la decisión de gobernar. No la tomó cuando tuvo apoyo político y académico transversal para reformar Carabineros y optó por hacer cambios cosméticos, ni tampoco cuando tuvo la oportunidad de diseñar un Ministerio del Interior que estuviera al servicio de la protección de las personas y no de seguir gestionando el populismo de mano dura. Al parecer tampoco lo hará al momento de entrar de forma decidida en los cambios necesarios en estas instituciones, entonces, no solamente la responsabilidad sino que el imperativo político estará sobre la próxima presidencia que tendrá como gran desafío actuar sobre las instituciones que tienen el mandato de la seguridad y el orden, sino que también de recuperar el espacio perdido en seguridad. El narcotráfico ha aprovechado ese espacio y lamentablemente Piñera nos entregará un país más atemorizado e inseguro, pero por sobre todo, con un gran nivel de fragilidad que esperamos la próxima presidencia pueda revertir con capacidad para liderar el país en este ámbito.
