En la última sesión del pasado martes y por siete votos a favor, uno en contra y una abstención, el Concejo Municipal de Valdivia decidió revocar el título de “Ciudadano Ilustre” que Augusto Pinochet ostentó desde 1978 a través del decreto 378 firmado el 16 de junio de 1976. Mientras que su viuda, Lucía Hiriart, fue despojada del título de “Hija Ilustre” concedido en 1983 por el decreto 543 firmado el 26 de julio de ese año.

Entre los argumentos que entregó el Asesor Jurídico del municipio, Cristián Oñate, destaca una cita del informe Valech, donde se explica que “la tortura ejercida en el régimen militar definida e impulsada por las autoridades de la época. En el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos y dictó decretos, leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo explícito algunas veces y casi siempre implícito del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la dictadura”, señala el texto.

A través de redes sociales, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, explicó que la revocación se enmarca en los “gestos necesarios para construir una real democracia desde sus cimientos”, y la decisión del municipio de la capital de Los Ríos se une al Concejo Municipal de Temuco que, hace un mes, quitó los títulos entregados a los Pinochet-Hiriart a través de un decreto del 30 de octubre de 1976.

En ese contexto, el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Sergio Grez, considera que la decisión debe ser aplaudida y replicada en otros espacios de todo el país.

“Me parece una medida acertada que se suma a otras adoptadas anteriormente por distintos municipios y diversas entidades del país, en el sentido de sanear los espacios públicos de todo signo de glorificación de la dictadura y de violadores a los derechos humanos. Chile está plagado de signos de este tipo que es necesario erradicar. En los últimos años, hemos avanzado un poco pero falta mucho por hacer. Esta es una medida de saneamiento moral, político y medioambiental. No es posible que una sociedad que se dice o pretende ser democrática glorifique el nombre, la acción, de personajes que son universalmente conocidos como violadores sistemáticos de los derechos humanos y, en este caso, además de golpista, dictador y saqueador de los recursos fiscales”, expuso Grez en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Además, el historiador es parte de “Ciudadanos por la Memoria”, un colectivo formado en 2013 en las vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1973, que inició las gestiones con el entonces Concejo Municipal de Providencia para cambiar el nombre de la Avenida 11 de Septiembre, y que producto de movilizaciones, presión ciudadana y recolección de firmas, permitió el cambio por Nueva Providencia.

“‘Ciudadanos por la Memoria’ ha emprendido muchas acciones, algunas exitosas, otras que aún no han logrado su objetivo. Entre las exitosas habría que agregar, además de la anterior, el cambio de nombre de una pequeña calle en las cercanías de La Moneda que, hasta hace algunos años, se denominaba como Almirante Gotuzzo, uno de los ministros de la dictadura, que fue sustituido por el nombre de la educadora Amanda Labarca”, contó.

Entre otras acciones, el colectivo gestiona el cambio de nombre de calles ubicadas en la comuna de Macul que glorifican el nombre de un carabinero y un miembro del Ejército fallecidos el 11 de septiembre de 1973 durante el asedio a La Moneda. Más recientemente, también busca cambiar el nombre de la villa Presidente Pinochet ubicada en la comuna de El Bosque, proceso que se vio interrumpido por el estallido social y después por la pandemia del Coronavirus.

“También hemos emprendido otras acciones, pero que aún no han rendido sus frutos, como la destinada a erradicar el monumento al golpista, violador de derechos humanos e integrante de la Junta Militar de Gobierno, el autodesignado almirante José Toribio Merino, estatua que está en los jardines del Museo Marítimo y Naval de Valparaíso, pero nos hemos encontrado con una férrea resistencia de la Armada que se niega a realizar esta acción. Resistencia que, lamentablemente, ha contado con el apoyo o el silencio cómplice de los distintos gobiernos de turno”, explicó el historiador.

“Todos estos signos de glorificación de las acciones de violadores de derechos humanos están en abierta contradicción con el empuje democratizador que viene desde abajo, de la sociedad nacional, y cobró particular fuerza a partir de octubre de 2019 y, evidentemente, estas acciones de glorificación de estos personajes y de sus acciones están también en abierta contradicción con la esperanza de la mayoría de la sociedad chilena, de contar con un sistema político y una sociedad efectivamente democratizada, como es lo que se pretende realizar a través de una constitución gestada democráticamente y que asegure un mecanismo de participación democrática. Por lo tanto, la lucha por erradicar estos signos del espacio público es una lucha absolutamente coherente con esta perspectiva democrática que representa a la mayoría de la ciudadanía”, cerró Grez.