La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como “documentos Pandora” o “Pandora Papers”, ha puesto en cuestionamiento la información conocida por el Presidente Piñera en la compraventa de la minera Dominga en 2010, realizada entre su familia y Carlos Alberto Délano, con el adicional posible conflicto de intereses en la bajada del proyecto Barrancones. Lo anterior llevó al Fiscal Nacional Jorge Abbott a instruir una investigación a la unidad anticorrupción del Ministerio Público en orden a determinar la existencia de delitos tributarios, negociación incompatible y un eventual tráfico de influencias.
La investigación ordenada por el propio Fiscal Abbott pretende indagar sobre la ocurrencia de eventuales delitos y así determinar si es posible iniciar una investigación penal de oficio, esto es, sin que se presente una denuncia o querella.
Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la decisión del Fiscal Nacional y aseguró que ello es una muestra que en Chile las instituciones funcionan. Además, afirmó que esto va en la misma línea que ha planteado el propio Presidente Piñera en cuanto a esclarecer por todas las vías necesarias que no existió delito y que su proceder no tiene cuestionamiento penal.
“Me parece correcto que el Fiscal Nacional pueda dar certeza a la ciudadanía que esa investigación se llevó adelante con total exhaustividad, que ese sobreseimiento, además fue apelado ante la Corte de Apelaciones, que unánimemente determinó que el sobreseimiento definitivo era ajustado a derecho”.
“La resolución dice muy claramente que los hechos que allí se describen no serían constitutivos de delito, que se acreditó la inocencia de quienes estaban imputados y además que no se prevé en el futuro que esos hechos podrían ser constitutivos de delito”, agregó el subsecretario.
En entrevista con nuestro medio, el abogado Fernando Monsalve, quien patrocinara la querella presentada por el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC) por la compra de acciones a la pesquera peruana Exalmar en medio del litigio en La Haya, habiendo hecho uso de información privilegiada para acceder a un mayor rédito, explicó que en el marco de tal investigación ya existía la arista Dominga, sin embargo, ahondar en esos hechos fue desestimado por el fiscal a cargo, Manuel Guerra.
“La prensa ha hecho el trabajo que debió hacer la Fiscalía Nacional, específicamente el fiscal Guerra de la Fiscalía Oriente: investigar”.
“En ese sentido tengo absoluta certeza que en el proceso judicial no se investigó, el fiscal Manuel Guerra no quiso investigar con exhaustividad el caso Exalmar y de ese caso derivaban varias aristas y una de ellas era Minera Dominga. Nosotros el 20 de marzo y el 27 de junio de 2017 solicitamos diligencias, las que reiteramos y ampliamos porque entendíamos que podía existir una configuración de delitos respecto de la familia y del mismo Sebastián Piñera, pero el fiscal Guerra no dio lugar a esas diligencias”.
Consultado sobre los dichos del subsecretario Juan Francisco Galli, Fernando Monsalve señaló que es una declaración muy en el estilo de esa autoridad, pero que carece de veracidad.
“El subsecretario Galli acostumbra dar estas declaraciones incendiarias y sin sentido respecto de que el sobreseimiento habría dicho relación con minera Dominga y eso es falso. En la argumentación, tanto de Fiscalía, del abogado defensor Juan Domingo Acosta como del Tribunal se señaló que la diligencia solicitada respecto de Minera Dominga no era conducente y tendría fines netamente dilatorios. Eso quiere decir que nunca se hicieron, no que se llevaron a cabo y dieron cuenta de la ausencia del delito”.
Respecto de las declaraciones del Presidente el lunes en La Moneda en las que se expresó de manera similar a cómo lo hizo en 2017 señalando que se desligó “absoluta y totalmente” de todas sus empresas y que ni él ni nadie de su familia tiene “sociedades de inversión constituidas en el extranjero”, el abogado Monsalve indicó que no esperaba nada distinto de parte del Primer Mandatario.
“Es Piñera, no espero mucho más. Como cualquier imputado él tenía derecho a guardar silencio o a decir lo que quisiera, no necesariamente a decir la verdad, menos si no se le pregunta. En este caso específico, cuando declaró, ni siquiera se le preguntó por Dominga, no hubo contrainterrogatorio, nosotros no estuvimos presentes, no declaró ante un juez, por lo tanto, lo que dijo es parte de su defensa”.
En cuanto a las actividades indagatorias encargadas a la Unidad anticorrupción del Ministerio Público por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, Monsalve explicó que podrían configurarse eventuales delitos tributarios, de negociación incompatible y de tráfico de influencias e incluso una posible conducta elusiva de impuestos de parte del Presidente de la República.
“Los delitos por los que se investigó a Sebastián Piñera son complejos, primero porque si hay información privilegiada o negociación incompatible hay que buscar el conocimiento que tenía de que iba a pasar tal o cual circunstancia, en este caso una resolución administrativa o un acto público. Si teniendo conocimiento de eso, realizó algún negocio o acto comercial, por ejemplo, si se sabe que Barrancones o Dominga será declarado santuario de la naturaleza y se venden las acciones de esa propiedad antes que salga la resolución por haber tenido acceso a una información que el resto del público no tiene, si la venta se hizo a diez pesos y luego de la resolución las acciones valen cero peso, porque con la declaración de santuario de la naturaleza ya no se puede hacer el negocio”.
“Es por eso que esos casi 10 millones de dólares dependen de si se mantiene o no la posibilidad de hacer el negocio y esa es información que podría tener eventualmente la familia Piñera y con ella hacen un negocio y lo peor es que también con eso podrían dar o no visto bueno al proyecto Dominga. Si mantienen la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la minera Dominga, entonces ellos reciben un tercer pago, porque no se sabe aún si eso está pendiente”, agregó.
El abogado penalista dirigió serias críticas al actuar del fiscal encargado de dirigir la investigación del caso Exalmar, Manuel Guerra.
“Nosotros teníamos indicios serios y se lo señalamos al fiscal Guerra en su oficina, de que Sebastián Piñera habría ido durante su mandato a las oficinas de Bancard, donde se hacen los negocios. Para averiguar eso había que citar a la escolta presidencial, brindarles seguridad y secreto, pero no se hizo. Con una investigación así malamente se puede acreditar un delito”.
Consultado por las expectativas de que la actuación de la Unidad Anticorrupción derive efectivamente en una indagatoria formal, el abogado se manifestó pesimista del resultado.
“No tengo ninguna confianza de lo que va a salir de la Fiscalía, estoy casi seguro que en un par de semanas dirán que no hay nuevos antecedentes y que no se va a perseverar. Si me sorprenden, no tengo ninguna duda que me haré parte, pues lo que se debiese investigar es la existencia de delitos como negociación incompatible o uso de información privilegiada, pero dado lo que hemos visto, es difícil que con este Fiscal Nacional podamos encontrar justicia para todos igual. La presunción de inocencia para Piñera y los poderosos es muy distinta que para el 99% del país”.
Respecto de las diferencias entre lo que se sabe ahora y lo que supo en 2017 por el caso Exalmar, el abogado litigante señaló que la principal es el estado de alerta en el que se encuentra la sociedad chilena.
“El país ya no aguanta esa desigualdad de trato propia del fiscal Guerra y otros fiscales que tienen a centenares privados de libertad, sin respetar el principio de inocencia, mientras con otros hay otro trato. Lo del fiscal Guerra hay que mirarlo en el contexto del minuto en que pasó, con impunidad absoluta tanto en lo comunicacional como en lo administrativo y jurídico, algo que hoy no podría hacer. La muestra mayor de esa desfachatez es donde está trabajando ahora: para municipalidades con banderas políticas de este gobierno. Los hechos dicen mucho más que las palabras”.
A modo de reflexión final, Fernando Monsalve se refirió a lo positivo de que este tipo de noticias se sepan en medio de un proceso deliberativo colectivo a través de la Convención Constitucional.
“Si alguien no había tenido en consideración la necesidad urgente de cambiar la justicia de este país, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, hoy está la muestra que es una de las cosas más importantes a tratar y discutir. Ahora la oportunidad está ahí y eso es muy importante”, concluyó.
