Este martes el Diario Oficial publicó la Ley de Monitoreo Telemático que habilita a los Tribunales de Justicia a decretar el uso de tobilleras electrónicas en aquellas personas formalizadas por violencia intrafamiliar. El objetivo de la norma es precaver que quienes estén siendo investigados luego de una denuncia por agresión puedan acercarse nuevamente a sus víctimas.
El uso de estos instrumentos de vigilancia remota ya estaba vigente en nuestro país, pero solo para quienes tenían condena. Con la nueva normativa, tanto los Tribunales de Familia como los Penales podrán ordenar el uso de la tobillera antes de la condena y mientras se desarrolla el juicio, es decir, luego de la formalización del presunto agresor.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la titular de la cartera de Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, explicó en qué consiste esta nueva legislación, los respaldos que entrega a las mujeres para que puedan denunciar y también abordó las críticas de las que ha sido objeto su ministerio por parte de las organizaciones feministas.
¿Qué significa para este Ministerio la promulgación de la ley de monitoreo telemático?
Políticamente esto es una demostración del compromiso que como Gobierno tenemos en el tema de la violencia contra las mujeres. Estamos reforzando nuestro compromiso de tolerancia cero de la violencia hacia las mujeres y, en lo personal, como integrante de este equipo, esta ha sido una semana de gran felicidad porque hemos dado pasos trascendentes en la Agenda Mujer, pues uno de sus pilares es erradicar la violencia de género.
Si se miran los indicadores actuales, nos damos cuenta que no hemos sido capaces de mover la aguja y se han hecho enormes esfuerzos, pero seguimos estancados con un número de mujeres cuyas pérdidas lamentamos porque no hemos sido capaces de llegar a tiempo.
¿Cuáles son, según su percepción los avances que se han logrado en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres?
Se ha avanzado en atención y reparación para aquellas que sobrevivieron, pero estamos al debe en prevención y esta ley es importante en esa materia. La evidencia nos muestra que una de cada cinco mujeres que han sido víctimas de femicidio murieron en manos de un hombre que tenía medidas cautelares de no acercamiento y las incumplió.
Tenemos que tener muy claro y ser responsables en que es inviable que un país vaya a tener un carabinero por agresor, en cambio usar estas tecnologías nos permite monitorear al agresor, proteger a la mujer y prevenir una situación que podría ser lamentable. Ahora podremos dar certeza a la víctima que si ella denuncia, seguimos adelante un proceso judicial y vamos a lograr que ese hombre pague. Sin embargo, el problema que tenemos es que las mujeres no denuncian porque no creen en el sistema y los pocos hombres que son denunciados amenazan a las mujeres mientras está en proceso el juicio y, en muchos casos, las matan.
¿Cuáles son los requisitos para la utilización del monitoreo telemático?
Hoy se usa en caso de condena, porque la tecnología ya está en funcionamiento. Pero en el caso de la violencia contra la mujer, si se usa cuando el agresor ya está condenado, llegaste tarde porque seguramente ese hombre condenado mató a alguien. El paso trascendental que estamos dando es que se podrá usar en casos de hombres que estén formalizados, por lo tanto, solo podrá ser determinado por un juez o una jueza. Sin denuncia y sin proceso judicial es imposible poner la tobillera. Ya se está construyendo una pauta de riesgo por parte de un comité integrado por todos los actores relevantes de las instituciones que juegan un rol en la Violencia Intrafamiliar: Fiscalía, PDI, Carabineros y Poder Judicial, la que está liderada por este Ministerio y que será permanente en orden a monitorear esto. Con esa pauta se podrá evaluar si los portadores de las tobilleras son o no personas de alto riesgo o con perfil sicópata.
¿Cómo enfrenta las críticas de las que ha sido objeto el Ministerio por parte de las organizaciones feministas en orden a no hacer uso de las facultades que entrega la ley Gabriela?
Nosotros, como Ministerio y a través de Sernameg, tomamos contacto con todas las mujeres que sabemos que son víctimas o que nos llaman directamente, pero para hacernos parte de un juicio necesitamos la autorización de la víctima y por eso es tan importante la ley de violencia integral, porque en ese caso ya no se necesitará esa autorización de la víctima o de su familia, sino que como Ministerio podremos hacernos parte de un juicio o querella. Cuando no hemos sido parte es porque no hemos logrado que la víctima o los familiares no nos han permitido serlo.
¿Cuál es el alcance territorial y cómo se financia este proyecto de monitoreo telemático?
En Chile la mayor parte del territorio nacional tiene acceso a internet y esta ley tiene un presupuesto que se implementará gradualmente. Yo me atrevería a decir que esto va a ser útil en un 80% de los casos. La ley está acompañada de glosa presupuestaria y, a partir de abril del 2022, los Tribunales de Familia contarán con tobilleras para definir ponerlas cuando así amerite.
En cuanto al despacho a ley del proyecto de registro de deudores de pensiones alimenticias, ¿cuál es el real impacto de esta medida?
Cuando el Presidente me invitó a liderar este Ministerio, una de las primeras reuniones que tuve fue con jueces de Tribunales de Familia y me contaron que en estos últimos diez años se había acentuado el problema de las deudas de pensiones alimenticias y que la cultura del incumplimiento estaba instalada en nuestro país. Con el retiro del primer 10% Chile entero pudo visibilizar este drama que yo conocía desde mi experiencia como parlamentaria. Por eso es que en conjunto con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, invitamos a una mesa transversal de parlamentarios que hubiese presentado mociones en esta línea, a la Academia, al Poder Judicial y pusimos sobre la mesa evidencia comparada de cómo se resuelve este asunto. Por ejemplo en Canadá si se tiene deudas por la manutención de los hijos no se puede renovar la licencia de conducir, que es el documento de identificación allá. Este es un problema social y cultural del que el Estado debe hacerse cargo pues tiene una connotación social muy importante, luego de siete semanas de trabajo presentamos este proyecto que es la ley que se despachó el martes, en tiempo récord y eso es algo que valoro mucho. En el fondo, esta nueva ley facilitaría el pago de pensiones, porque con lo que hay hasta ahora que implica enviar a los deudores a la cárcel no se resuelve el problema, porque en la cárcel no trabaja y no genera ingresos.
Esta ley se hace cargo de una injusticia y da una señal clara a la sociedad: debemos dar valor a la responsabilidad parental. Los padres y madres deben hacerse cargo de los niñas y niñas, este es el desde para avanzar en corresponsabilidad porque la realidad es que muchas mujeres crían solas y mantienen solas. Espero que esto marque un antes y un después, porque como sociedad nos debiera avergonzar que haya hombres que pudiendo pagar, no lo hagan.
