En medio de una semana compleja Para el presidente Sebastián Piñera tras la publicación de los Pandora Papers, diputados oficialistas informaron que analizarán la opción de respaldar la acusación constitucional contra el mandatario anunciada por la oposición.

El libelo, impulsado desde la DC hasta el Partido Comunista, se enmarca a propósito de la investigación periodística, que contó con la participación de Ciper y LaBot, en la que se dio cuenta de los vínculos del jefe de Estado en la compraventa de la Minera Dominga de parte de su amigo empresario Carlos Alberto Délano, cuya transacción se realizó en las Islas Vírgenes Británicas y que el último pago estaba sujeto a una cláusula que condicionaba que el sector donde se emplazaría el proyecto no fuera declarado como zona de exclusión.

Según consignó La Tercera, la acusación constitucional cuenta con 83 respaldos, por lo que sería visado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados; sin embargo, en el Ejecutivo esperan que la iniciativa sea rechazada en el Senado, donde se requiere de la aprobación de un quorum de 2/3, es decir, de 29 senadores.

Con todo, fuentes de Palacio reconocieron que esto “abre un flanco” en la Cámara Baja, puesto que diputados de Chile Vamos se mostraron abiertos a estudiar el libelo.

Uno de ellos es el diputado de Renovación Nacional Leonidas Romero, quien señaló sobre las explicaciones del mandatario “no creí prácticamente nada de lo que dijo” y agregó que “solicité una audiencia, una reunión con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos para que me explique cuál es el daño patrimonial de nuestro país al realizar fuera de Chile un negocio de la naturaleza que se realizó con tantos millones de dólares”.

“Una vez que tenga esos antecedentes y otros que estoy solicitando, tomaré la decisión y, si hay méritos para aprobar, aprobaré, y si no encuentro los antecedentes, lo rechazaré. Pero hoy día estoy recabando la información porque creo que lo que se está comentando es gravísimo”, expresó.

Asimismo, ante la posibilidad de que la colectividad tome acciones contra los parlamentarios que decidan apoyar el libelo,  sostuvo  “que me envíen una vez más al Tribunal Supremo la verdad es que no me preocupa mucho, si el partido no puede sancionar a quienes estén haciendo el trabajo (…) Yo no estoy cometiendo ninguna irregularidad, al contrario, estoy actuando en forma muy responsable”

Lo anterior, considerando que el diputado Leonidas Romero ya fue enviado en una ocasión a la instancia, tras confirmar su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast y no al abanderado de Vamos por Chile, Sebastián Sichel.

Se mostró también en reflexión el diputado Andrés Celis.

En ese sentido, el legislador comentó que “uno tiene que ser serio y responsable cuando se pronuncia ante la presentación de una acusación constitucional y, por cierto, si en la presentación se incorporan nuevos antecedentes que sean graves, serios, delicados, fundados y que digan relación con el actual período del Presidente de la República, no puedo descartar que vote a favor de la acusación constitucional”.

Mientras en la oposición, el diputado democratacristiano, Gabriel Silber, manifestó que “desde la oposición estamos trabajando con la acuciosidad y la seriedad que el caso amerita. Estamos haciendo una acusación contra la primera magistratura de la nación y, en consecuencia, ésta debe tener peso desde el punto de vista jurídico de sus argumentos tanto para generar convicción en la opinión pública, respecto al mérito y sentido de esta acusación, como también en nuestros colegas del oficialismo a la hora de votar”.

Por ello, dijo que “esperamos que no existan defensas corporativas, que se escuchen los argumentos que vamos a exhibir a partir de la próxima semana cuando ingresemos esta acusación y, en consecuencia, pedir también independencia a los diputados a la hora de votar con libertad y pensando en el país ante todo”.

De aprobarse esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en el Congreso, la autoridad quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

Además, a este libelo se le suma la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de abrir una investigación penal de oficio por la compraventa de la Minera Dominga, caso que podría revestir eventualmente los delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias, tal como lo informó la vocera y directora de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.