En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, se refirió al segundo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019 y la deudas que existen en materia de Derechos Humanos.

Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta conmemoración, el abogado señaló que “estamos en presencia de un día histórico donde se recuerdan dos años de la revuelta social y donde se da inicio a escribir un texto que de cuenta de la nueva convivencia democrática que anhelamos como pueblo chileno”.

En esa línea, Carlos Margotta agregó que “el balance que nosotros hemos hecho de estos dos años es poco alentador. Si analizamos las razones que llevaron a la revuelta social encontramos que las grandes demandas siguen siendo incumplidas. Es verdad que se inició un proceso constitucional que valoramos y reconocemos, pero mientras eso ocurre, todavía sigue vigente una constitución impuesta a la fuerza por la dictadura de Pinochet y se sigue desconociendo los derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, a la seguridad social, etc.”.

Respecto de la labor de la Convención Constitucional al respecto, el abogado Carlos Margotta sostuvo que “creemos que tiene una oportunidad histórica para dar cuenta y recoger esos justos anhelos y demandas que se hicieron sentir, multitudinariamente, a partir de octubre de 2019 y se consagre, de esta forma, en el nuevo texto constitucional”.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos recalcó que “efectivamente los DD.HH. no son solo el derecho a la vida, la libertad física y la libertad personal, sino que un conjunto de otros derechos que tienen que ver con las vidas cotidianas de las personas como la posibilidad de tener acceso a la salud, a la vivienda, la educación, a una pensión digna etc. y eso está totalmente pendiente. Hay una confianza de que la Convención pueda recoger esas demandas, pero de momento, a dos años de la revuelta ninguna de esas demandas que se expresaron en la calle ha sido satisfecha“.

El abogado Carlos Margotta tuvo palabras también para las dudas que existen respecto de si la Convención podrá avanzar en un texto que sea garante de derechos. En ese sentido, el presidente de la CChDH señaló que “estamos en presencia de un orden social, político y económico que está por morir o es lo que pretende mayoritariamente el pueblo de Chile y, por otro lado, un nuevo orden que todavía no termina de nacer, por lo tanto, hay una tensión permanente que se va a expresar en la Convención Constitucional”.

En esa línea agregó que “los sectores defensores del status quo, que votaron por el rechazo están tratando de horadar la legitimidad de la Convención Constitucional a objeto de que no avance en el sentido de recoger las justas y legitimas demandas del pueblo chileno. Nosotros hemos planteado que la Convención, más allá de estas tensiones, tiene  la obligación de cumplir todas las disposiciones que están consagradas en los distintos tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado chileno ha suscrito y ratificado“.

Precisamente, respecto del cumplimiento de los tratados internacionales y las diferencias de consideración que existen respecto del respeto de los tratados comerciales firmados por nuestro país, el abogado Carlos Margotta afirmó que “se tiene que rediseñar un nuevo modelo económico que, por supuesto, tiene que ser un ejercicio soberano que responda a estos intereses mayoritarios y si los tratados comerciales que Chile ha suscrito y ratificado atentan contra ese ejercicio soberano y los intereses de las mayorías, sin lugar a dudas soberanamente el pueblo de Chile tiene todo el derecho y el deber de revisarlos”.

“Nosotros tenemos una opinión crítica respecto de los tratados y efectivamente creemos que constituyen un obstáculo para el respeto de los Derechos Humanos de las grandes mayorías nacionales y del debido resguardo de cada uno de los intereses de los habitantes de este país”, agregó Margotta.

Respecto de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto del estallido social y el poco avance judicial en la materia, el presidente de la CChDH recalcó que “este tema tiene que ser abordado desde las frías y cifras y los números oficiales señalan que se produjeron 32 muertes asociadas al estallido social, 3.765 heridos, 951 torturados, 195 mujeres agredidas sexualmente en recintos policiales, 465 víctimas de trauma ocular, dos personas cegadas por disparos de carabineros y centenares de presos de la revuelta donde hay un número significativo de personas que siguen en esa condición”.

En contraste, señala el abogado Carlos Margotta “la respuesta de los organismos encargados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las víctimas de la política de violación masiva, grave y sistemática de los Derechos Humanos aplicada por este gobierno para detener la protesta social, no ha cumplido con su deber“.

Por lo mismo, Margotta sostiene que “la represión ha continuado. Hemos podido constatar que todos los viernes la represión policial continúa y con graves incumplimientos de los protocolos del uso de la fuerza y esto desoyendo las recomendaciones que hizo en su momento los distintos informes de las organizaciones internacionales que se apersonaron en Chile y particularmente al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Finalmente, el representante de la CChDH enfatizó en que “dos tercios de esas recomendaciones han sido desoídas total y completamente y una de las cuales tiene que ver con el uso de la fuerza que seguimos viendo en las calles, con ataque a los medios de comunicación independientes, brigadas de salud y manifestantes. En lo central, la represión policial continúa y el gobierno sigue aplicándola sin atención de las recomendaciones internacionales”.