Una segunda sesión de audiencias realizó esta mañana la Comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a modo de alimentar el informe que debe emanar la instancia para efectos de despachar, con su aprobación o eventual rechazo, el líbelo acusatorio a la Cámara de Diputados y Diputadas.

A esta jornada fue convocada la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; los ex jefes de esa cartera, Marcelo Mena y Marcela Cubillos; la vicepresidenta de la ONG Oceana, Liesbeth Van Der Meer; el Director de National Geographic, Alex Muñoz y el Director Nacional de Green Peace, Matías Asún. Sin embargo, los últimos tres invitados junto a la actual convencional constituyente de Vamos por Chile no participaron hoy en la Comisión por incompatibilidad de agenda. Por su parte, Muñoz solicitó la posibilidad de exponer en otra audiencia de la instancia.

Quien desestimó su participación definitiva del proceso revisor fue el ex fiscal a cargo del caso Exalmar, Manuel Guerra. Por medio de una carta remitida a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, el ex persecutor señaló como poco oportuno referirse a una investigación cerrada, en atención al proceso que lleva adelante el Ministerio Público.

“No es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del Señor Piñera Echenique, la cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es objeto de la actual indagación por la Comisión de la Honorable Cámara de Diputados, no pareciendo adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza“, sostuvo Guerra en la misiva.

A eso agregó que “en cuando a la investigación penal actualmente en curso, no me corresponde emitir comentarios ni opiniones respeto del trabajo que lleva adelante la señora Fiscal Regional de Valparaíso, la cual se refiere además a eventuales delitos tributarios, de soborno y cohecho, todos distintos a aquellos que me correspondió investigar“.

Una determinación que provocó la molestia de los legisladores presentes en la instancia. Tras la lectura de la carta, el diputado a cargo de la defensa del libelo acusatorio en la Comisión, René Saffirio, sostuvo que “llama profundamente que el señor fiscal, el señor Guerra, no concurra a la Comisión para no emitir opinión respecto a procesos que están en marcha o que hayan sido materia de investigación por su parte, pero que sí lo haga a través de la prensa“, criticó.

En esa línea el diputado Leonardo Soto lamentó que la Comisión no pueda contar con todos los antecedentes y testimonios que ayuden a despejar las actuaciones del Presidente de la República, particularmente los insumos que podría haber aportado el ex fiscal en la medida que parte de los hechos que fundamentan la acusación estuvieron radicados en el Ministerio Público, en la investigación que él tuvo a cargo.

“Nos parecía del todo interesante e importante que (Guerra) hubiera entregado su testimonio respecto a qué se investigó, quiénes declararon, qué antecedentes se tuvieron a la vista en el procedimiento, si fue interrogado directa o indirectamente o por escrito al Presidente de la República, si se revisaron sus cuentas corrientes, sus correos electrónicos, los de su familia, que son los antecedentes que uno esperaría que hubiera utilizado la justicia si es que dice que esto ya se investigó, pero lamentablemente por razones inexplicables, porque hoy día él no tiene ningún impedimento, son hechos pasados, no afectan a nadie, ha decidido restar su testimonio produciendo un problema importante en la Comisión”, subrayó.

Zanjado el tema, la comisión escuchó la alocución de la jefa de la cartera de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien entregó antecedentes de la aprobación de Dominga dando cuenta de los cinco recursos de reclamación que se hicieron llegar al Comité de Ministros luego que la Comisión Ambiental de la Región de Coquimbo rechazara el proyecto el año 2017, uno proveniente del titular de la empresa y otros cuatro de observadores ciudadanos.

“El Comité de Ministros el año 2017 resolvió en votación muy dividida rechazar la reclamación del titular y acogió parcialmente los recursos de los observantes de la participación ciudadana, manteniendo el rechazo al proyecto de Dominga”, relató.

La mesa de ministros, recalcó la secretaria de Estado, fue bastante controversial en cuando devino en la renuncia del ministro de Hacienda de la época, Rodrigo Valdés, del Subsecretario, Alejandro Micco y del ministro de Economía, Luis Céspedes. Dicha resolución fue reclamada ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta y el 27 de abril del 2018 la instancia acogió la reclamación del titular, estableciendo problemas en la forma de la evaluación realizada por el Comité de Ministros y revocando su rechazo.

Con el fallo de la Corte Suprema en septiembre del 2019 que acoge los recursos de los observantes ciudadanos, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó retrotraer la evaluación del proyecto. Por este motivo es que Schmidt señaló que la COEVA de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse respecto al proyecto de Andes Iron al presentarse una solicitud de cumplimiento de la sentencia.

Carolina Schmidt. 

“¿Por qué el apuro? Que es algo que me han preguntado si todavía existían otros recursos frente a la Corte Suprema y aquí quiero ser muy clara: la Comisión Regional de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto de Dominga ya que se vencían los plazos legales para ello, al haber sido solicitado formalmente el cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Ambiental (…) Las partes involucradas no presentaron una solicitud de suspensión de cumplimiento del fallo que hubiese sido la única forma de eximir al COEVA regional de la obligación de pronunciarse hasta que se revisaran las nuevas reclamaciones de la Corte Suprema”, sostuvo.

Posteriormente, el exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, expuso frente a los diputados y diputadas entregando un detalle pormenorizado de los avances en materia de protecciones de zonas marítimas realizado bajo la administración de la ex mandataria. No obstante, en relación al polígono que circunda la comuna de La Higuera, señaló que si bien hubo un acuerdo en el Consejo de Ministros para aprobar el decreto que protegía la zona, entre los gabinetes de Estado no se llegó a consenso.

“El ministerio de Economía quería proteger una fracción menor y no queríamos aprobar algo que no protegiera realmente la zona y dejamos para el próximo gobierno este proceso, entendiendo también que habiendo sido incluso firmado, se podría haber terminado el trámite al retirar de Contraloría y modificar el decreto como ocurrió en otros casos”.

Marcelo Mena. 

En lo relativo a Dominga, Mena sostuvo que el proyecto siempre tuvo observaciones de carácter estructural emanadas por Conaf, por la Subsecretaria de Pesca y el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile (SHOA) lo que finalmente permite que el Servicio de Evaluación Ambiental califique desfavorablemente el proyecto.

“En el momento que el gobierno no defiende el actuar del Comité de Ministros, tácitamente muestra su apoyo al proyecto Dominga y por tanto dejó en esa decisión en desamparo a las comunidades y quienes tuvieron que defender los recursos de casación posteriores y ante el Tribunal Ambiental, el rechazo de Dominga como tal”, criticó.

En lo referido al acuerdo de Escazú, a juicio del ex ministro, la no suscripción del pacto no guarda mucha relación con lo sucedido en torno a Dominga. No obstante criticó la “tremenda contradicción del gobierno” al no ratificar la iniciativa que promovió en la comunidad internacional regional. “Sólo los Trump y los Bolsonaro hacen giros en 180 grados en política exterior”, concluyó.