El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es uno de los líderes regionales que ha saltado a la palestra producto de los Pandora Papers, por lo mismo, ha sido convocado nuevamente a comparecer -luego de negarse el 20 de octubre a una primera cita- ante la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso ecuatoriano, dominado por la oposición.

El mandatario ecuatoriano envió el miércoles una carta notificando las razones de su ausencia. “Lo que el presidente está diciendo a los miembros de la comisión es que él está dispuesto a entregar la información, pero después de que se tengan todos los elementos del juicio por parte de la Comisión de Garantías, cuando terminen las comparecencias. De forma tal que no hay una negativa tajante en entregar la información, él está señalando el momento en que debería hacerlo”, detalla la presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y exsecretaria general de la Asamblea Nacional, Libia Rivas.

Sin embargo, subraya, “hay que considerar que la Asamblea Nacional no se puede dejar de reconocer, que en el ámbito de la fiscalización y control político, la Asamblea Nacional tiene plenas facultades para solicitar la información al mandatario”.

Alta conflictividad

Además, “el problema es que en Ecuador estamos en una situación de conflicto como resultado del trámite de un proyecto de ley que ha derivado en una amenaza por parte del presidente de la República de ‘muerte cruzada’, que es una amenaza de disolución de la Asamblea Nacional. El ambiente como consecuencia de esta negativa del presidente incrementa la tensión que actualmente existe entre el Parlamento y la función ejecutiva”, precisa la abogada constitucionalista.

“Por lo menos desde el 2009 en adelante, no hemos estado en una situación como la actual, donde hay un nivel de conflictividad tan alto”, recalca.

Si Lasso no se presenta este viernes, advierte la comisión, “será causal de enjuiciamiento político”: “Se requiere que la Corte Constitucional le dé un visto bueno, un dictamen previo a la Asamblea Nacional para que proceda al juicio político.

¿Cuáles son las causales de juicio político, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución? Primero es por delitos ‘contra la seguridad del Estado’, luego por delitos de ‘concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito’, y luego por delitos de ‘genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia’”, recuerda Rivas.