“Mi llegada al país fue horrible porque en la frontera los Carabineros no te dejan cruzar. A ellos no les da lástima si cargas un bebé o si ya llegaste a la mitad del camino. Ellos igual te regresan otra vez para Bolivia. Si vienes embarazada a ellos no les importa absolutamente nada, te tratan a las patadas. Por más que tú le dices ‘cónchale, déjanos pasar por las buenas’ y nada. Ellos igualito no te dejan pasar y cuando te fijas en el descuido, fue que pude pasar. Imagínese, esta es la cuarta vez”.

La protagonista de este relato es Yoxana Rivas, una mujer venezolana que actualmente está alojada en un hostal de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, gracias a la ayuda de organizaciones sociales autofinanciadas que apoyan a las personas migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, especialmente por el sector de Colchane, ubicado en el altiplano en la frontera con Bolivia.

Cuando logró cruzar la frontera chilena de manera irregular a través de Colchane, Yoxana tenía siete meses de embarazo y su hija mayor que cruzó con ella, Aitana, tenía once meses. También vino José Daniel, su esposo. “Su apellido es Escalona, y yo soy de Escalona”, explica la mujer de 23 años.

Esta familia, que partió desde Venezuela en enero de este año, logró entrar a Chile luego de cuatro intentos, ya que los Carabineros que custodian la frontera norte del país “me hicieron regresar y ya estaba a la mitad del camino, ya no tenía fuerza ni nada. Cuando pude cruzar, llegué sin ánimos, sin fuerzas, sin nada”, relata Yoxana. En este contexto, lo extenuante de esta situación se acrecienta cuando, quienes lo viven, son los niños, niñas y adolescentes que actualmente están ingresando con sus familias al país a través de pasos no habilitados.

La infancia migrante

Rivas podría ser la narradora testigo de la realidad que le tocó vivir cuando conoció la vulnerabilidad de los hijos de la migración, al observar a “los niños con hambre, con sed, con mucho frío. Por más que tuviéramos cobijas, el frío se pasaba porque no estábamos preparados para eso. El cruce de la frontera es horrible”, relata. Una vez dentro del territorio chileno, Yoxana explica que los Carabineros ubicados en la frontera “nos hacen caminar otra vez a la Aduana para tomarnos la prueba del Covid, para ver si no tenemos Covid, para poder traernos aquí a Iquique… pero imagínese, todo lo que uno tiene que hacer y con hambre. Muchas personas se han desmayado”.

Cuando Rivas y su familia llegaron al terminal de buses de Iquique, lo que vieron transformó sus sueños en una constante incertidumbre. “El día que la conocimos estaba muy mal, en el terminal de buses era todo un caos. Había filas inmensas, gente en la calle, no había pasajes. La gente estaba desesperada sin tener dónde ir”, comenta una de las integrantes de Kolectiva Las Kabras, una organización integrada por mujeres de Iquique y Alto Hospicio que apoya a personas migrantes que recién llegan a la capital de la Región de Tarapacá.

De hecho, gracias al acompañamiento de esta organización, la familia de Yoxana corrió una suerte muy diferente al resto de los migrantes que actualmente están en Iquique, ya que los Escalona Rivas están juntos, y duermen bajo un mismo techo. “Hay un montón de niños que necesitan pañales, que necesitan comida, están sin ropa durmiendo en la orilla de la playa de Iquique en carpas, otros no tienen carpa y hacen con sus cobijas una mini carpa. Entonces, pasan frío, pero ahí te intentan ayudar”, detalla Rivas.

Yoxana relata que emigró de su país natal porque en Venezuela la situación no da para más y “uno sale porque uno quiere darle una buena vida a sus hijos. Uno no quiere que sus hijos pasen trabajo y, sin embargo, pasan trabajo porque es todo lo que tienen que pasar (…). A veces, a los más grandecitos les toca ponerse a vender para poder ayudar a sus padres, a vender caramelos y chupetas”, sostiene.

“Esos pobres niños no tienen educación, están llevando una mala vida, lamentablemente. No tienen estudios, no tienen comida, no tienen nada, están pasando demasiado trabajo los niños”, afirma Rivas.

Actualmente, Yoxana y su esposo venden dulces en las calles de Iquique para sobrevivir porque, debido a su situación irregular en el país, “no nos dan trabajo, ni nada, porque estamos ilegal. Porque uno sale a buscar trabajo y si no tiene los documentos, no te dan trabajo. No te dejan porque tienes que tener un RUT”, explica.

Con el dinero que gana vendiendo “chupetas y caramelos”, usualmente unos $3 mil en monedas, “le compro comida, le compro pañalitos, comprarle alguito a ellos para que coman”, detalla Rivas, refiriéndose a su hija, al bebé que espera, y a los dos hijos que dejó en Venezuela al cuidado de su hermana.

Porque hoy, para Yoxana, salir a vender en la calle es la única opción que tienen como familia para alimentar a su pequeña hija que los acompaña en el país, y “para poder conseguirle un poquito de comida, nos toca pedir, nos maltratan, nos tratan mal. Nos dicen ‘vayan a trabajar, flojos’”, relata Rivas.

“Quizás la gente piensa que uno lo hace porque uno quiere, o porque ‘ah sí, vamos a la chévere, vamos a irnos mochileando’. Para mí, mochilear es algo que lo hice por necesidad porque, de verdad, quiero darle una buena vida a mis hijos, quiero que no estén pasando hambre”, declara.

“En la frontera, muchas personas nos dijeron ‘fuera de aquí, si no les gusta regrésense a su país’. Nos trataron muy mal, muy mal, como que si uno viene aquí porque a uno le agrada. No, uno viene por necesidad, a trabajar, echarle ganas a la vida para sacar a sus hijos adelante”, reconoce esta madre venezolana.

Mientras tanto, hoy en Iquique se producen entre 300 y 400 ingresos diarios por pasos clandestinos, y muchas de esas familias vienen caminando con sus hijos, ya sean niños, niñas o adolescentes. “Acá en Iquique, en toda la esquina se ve una mamá con un niño y no es por vagancia, es por necesidad. Los niños lloran por comida porque necesitan sus pañales, sus ropas, sus cosas. Niños que no tienen, ni siquiera, un pañal, niños que ni siquiera tienen una cobija, no tienen nada, pasando necesidades. Aquí, de verdad, está lleno de migrantes que de verdad sí necesitan un apoyo”, manifiesta Yoxana.

El quebranto de la niñez

La actual vulneración de los derechos humanos de niños y niñas migrantes es una preocupación constante en las organizaciones que velan por el bienestar de dicha población, quienes diariamente trabajan para exponer esta situación a la comunidad nacional.

Entre tanto, en una primera instancia, el pasado domingo 17 de octubre terminaba el plazo entregado por el Ejecutivo referido al Artículo 8 transitorio de la nueva Ley de Migraciones, publicado el 20 de abril del 2021 con una duración de 180 días a contar de esa fecha, que pretendía incentivar la salida del país de las personas extranjeras que ingresaron de manera irregular.

No obstante, durante la tarde del viernes 15 de octubre, la Contraloría General de la República emitió dictamen que establece que los 180 días de “plazos fijados (…) son de días hábiles administrativos”, aceptando una solicitud de la Asociación Venezolana en Chile y el Servicio Jesuita a Migrantes, que extendería dicho artículo hasta los primeros días de enero del 2022.

Sin embargo, esta situación acrecentaría la crisis de la población migrante, afectando particularmente a los niños, niñas y adolescentes que podrían ser separados de sus núcleos familiares. Una situación que activa las alarmas.

“Hemos podido evidenciar en terreno cuál es la situación. Hay muchas mujeres que están solas a cargo de varios niños, algunas incluso que están embarazadas sin ninguna red de apoyo, completamente solas. Es muy común que podamos ver a niños sin ropa, porque al ingresar por pasos no habilitados la gente debe deshacerse de sus pertenencias porque son días de viaje caminando. Entonces, llevar más peso, es contraproducente”, explica Natalia Toro, integrante de Kolectiva Las KabrAs.

En la misma línea, para Lorena Zambrano, mujer ecuatoriana e integrante de la Asociación de Migrantes y Promigrantes (AMPRO), las medidas anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis migratoria, como la instalación de refugios o buses para trasladar a las personas migrantes, han sido absolutamente insuficientes. “Todo sigue siendo para la pantalla y el show”, explica.

Además, Zambrano denuncia que otras decisiones, como el anuncio de los cuatro albergues que iban a existir entre Iquique y Alto Hospicio, “igualmente quedaron en nada. Entonces, nuevamente el Estado anuncia cosas que todavía ni siquiera tienen en proceso. Hay que tener cuidado con estas declaraciones sin tomar en consideración la primera línea de trabajo, que somos las organizaciones de la sociedad civil que lo hemos dado todo, sin necesidad de que el Gobierno hoy día se pronuncie ante nuestras demandas”, manifiesta.

Para la abogada Natalia Lantaño Maturana, asociada a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes, existe una falta de compromiso político que permita mejorar la situación de la migración, ya que los candidatos que aspiran a la presidencia del país, siempre se concentran en dos puntos relacionados a este proceso: las expulsiones y el control de las fronteras, y “eso es absurdo. Formalmente, se entiende que hay 166 pasos no habilitados en la macrozona norte, ¿cómo vas a cerrar y controlar 166 pasos no habilitados? Es imposible”, señala.

“Pero nada se habla respecto de la escolarización, de la atención primaria de niños, niñas y adolescentes, de la regularización de los mismos, porque finalmente tenemos que entender que ya están acá y hay que encontrar los modos posibles para integrarlos en la sociedad chilena, porque vienen a aportar”, sostiene Lantaño, miembro de la Cooperativa Jurídica de Iquique.

Para la activista y presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Vanessa González, las políticas migratorias del Ejecutivo han sido medidas que van en contra de los derechos de la población migrante, especialmente, aquella que se encuentra en situación irregular. “Nosotros como organizaciones siempre hemos estado demandando que se tienen que garantizar los derechos básicos que son universales, independientemente de la situación administrativa de estos niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, de las familias que son justamente quienes los sostienen acá”, relata.

Por otro lado, durante este año, la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile junto con el Colectivo Sin Fronteras desarrollaron la ‘Campaña por una Niñez con Derechos sin Fronteras’ que aborda la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes que han ingresado al país de manera irregular. Un informe que ha mostrado la precariedad de los hijos de la migración.

“Son 750 niños, niñas y adolescentes que hemos podido abordar en este estudio y, justamente, hemos constatado cómo estas niñeces se encuentran en una situación de extrema vulneración. No solamente porque se les impide que puedan regularizar su situación en el país y que puedan contar con una identidad sino que, además, están excluidos y excluidas de una serie de derechos, sobre todo, derechos en salud y educación”, explica González.

En la misma línea, el estudio refleja que más del 50% de estos menores no cuentan con previsión de salud o han tenido impedimentos importantes para poder incluirse en este sistema. Esta realidad, a juicio de la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, “son alarmas que nos demuestran que la situación, tanto de las comunidades migrantes en situación irregular como de los niños, niñas y adolescentes en esta misma situación, es realmente crítica”.

“Ha habido una grave desprotección con la niñez migrante. Como organizaciones demandamos que puedan existir distintas medidas como, por ejemplo, que se aplique una regularización migratoria para todos estos niños, niñas y adolescentes”, afirma González. Por otro lado, la activista explica que el estudio también refleja que las “condiciones que han relegado a las personas a una situación de irregularidad evidentemente contribuyen en sus vulneraciones”.

Además, para González, que el Estado niegue estas vulneraciones mientras impulsa políticas en contra de las comunidades migrantes “muestra que hay una intención de continuar vulnerando los derechos humanos de estas personas, en donde sabemos que, evidentemente, quienes van a salir más afectados y afectadas van a ser las mujeres, las personas adultos mayores y también los niños, niñas y adolescentes”, explica, mientras Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante (MAM), agrega que “yo nunca vi, en todos estos 30 años, un Gobierno que fuera más ideologizado en materia migratoria que el presente y, además, que utilizara un discurso de derechos humanos para implementar políticas, justamente, antimigratorias”.

Asimismo, Cardoza afirma que muchas personas en situación irregular llegaron a Chile “con un nivel de desinformación que es enorme”. En ese contexto, las organizaciones sociales que actualmente apoyan a los migrantes deben explicarles “la realidad de acá, pero la realidad, no la ficción que le venden para sacarlos del país o para cobrarles unos pesos”. Además, en este empuje migratorio ocurre que los padres no viajan solos, como lo fue durante la primera ola de migración peruana, lo que vulnera aún más la condición de los niños, niñas y adolescentes migrantes.

“Es tal la situación que se está dando que ahora están viniendo familias y, muchas veces, algunas familias con personas mayores que no saben realmente a lo que se enfrentan. Familias con dos o tres niños. Criar dos o tres niños en Chile es para personas que tengan una muy, muy buena renta, sino, es muy difícil. Eso la gente no lo sabe”, reconoció Cardoza.

En esa línea, Cardoza explica que “son muy pocas las regularizaciones (de niños, niñas y adolescentes) que están haciendo. Se llegó a la situación de que, a nosotros, organización de la sociedad civil, nos han llamado de varias municipalidades que tenían oficinas de migrantes para preguntarnos qué podían hacer, porque están con una situación de que el Departamento de Extranjería y Migración no les da respuesta. Ellos preguntaron qué requisitos se necesitaban para regularizar niños, y un lunes les dieron una respuesta y el viernes les dieron otra. Son el mismo caso, porque en definitiva, llamó un funcionario un día y el otro funcionario el otro día”, detalla el secretario ejecutivo de MAM.

Además, esta vulneración de derechos de los menores también provoca que los nacidos en Chile no tengan nacionalidad de origen, porque los hijos de padres en situación irregular nacidos en el país no están siendo regularizados al nacer. “Normalmente hay disposiciones que dicen que el niño, y hay un criterio internacional de ius soli, que todo el que nace en el territorio tiene la nacionalidad del país. Pero a esos chicos que nacen de padres que están en situación irregular están en una situación de apatridia. Eso es un retroceso con respecto a lo que había antes”, detalla Cardoza.

En ese contexto, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, afirma que “hemos expresado que el Estado chileno no está respetando los derechos humanos de las comunidades migrantes en general, tanto por una campaña de criminalización, por una sistemática vulneración a través de formas de discriminación, y por negarse a regularizar a las personas más vulnerables, incluyendo a los niños y niñas”.

Por otro lado, Vanessa González también afirma que el Estado de Chile no está respetando los tratados internacionales suscritos lo que, a su juicio, sería una situación grave.

“Un ejemplo de esto son las expulsiones colectivas que han sido ilegales, que insisten en seguir ejecutando y que, en este ejercicio, lo que están haciendo es separar a las familias. Así que esta es simplemente una muestra de cómo las medidas que se están implementando vulneran directamente las niñeces. Entonces, nosotros exigimos que el Estado de Chile, justamente, pueda resguardar la situación de estas niñeces y sus familias, pero también respete y salvaguarde, justamente, el principio de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.

De igual importancia, las organizaciones que componen la Coordinadora presidida por González, exigen una reforma legal al Artículo 8 de la nueva Ley de Migraciones que amplíe el proceso de regularización “permitiendo que las familias y los niños y niñas que ingresaron de manera irregular puedan regularizar su situación, justamente, demostrando que ya tienen arraigo en el país o que son familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, sostienen.

Mientras tanto, en medio de la incertidumbre desde su llegada, Yoxana Rivas de Escalona aún persigue los sueños que la hicieron elegir a Chile como el nuevo destino para su familia.

“Yo tengo, con el que viene, cuatro hijos y lo que quiero, es que mis hijos estudien, que mis hijos no pasen trabajo como lo he pasado yo. Porque aquí hay trabajo, porque aquí la economía está mejor que todos los países. Nosotros venimos de país en país buscando una estabilidad. Por lo menos, mi meta es trabajar aquí bastante, comprar mi casa, montar mi negocio en Venezuela e irme, pero tener lo mío. Trabajar y tener lo mío es mi meta. Eso es lo que yo espero aquí, que mis hijos tengan una mejor vida”, concluyó.

Fotografías: Kolectiva Las KabrAs