En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado ex querellante del caso SQM y convencional constituyente por el distrito 28, Mauricio Daza, se refirió a la orden de entrada y registro efectuada ayer en las sedes partidarias de Comunes, allanamientos que fueron encabezados por el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, luego de ser autorizadas por el juez Jaime Fuica del 7° Juzgado de Garantía y que han sido cuestionados dado el uso de la fuerza de los efectivos del GOPE y la espectacularidad mediática que revistió el operativo.

Al respecto Daza señaló de manera preliminar que, efectivamente el Ministerio Público tiene atribuciones para efectos de solicitar ordenes de entrada y registro en recintos privados en el contexto de una investigación criminal. No obstante esta capacidad debe ceñirse al principio de proporcionalidad, que consiste en que “los medios utilizados sean adecuados en relación al objetivo que se pretende obtener”, explicó.

“En este caso claramente estamos frente a una desproporción respecto a lo que fue este operativo policial que era más bien propio de aquellos que se realizan ante una amenaza concreta de un ataque por parte de alguna banda o grupo armado en contra de la autoridad policial y claramente este no era el caso”, consideró.

Lo anterior, a juicio de Daza no se corresponde a los lineamientos que deben regir una investigación penal en el contexto de un estado democrático de derechos.

“Acá se llegó con un grupo de operaciones especiales de Carabineros de Chile que habitualmente es utilizado para otro tipo de diligencias y esto además con un gran despliegue comunicacional y con un gran despliegue de violencia en un contexto que no había ningún antecedente que diera cuenta que iba a haber una resistencia a este operativo“.

La orden de entrada y registro se esgrime en el caso de que exista una expectativa razonable de que la persona imputada va a intentar de ocultar o destruir algunos antecedentes probatorios, explicó Daza, escenarios en los que derechamente se procede al ingreso de los lugares cerrados para evitar la eliminación de documentos. Cuando esta amenaza no es inminente, se solicitan los antecedentes de manera voluntaria.

Si bien es el juez de turno es quien autoriza la orden, el modo en que se efectúa el procedimiento es responsabilidad de los efectivos de Carabineros, institución que depende directamente del Ministerio del Interior, uno de los motivos por los cuales este episodio ha sido cuestionado en materia de intervencionismo electoral.

Por otro lado Daza aseveró que los allanamientos acaecidos este viernes evidencian una arbitrariedad por parte de la Fiscalía en la media que otros casos de financiación irregular de los partidos, no ha sido objeto de tales procedimientos ni con las dimensiones que se vieron en el caso del partido perteneciente al Frente Amplio.

“Yo creo que acá se ha vulnerado gravemente el principio de proporcionalidad y también de objetividad porque hay que recordar que existen otras investigaciones las cuales también ha tenido a su cargo el Ministerio Público, también respecto a irregularidades graves o más que estas vinculadas al financiamiento ilegal de la política y el Ministerio Público nunca ha realizado operativos de esta manera y con este despliegue por ejemplo en las oficinas de SQM, de Corpesca o Penta“.

En esa línea el convencional constituyente recordó que “al menos en las causas de financiamiento ilegal de la política en las cuales yo participé como abogado querellante estamos ante un fenómeno extendido que involucraba prácticamente a toda la política nacional. Tanto la UDI, RN, la DC, el PPD entre otras tiendas políticas aparecían involucradas en estos hechos y cuando se trató se hacer una incautación en SQM, lo más insólito es que esto se paralizó por una orden del Tribunal Constitucional y descubrimos que habían gestiones que se habían realizado incluso desde el Ministerio del Interior a cargo del ex ministro Rodrigo Peñailillo para que de alguna manera se entorpeciera la investigación en estas causas”, recalcó.

Considerando lo anterior y dada la desproporcionalidad evidenciada en el caso de Comunes a menos de 48 horas de las elecciones, el abogado interpretó la situación como el indicio de un problema profundo referido a la manera en que están diseñadas las instituciones y en cómo se garantiza la autonomía de las mismas, “en un contexto donde los nombramientos de las autoridades a cargo son designaciones de carácter político”, sostuvo.

“Yo creo que Jorge Abott, Fiscal Nacional del Ministerio Público, ha demostrado con sus actuaciones que es alguien que no desarrolla su liderazgo al interior del Ministerio Público de una manera objetiva y que al contrario todo indicaría de que él sería una persona bastante llana a presiones de carácter políticas”. 

Consultado por las acciones legales que pudiesen dar con las responsabilidades de quienes han vulnerado el principio de proporcionalidad y objetividad en este caso, Daza mencionó que “lamentablemente las querellas criminales donde se solicita que se investiguen actuaciones del Ministerio Público finalmente son investigadas por el propio Ministerio Público y la práctica ha indicado que en general estas investigaciones no prosperan ni llegan a ninguna parte”.

Lo anterior ocurre porque “no existe un mecanismo de control en relación a la actuación de los fiscales que sea realmente eficaz y menos que este control sea ciudadano. Yo creo que estas son materias que nosotros debemos abordar en el contexto del proceso constituyente en el cual además debemos efectuar reformas que sean profundas”, concluyó.

Asociación de Fiscales condena desproporcionalidad de la fuerza 

Sobre el allanamiento a las sedes de Comunes emitió un pronunciamiento la Asociación Nacional de Fiscales. El presidente del organismo, Francisco Bravo aseveró que “la función de los fiscales debe estar orientada al principio de legalidad con pleno respeto a los derechos de los intervinientes y con absoluta prescindencia de cualquier consideración política”.

En el caso “altamente difundido” y sin entrar al fondo de la diligencia autorizada por el juez Jaime Fuica, Bravo sostuvo que la forma en que fue ejecutada “impresiona como desproporcionada en atención al uso de la fuerza en particular con porte de armas con alto poder de fuego”.

“Por otro lado rechazamos la filtración de la diligencia lo que vulnera el principio de reserva y puede afectar no solo el éxito de la investigación sino la dignidad de las personas involucradas“, agregó el titular de la Asociación Nacional de Fiscales.

A raíz de estos hechos es que la asociación reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, “presidiendo sin ninguna duda de cualquier otra consideración más que la ley y lo que la Constitución nos ordena”, concluyó Bravo.