Una amarga sensación dejó en diversas colectividades feministas el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

Con 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención, la iniciativa- de artículo único que modifica el Código Penal- pasó a ser archivada, de modo que no podrá volver ser discutida hasta pasado un año. Sin embargo, al ser aprobada en general, pero rechazada en lo particular, existe la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de iguales o similares características y retomar así su discusión.

Con todo, el debate en la Cámara Baja no estuvo exento de polémicas y es que estuvo marcado por las ausencias del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el diputado de Revolución Democrática y miembro de su comando, Giorgio Jackson, aunque como los parlamentarios estaban pareados con sus pares oficialistas estas inasistencias no influyeron el resultado.

En ese contexto, fueron los votos de militantes de la Democracia Cristiana los que terminaron por sellar el futuro de la tramitación, con el rechazo por parte de los diputados Miguel Ángel Calisto, Daniel Verdessi, Matías Walker, Jorge Sabag y Joanna Pérez.

A raíz de esta situación se suscitó el pasado miércoles una manifestación a las afueras del ex Congreso Nacional convocada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que presentó ante la Convención Constitucional una Iniciativa Popular Constituyente, con el objetivo de consagrar los derechos sexuales y reproductivos en la futura Constitución.

La abogada y directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales- cuyo organismo pertenece a este colectivo- lamentó la determinación del Congreso “principalmente porque esto continúa perpetuando las brechas de desigualdad que existe entre niñas y mujeres más pobres, ya que estas van a continuar realizándose abortos clandestinos en espacios inseguros y, en caso de emergencia sanitaria, obstétrica, van a restarse de asistir a los centros de asistencia de salud por el miedo eventual de ser perseguidas penalmente”.

Pese a lo anterior, Canales se mostró optimista frente al futuro de la discusión sobre el aborto en el país, dado el ingreso de esta propuesta por parte de agrupaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, apuntó que “esta Iniciativa Popular Constituyente nace pensando negativamente con el proyecto de despenalización del aborto. Entonces, nosotras tenemos todas las esperanzas puestas también en la Convención, de que la nueva Constitución permita aperturar los derechos sexuales y reproductivos y, con ello, sea obligatorio y sea un mandato para el Estado de Chile, luego de aprobada la nueva Constitución, la creación de una ley que garantice en general y en particular el aborto hasta la semana 14 a lo menos”. De modo que esto sea concebido como una prestación de salud “en todos los servicios de atención, tanto públicos como privados”.

En particular, para viabilizar este tipo de medidas se requieren 15.000 firmas de cuatro regiones del país y según comentó Canales “nosotras estamos articuladas en más de 70 organizaciones a lo largo de Chile. Sabemos que vamos a lograr esas firmas, estamos articuladas incluso con el colectivo de Las Tesis para poder realizar actividades culturales en distintos espacios con el objetivo de poder reunir esas firmas y, una vez que se apruebe la iniciativa de forma como de fondo, se lleva al pleno de la comisión y probablemente no va a quedar tal cual, pero sí por lo menos va a tener que ser discutida”.

La constituyente por el distrito 9 y exdirectora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas Chile (Abofem), Bárbara Sepúlveda, sostuvo que “tenemos que entender que existen muchas trabas para la realización de los proyectos de vida de las personas en nuestro país y que, por lo tanto, el debate sobre el aborto y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivo se enmarcan en un asunto de justicia social, en una sociedad tremendamente desigual en materia de género y que hoy día buscamos consagrar como uno de los aspectos centrales de la Constitución también de estas demandas”.

Por ello, la abogada valoró la presentación de esta Iniciativa Popular Constituyente, señalando que la recibieron “muy contentas aquí dentro de la constituyente y que, además, nos hemos comprometido a apoyar y mejorar en todos los aspectos que sean necesarios”.

Por otra parte, consideró relevante “desenmarcar el debate en esto que se ha denominado de forma errónea como una ‘agenda valórica’, como si todos los asuntos relativos a los derechos de las mujeres fueran parte de una diferencia de opinión, de una forma de entender la vida, de una posición moral, que finalmente termina relativizando esos derechos”.

Mientras la encargada del programa de Seguimiento Legislativo de Corporación Humanas, Camila Maturana, se refirió a los alcances de este proyecto que se rechazó en la Cámara baja y, si bien lo consideró importante, “no responde plenamente a esta demanda social en torno a al derecho a decidir y a la maternidad voluntaria. Para garantizar este derecho a decidir se requiere un conjunto de derechos sexuales y reproductivos reconocidos y protegidos para todas las personas y, en particular respecto al aborto, garantizar la atención de las mujeres que requieren la interrupción del embarazo”

Por lo que apuntó que para aquello se necesita de una iniciativa impulsada el Ejecutivo, ya que implica gasto público, “como lo fue el proyecto de que presentó la presidenta Bachelet en 2015 que derivó en la ley 21.030 que no solo despenaliza el aborto en tres causales, sino que garantiza la atención de salud”.

Con todo, pese a que según Maturana se avizora un escenario “paradojal” para la discusión sobre la legalización del aborto- ante un nuevo Congreso con tendencia más conservadora y en paralelo el trabajo constituyente- “es un proceso que no se detiene en ningún país, ni tampoco en Chile”.

Así, sostuvo que “las demandas sociales en general y, en particular la demanda feminista respecto del derecho a decidir, nunca se ha detenido por una votación en contra. En todos los países en que estas leyes se han logrado aprobar, pensemos en Uruguay, Argentina, en México, en ninguno se logró en la primera oportunidad. Es un proceso que tiene que ver con un grado creciente de vinculación de las autoridades con las demandas de la ciudadanía y con la obligación que los estados han asumido en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas”.