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Año XIV, 29 de mayo de 2022

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Fundación Terram alerta sobre nulo progreso respecto al detrimento de las zonas de sacrificio

En su balance ambiental 2021, el organismo llama a actualizar las normas de calidad que protegen la salud de las personas de la alta contaminación a la que en Chile se está expuesto, varias de las cuales no se han revisado en más de diez años.

Maria Luisa Cisternas

  Martes 21 de diciembre 2021 19:26 hrs. 
Varamientos

La fundación Terram publicó su balance 2021 titulado “No hay tiempo para el negacionismo”, documento en el que destaca los aspectos positivos y negativos que dejó este año en materia medioambiental.

Es así que objeto de elogio de la fundación fue las primeras elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales, la declaración de emergencia climática por la Convención Constituyente, la publicación de informes sobre industria salmonera y derechos humanos, sentencias relevantes en materia de reconocimiento del derecho humano al agua en las comunas de Nogales, Petorca, Cabildo y La Ligua, y la publicación de la Ley que regula plásticos de un solo uso, entre otros asuntos destacados.

Respecto a los peores acontecimientos de este 2021, se mencionó el espionaje de AES Andes a ambientalistas contra Alto Maipo, los millonarios subsidios de la Comisión Nacional de Riego (CNR) para grandes empresas agroexportadoras y grupos empresariales, la licitación de nuevas cuotas de extracción de litio por 400.000 toneladas en medio del proceso constituyente, la extensión de la megasequía y la votación de Dominga por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

En el capítulo “Contaminación y Zonas de Sacrificio” del documento, se sostiene que no es posible prever una mejora en la situación ambiental del país, dado que instrumentos de gestión ambiental que buscan proteger la salud de la ciudadanía tales como las normas de emisión y calidad el aire, no presentaron avances significativos en sus procesos de dictación y/o actualización.

Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram indicó que en virtud de mejorar el escenario que presentan las zonas de sacrifico y por cierto, la Región Metropolitana que “se encuentra saturada por el material particulado (MP2,5)”, se deben actualizar las normas de calidad que protegen la salud de las personas de la alta contaminación a la que en Chile se está expuesto.

“Hoy día ya han pasado seis años de que la norma de Material Particulado 2,5 debió ingresar a revisión, norma que si uno lo compara con lo que la Organización Mundial de la Salud hoy día recomienda, a lo menos supera cuatro veces lo que recomienda. Es decir nosotros los chilenos estamos expuestos a concentraciones de contaminantes gravemente peligrosas para la salud como lo establece la OMS, no obstante no hemos mejorado nuestro estándar”, explicó.

Del mismo modo, el balance subraya que la norma de Material Particulado Respirable (MP10) cuya revisión fue ordenada por el Segundo Tribunal Ambiental en el 2015, “a seis años de haber iniciado su trámite, aún no ha concluido, exhibiendo en su expediente siete resoluciones de ampliación de plazo emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente”.

“Desde el año 2015 está abierto el proceso, lleva seis años en revisión y todavía no termina ese proceso y no tenemos una norma que mejore nuestra condición y que reduzca el riesgo de los chilenos de enfermarnos incluso con enfermedades mortales producto de la contaminación. Algo similar ocurre con el óxido nitroso, con el plomo, normas que no se han revisado o que no se han mejorado desde hace más de diez años“, indicó el investigador.

Respecto a las zonas con alto deterioro, Ramírez abordó Quintero y Puchuncaví donde aseguró en primer lugar, que no ha habido avances respecto del fallo de la Corte Suprema sobre las intoxicaciones masivas que se registraron el año 2018.

“De hecho este año nuevamente se produce una intoxicación de niños en la escuela de Chocota, en la comuna de Puchuncaví, nuevamente no queda claro cuál es el origen de la intoxicación que llevó a adultos y niños a ser trasladados a los servicios de urgencia de la comuna de Puchuncaví”, añadió.

Varias de las medidas que se establecieron por el máximo tribunal durante ese año siguen sin ser cumplidas, se sostiene en el balance. “Una de ellas señala identificar y determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos y compuestos producidos ‘en cada una de las fuentes presentes en la Bahía'”.

Por otro lado, se reporta que las termoeléctricas Nuevas Ventanas y Campiche, ambas propiedad de AES Andes- antes AES Gener- operaron sobre la potencia máxima autorizada en sus RCA durante el año 2020 lo que se tradujo a una mayor quema de carbón, mayores emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero. Una situación que ameritó una denuncia ingresada en septiembre de ese año pero que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) no tramitó, razón por la que los habitantes de Quintero y Puchuncaví junto a la Fundación Terram presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del SMA este 2021.

“Es fundamental que la Superintendencia de Medio Ambiente haga su trabajo”, aseveró Ramírez, en cuanto a que “este año se dio a conocer un informe de Contraloría que señalaba que el 42 por ciento de las denuncias ciudadanas a Contraloría hasta el 2018 no habían sido consideradas, no se abrió ni cerró un proceso, simplemente ese 42 por ciento de las denuncias no fueron tramitadas y esa inoperancia de los servicios públicos y especialmente de la Superintendencia que es donde recae la responsabilidad de velar que se cumplan las normas de calidad ambiental, es altamente preocupante, por decir lo menos y demuestra un abandono de deberes”.

Otra situación alarmante son los varamientos de carbón que si bien se intentaron frenar con la paralización de ingreso de barcos con carbón a la bahía de Quintero y el cese del funcionamiento de las termoeléctricas hasta que las autoridades dictaran medidas para evitar el nuevo vertimiento de carbón al mar, “la Armada de Chile y la SMA emitieron resoluciones con medidas a fin de evitar la paralización de dichas actividades, continuando así la descarga de carbón como también sus varamientos, contabilizándose 35 nuevos eventos durante los 5 meses posteriores al fallo”, se indica en el documento.

El balance de la fundación da cuenta sobre la realidad que presenta Calama, Mejillones, Antofagasta, Huasco, Tiltil y Coronel, comuna que está siendo afectada por la presencia de asbesto, metales pesados y otros elementos contaminantes.