En medio de un complejo escenario, este miércoles jefaturas regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionaron la decisión de la directiva de ponerle fin a los contratos de diversos profesionales del programa de atención de víctimas y la forma con que se ejecutará el presupuesto de $1.874 millones asignado al programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición para 2022.

Mediante una declaración pública, apuntaron que esta determinación- que comenzará a regir a partir del próximo 1 de enero- disminuye la opción de atender a las víctimas del estallido social y que “debilita el accionar del INDH”, razón por la que pidieron a las autoridades darle continuidad al trabajo realizado por funcionarios y funcionarias y fortalecer los equipos de las sedes regionales.

A esto se sumó la renuncia del jefe de la Unidad Jurídica Judicial del organismo, Rodrigo Bustos, quien, mediante un comunicado que se filtró por redes sociales, dijo tener la convicción de que después de una serie de decisiones tomadas por la institución “ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando”, dando cuenta además de la existencia de “dificultades y precariedad laboral” en las sedes regionales.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el consejero del INDH, Cristián Pertuzé, abordó estos hechos y descartó que hubiese despidos masivos y señaló que la razón para no renovar los contratos de profesionales de equipos regionales se debe a un tema administrativo.

En ese sentido, explicó que “hay un grupo de personas que estaban con contrato a plazo fijo que no se les pudo renovar el contrato porque, a diferencia del resto del sector público, todos nuestros trabajos y así lo establece la ley, están por Código del Trabajo. Una nueva renovación implicaba que pasaran a plazo indefinido y este programa en particular tiene recursos extraordinarios para que se implemente”.

Por lo anterior, detalló que lo que se tenía que hacer administrativamente era “llamar a un nuevo concurso, donde estas personas inclusive podrían volver a participar, pero lo que no se puede, como lo ha dicho el mismo Presidente electo, es comprometer recursos permanentes sin tener ingresos permanentes”.

Además, Pertuzé aclaró que este hecho, incluso, podría perjudicar la nueva administración, considerando que el período de Sergio Micco a la cabeza del INDH finaliza en 2022, planteando que “el director ejecutivo, dado que se tienen que elegir varios consejeros a mitad de este año, lo más probable es que cambie. Entonces, hubiera sido comprometerle recursos permanentes a la próxima dirección”.

Con todo, expresó que “la atención a las víctimas está asegurada por los equipos que tiene hoy día el instituto y las causas más importantes obviamente se van a seguir llevando adelante y lo que tiene que hacer el director ejecutivo es hacer rápido los concursos para la contratación de personas”, añadiendo que las regiones no han sido dejadas de lado.

Sobre la renuncia del abogado Rodrigo Bustos, negó conocer las razones y dijo que no quiere especular en torno al tema, señalando que “no he conversado con él más allá de lo que dijo, pero creo que obviamente dentro de la institución se resienten, o sea, cualquier institución a nivel mundial siempre va a querer más recursos y más capacidades para poder atender las múltiples tareas y lo que le ha pasado al INDH en este último tiempo, pero hay que también ser responsables sobre cómo se van manteniendo estas cosas en el largo plazo”.

En cuanto a los anhelos del otrora jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH para avanzar en materia de justicia y reparación a las víctimas del estallido, el consejero Cristián Pertuzé recalcó que el organismo ha hecho todo lo que está en sus manos para lograr este objetivo.

En esa línea, planteó que “en los casi 4.000 casos se tenían que establecer las denuncias y se hicieron todas. Las denuncias respecto de violaciones a los derechos humanos en los que se tuvieron antecedentes suficientes por parte del instituto, se han presentado todas las querellas necesarias. Sobre algunos casos, algunas personas no querían seguir insistiendo, no querían darnos los patrocinios para que nos querelláramos. Entonces, en otras denuncias no se pudo establecer querellas por parte del INDH porque no tuvieron los antecedentes o no quisieron perseverar las personas en hacerlo. Se ha hecho todo”.

Finalmente, respecto a las críticas por la conducción del actual director del INDH y las voces que plantean repensar la institucionalidad del INDH, Pertuzé indicó que “creo que para un grupo importante la figura de Sergio Micco no era la que querían como director del instituto, pero esa era una elección que así estaba en la ley también, es una decisión del Consejo. Sin duda quienes asumimos en el último tiempo a lo mejor teníamos interés en modernizar el instituto a partir de la propia ley que está, pero se nos vinieron otras demandas por la crisis social. Siempre las instituciones deben irse revisando de acuerdo a las nuevas situaciones que se están experimentando en la sociedad para hacerlas más activas en las soluciones que tienen que dar a esas nuevas problemáticas”.