En una declaración pública las jefaturas regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos comunicaron la determinación de la directiva- encabezada por Sergio Micco- sobre la situación contractual de las y los profesionales del programa de atención de víctimas, así como la forma en que se ejecutará el marco presupuestario asignado al programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, aprobado por el Congreso por un monto de $1.874 millones de pesos para 2022.

Según señaló el texto “la Dirección ha informado a las jefaturas regionales que, luego de haber planteado el tema en la última sesión del Consejo, se procedería a no renovar el contrato a plazo fijo que hasta el 31 de diciembre mantenían 15 psicólogos, 8 trabajadores sociales y 25 abogados, en diversas regiones del país. Así entonces, solo se renuevan 10 abogados y 5 psicólogos a nivel nacional”.

Lo anterior, pese a la apertura de concursos para que en el transcurso del año se llenen algunos cargos que se han definido para el apoyo de equipos regionales, plantearon que a partir del 1 enero “al desvincularse la mayoría o la totalidad de los profesionales que venían trabajando y al desmantelarse los equipos regionales en todo el país, se disminuyen las posibilidades de atender psicosocial y jurídicamente las necesidades de las víctimas del estallido social en las que el Instituto mantiene querellas criminales”.

Por ello, mencionaron que esta decisión- informada el pasado martes por la Directiva- “debilita el accionar del INDH y afecta principalmente a las víctimas más vulnerables y sus familias, profundizando problemáticas de acceso a la justicia, largamente denunciadas en los informes del INDH” y añade que desde 2019, los equipos del INDH han interpuesto más de 3.000 querellas por violencia institucional.

Por este motivo, desde las jefaturas regionales consideraron fundamental la continuidad de estos funcionarios y funcionarias, considerando que administrativamente que los $1.874 millones aprobados deben ser destinados al trabajo en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Asimismo, instaron a las autoridades presentes en la Directiva y el Consejo del INDH para valorar, “que más de consideraciones organizacionales o administrativas, se debe dar continuidad al trabajo y fortalecer a los equipos de las sedes regionales”.

A este hecho se sumó horas después la renuncia del abogado y jefe de la Unidad Jurídica Judicial, Rodrigo Bustos, quien criticó en duros términos diversas decisiones adoptadas por el organismo, que lo llevaron a la convicción de que “lamentablemente, el INDH ya no es un espacio en el que puedo seguir colaborando”.

En un comunicado planteó que la decisión no fue fácil. “Son más de 10 años en los que he tratado, desde mi rol de Jefe de la Unidad de Protección de Derechos, de dar lo mejor de mí para contribuir al cumplimiento de la misión del INDH, especialmente en lo referente a las funciones vinculadas a la protección de derechos humanos”.

Además, Bustos dirigió agradecimientos al equipo profesional de la Unidad que le tocó dirigir y a jefaturas, funcionarios y funcionarias de otras unidades y equipos de las Sedes Regionales que, “con dificultades y precariedad laboral, han buscado jugársela en terreno, estableciendo un vínculo con las personas que nos necesitan”.

En relación a los hechos de tortura ocurridos en Chile apuntó que “hemos tenido un rol fundamental para dejar en claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, son aceptables los actos de tortura y que el Estado tiene el deber ineludible de investigar esos actos, sancionarlos, reparar a las víctimas y avanzar en garantías de no repetición. Las funcionarias y funcionarios del Instituto jugamos un rol de defensoras y defensores de los derechos humanos ante las gravísimas violaciones de estas cometidas durante el período del estallido social”.

“Estoy convencido de que, pese a las múltiples dificultades, intentamos en todas las regiones de Chile estar a la altura de lo que se requería en ese momento histórico. Lamentablemente, aún es muy fuerte la impunidad y el Estado está al debe en materia de reparación. En ese contexto, espero que el INDH redoble los esfuerzos para avanzar en justicia, con personal suficiente y con condiciones para llevar adelante las acciones judiciales dirigidas a esclarecer la responsabilidad de los altos mandos. Espero también que tenga una voz más firme y clara para condenar las violaciones de derechos humanos y hacer ver la falta de reparaciones integrales a sus víctimas”, agrega el texto.

Por último, Rodrigo Bustos dijo tener esperanzas en el proceso constituyente, de manera de avanzar “en una institucionalidad robusta, con mayor autonomía y que pueda cumplir de mejor manera con los desafíos futuros, tanto de protección como de la tan postergada educación en derechos humanos”.