Una medida que el gobierno conservador de Guillermo Lasso toma ante el “estado epidemiológico actual, el riesgo de las nuevas variantes, la disponibilidad y el acceso a las vacunas, así como la evidencia científica actual”, afirmó la ministra Garzón, frente al debate médico, jurídico y ciudadano en redes sociales que ha causado polémica en el país.

El aumento de los contagios y la preocupación por el avance de la variante ómicron, sumado a la tendencia internacional, han forzado la medida en un país que fue el primero de la región que sufrió los temibles embates de la epidemia en marzo y abril de 2020. Las terribles imágenes de hospitales, morgues y calles de Guayaquil con cadáveres tirados en el suelo y en las aceras estremecieron al mundo.

Era la consecuencia inmediata y trágica provocada por la primera oleada de contagios cuando aún la posibilidad de una vacuna era lejana y que hasta ahora contabiliza casi 34.000 decesos en esa nación desde que se detectase el primer contagio en una mujer que procedía de Madrid.

Casi dos años después, la Autoridad Sanitaria del Ecuador parece haber aprendido la dura lección y basa su dictamen en el artículo VI. de la Ley Orgánica de la Salud, que entrega al gobierno y al ministerio del ramo la responsabilidad de declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones cuando así se requiera, siempre gratuitas y con la sola excepción de aquellos que presenten condiciones médicas o contraindicaciones debidamente certificadas.

Decíamos que el anuncio de la drástica medida provocó algún nivel de revuelo, lo que obligó a las autoridades sanitarias a emitir un segundo comunicado para asegurar que la sanción para quienes no cumplan con la medida será no poder asistir a ningún tipo de evento. Tanto los antivacunas como quienes aseguran defender derechos constitucionales criticaron desde el primer momento la determinación gubernamental. Uno de ellos fue el Movimiento Cívico Libres, que calificó la medida como  inconstitucional y anunciaron medidas judiciales en su contra.

En un intento de incentivar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha ofrecido incluso el descuento de un 5% en los impuestos municipales a quienes se inoculen. Ello porque juristas, constitucionalistas y dirigentes políticos también cuestionaron la idoneidad de una medida que, para algunos, sólo se podría poner en práctica si se aplicara el estado de excepción.

En las últimas semanas, cuando todavía no se ha confirmado que ómicron sea comunitaria, se ha triplicado el número de muertes en la capital del Guayas, donde el primer caso de la nueva variante se detectó recién el 14 de diciembre pasado. Por ello se debatía incluso si las restricciones de acceso a los distintos lugares afectarían tanto a los edificios públicos como a los privados.

Pero también hay serias deficiencias: las autoridades sanitarias han detectado que el 55% de los fallecidos no estaba vacunado o sólo se habían inmunizado con una dosis. Hasta esta fecha, más de 12 millones de ecuatorianos han sido inoculados con dos dosis en los vacunatorios, lo que representa el 77,2% de la población del país y, por ahora, se anunció que un millón de dosis de Pfizer acaba de llegar al país andino para reforzar la campaña nacional de vacunación obligatoria.

Para tomar tal decisión, Ecuador se ha basado en el ejemplo de Alemania, Austria y Grecia, países europeos que ya han manifestado estar dispuestos a tomar una medida similar a partir del año que viene. Pero al decidir que la aplicación obligatoria de la vacuna sea antes, las autoridades ecuatorianas procuran adelantarse a esta nueva ola de la pandemia y así, tal vez, poder sortear con mayor tranquilidad las fiestas de fin de año. Al menos, será un buen regalo navideño para ayudar a la tranquilidad psicoemocional de una población tan profundamente zaherida por el flagelo mundial.