Preocupación causó el último balance hídrico y pronóstico de verano dado a conocer esta semana por el Ministerio de Obras Públicas que situó a 2021 como el cuarto año más seco en la historia de Chile desde 1950, completando así 13 años consecutivos de sequía.
En la oportunidad, el titular de la cartera, Alfredo Moreno, detalló que solamente durante los años 1968, 1998 y 2019 e, incluso, instó a la ciudadanía a moderar el consumo de agua para evitar un eventual racionamiento.
En concreto, el informe señaló que, entre las regiones de Atacama y Maule, las precipitaciones superan las de 2019; sin embargo, todas las regiones presentan déficits del 50% o superiores y ninguna alcanza la precipitación del año 2020.
En ese sentido, mencionó que la situación de sequía en Atacama y Coquimbo son las más severas, con déficit entre 70% y 80%, decreciendo hacia el sur. En las regiones de Valparaíso y Metropolitana el déficit de precipitaciones es entre 55% y 70%, mientras que en O’Higgins y Maule es cercano al 50%.
A esta situación se suma la voracidad de los incendios forestales que se han estado desarrollando en varios sectores del país, el cual motivó la realización de un Comité Operativo de Emergencia, encabezado por los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y de Agricultura, Emilia Undurraga, en la comuna de Quillón, y que de acuerdo a la Conaf esta temporada las llamas han consumido más de 30.000 hectáreas.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la convencional por el Distrito 4 de la Asamblea Constituyente Atacama, Constanza San Juan, abordó esta problemática y se refirió al trabajo que se ha estado desarrollado en la Convención Constitucional en estas materias.
En cuanto al panorama hídrico global, expresó que “estamos viviendo un diagnóstico que ya conocemos con bases científicas. Desde 2010, por ejemplo, ya había importantes informes de lo que era el CR2 (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia) que daban cuenta de que Chile estaba experimentando una mega sequía y que lo más posible es que, en vez de disminuir, se iba a acrecentar y progresar hacia el sur”.
En ese sentido, la también vocera de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares apuntó que la situación “no solamente responde a una desertificación y escasez hídrica que, a su vez, es producto del cambio climático, sino que también por la realidad de nuestro país de la sobreexplotación, el agotamiento y la sobreacumulación de las aguas, que responden a la forma de gestión, al Código de Aguas y, finalmente, al gran problema que este es uno de los únicos países con este bien común privatizado”.
Sobre la propuesta de norma constitucional que ingresaron a la comisión de Derechos Fundamentales que busca establecer el derecho humano al agua y al saneamiento como garantías “indispensables para la vida digna”, dijo que esta “hace eco de lo que dice la Asamblea de las Naciones Unidas que terminó afirmando este derecho humano en el que necesitamos un agua libre de tóxicos, no contaminada, aceptable y que también sea entregada a todos los pueblos de manera digna para llevar a cabo nuestra vida y las otras actividades que son necesarias para sustentar las diversas formas de vida que existen en el país”.
Es por eso que la constituyente consideró que “una de las prioridades a tratarse en la Convención es la recuperación y desprivatización del agua. Por tanto, estoy llevando lo mejor posible mi mandato para poder hacer esto realidad con una buena norma que deje contentos a todos, que deje tranquilas a las comunidades. Hay muchos que evidentemente no van a quedar contentos, pero tienen que comprender que han estado usufructuando de un bien común de todos, todas e incluso de la naturaleza. El agua no sobra y para que todos podamos vivir bien necesitamos una redistribución de este bien común”.
Asimismo, se refirió a la transversalidad que tendría la iniciativa en la Convención, manifestando que “cuando ya esté lista esa norma van a poder ver el trabajo que realizamos al respecto y que después venga a ser parte de lo que es la deliberación, las posibles indicaciones, pero que ojalá sea aprobada en general, entendiendo también que muchos constituyentes tenían este tema en sus programas. Entonces las encuestas también determinaban que estaba bien aspectado el tema del agua, obviamente hay algunas profundidades ahí diversas, pero esperamos que podamos llegar a buenos consensos”.
En todo caso, aseveró que una de sus mayores esperanzas es que “todos, tanto constituyentes como la ciudadanía no olvidemos el inicio de esta demanda, que no nos hagan retractarnos y retroceder en cuanto a la demanda de la desprivatización y la recuperación del agua en nuestro país y que todos comprendamos que efectivamente estamos en un momento crítico, en donde el cambio climático y la crisis ecológica nos está haciendo repensarnos como comunidad y que para que todos podamos alcanzar este buen vivir vamos a tener que quizá ceder en algunas cosas para lograr aquello”.
“Con eso me refiero a que estamos abiertos a una redistribución que se haga tras un órgano técnico que tendrá que definir cuánta agua tenemos en cada cuenca y cuál es la mejor forma para distribuir para que alcance a todos y todas, incluida la naturaleza y podamos mantener un buen vivir y vaya en mejoría, en la restauración de los territorios, cosa que estos vuelvan a producir mayor cantidad de este elemento vital con el tiempo”, expresó.