Esta mañana la Comisión de Constitución del Senado retomó la discusión sobre el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a los llamados “presos de la revuelta social”, sometiendo a votación la indicación presentada por el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, que reemplaza el concepto jurídico de indulto por amnistía. Una fórmula que fue aprobada en la instancia con 3 afirmativas y 2 votos en contra de los senadores que integran la mesa.

El parlamentario de la falange ha dicho que su moción busca destrabar la tramitación de la iniciativa de ley en el Senado, simplificando jurídicamente el cuerpo del texto de modo que no requiera quórum de ley orgánica. De ese modo, bajo el análisis del legislador, se requerirían 22 senadores para su aprobación.

No obstante, el cálculo que realiza el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, difiere con lo planteado por el senador DC. El titular de la instancia que revisa el proyecto de indulto, quien también presentó una indicación sustitutiva para legislar en torno a la amnistía, indicó que aún cuando sea amnistía o indulto este proyecto, se requieren votos de la derecha para su aprobación. 

“No se cambia el quórum, sigue existiendo un artículo que es norma de ley orgánica que necesita votos de senadores de derecha, se mantiene esa situación (…) Es el artículo que en el caso de aquellas personas que hayan sido condenadas, que son la gran mayoría, para poder solicitar amnistía, puedan pedírsela al juez de garantía, esa es una nueva atribución que hoy los jueces de garantía no tienen y por consecuencia de lo anterior es norma de ley orgánica y se necesitan los votos de la derecha”, manifestó.

Discusión 

Jorge Pizarro (DC), en representación de Huenchumilla -quien participó de la Comisión de manera remota por efectos de una cuarentena preventiva- dijo necesario que primen consideraciones de orden político en esta materia, con el objeto de lograr los consensos que se requieren en el pleno del Senado.

“A mí lo que me gusta de la indicación sustitutiva es que obedece a lo que varias veces desde los Comités del Senado y la sala del Senado le pedimos a la Comisión de Constitución que, partiendo de la base de que el proyecto de indulto presentado de la forma en que está presentado no cuenta con respaldo y además no era lo más acertado en términos jurídicos lo que se busca beneficiar, lo lógico era construir una alternativa distinta en la Comisión que fuera planteada en la sala para ver si tiene mayoría”, señaló.

En tanto, el legislador de Revolución Democrática y uno de los autores del proyecto de indulto, Juan Ignacio Latorre indicó que el texto original tendría un efecto similar al de la amnistía en cuanto considera a personas condenadas como en prisión preventiva o bajo distintas medidas cautelares. En ese sentido explicó el proyecto presentado por él busca establecer un indulto general como un mecanismo excepcional que se presenta en contexto de crisis como lo fue el estallido social, “con una grave criminalización de la protesta social, de represión y de gravísimas violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Representando al Ejecutivo, el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pávez, hizo un reparo reglamentario, sosteniendo que “La idea de legislar en los informes es sobre indulto general, no sobre amnistía”.

“En la discusión particular lo que corresponde es corregir si el indulto para los delitos que no estaban condenados procede o no, pero claramente nos parece que a la luz de los textos, a la luz de los informes, a la luz de los argumentos con los cuales cada uno de los senadores argumentó su voto, siempre la idea de legislar está en base a un indulto general”

Ampliar beneficio a agentes del Estado

Pese a que se zanjó continuar la discusión en particular del proyecto de ley la jornada de este miércoles, algunas materias fueron adelantadas por los parlamentarios, particularmente la eventualidad de ampliar el beneficio a agentes del Estado quienes se encuentren formalizados por hechos perpetrados durante el mismo período. En ese sentido, el senador Araya dijo no cerrarse en avanzar en ese aspecto, en la medida que “si queremos construir paz social, hay que buscar soluciones a todos los que tienen algún problema producto del estallido social”. No obstante recalcó que tanto la moción presentada por él como por el senador Huenchumilla, solo se refieren a civiles. 

Al respecto la senadora de la UDI, Luz Ebenperger, criticó las indicaciones presentadas al proyecto dado que a su juicio son graves, inconsecuentes y no aseguran la paz social.

“Se va a poder amnistiar de aprobarse este proyecto a quienes tiraron piedras o elementos punzantes a Carabineros pero no a los Carabineros que se defendieron de evitar ser heridos con esas piedras o elementos punzantes, se va a indultar a aquellos que entraron en morada ajena con violencia e intimidación, artículo 114, esos son los que saquearon los cientos de negocios de particulares artículo 144 del Código Penal está dentro del catalogo de delitos, entonces se fundamenta en que con este proyecto se busca la paz social. La paz social para un sector, la paz social cuando se busca, se busca para todos los sectores“.

Bajo esa materia, el senador Latorre sostuvo que si bien la discusión es legítima, esta recaería en objeto de otro proyecto de ley con otras ideas matrices. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que se tendrían que considerar los compromisos en materia de derechos humanos que tiene el Estado de Chile. Al ser contrariados, podría implicar demandas, reparó el frenteamplista.

“Como lo ha dicho el propio INDH en Chile hoy día estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia en materia de graves violaciones de derechos humanos en contexto del estallido social, por tanto el Estado tiene un compromiso de investigar, de llegar a la verdad y a la justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. Por tanto, si hay una amnistía o auto amnistía podría arriesgar demandas de organizaciones de derechos humanos al Estado de Chile si avanza en la amnistía”.

Madres de la plaza Colón exigen Comisión que revise los casos de sus hijos

La fórmula planteada por Huenchumilla está lejos de contentar a una de las principales agrupaciones de familiares de presos del estallido social: Las madres de la plaza Colón. Una articulación de mujeres de Antofagasta que fue bautizada bajo ese nombre en alusión a las madres de la plaza de Mayo.

Y es que el proyecto de indicación sustitutiva del parlamentario de la DC detalla una serie de delitos contemplados en el Código Penal, la Ley sobre Monumentos Nacionales, el Código de Justicia Militar y el Decreto Ley 2.460 (Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile), que hayan sido perpetrados entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

Con eso el legislador busca dejar fuera de la consideración de esta ley a los delitos graves. “Lo que hemos colocado son delitos producto, con ocasión, o con motivo del estallido social, de las manifestaciones, de los desordenes públicos”, indicó en entrevista con radio Duna.

Es así que revisando el catálogo de delitos, las madres de la plaza Colón han caído en cuenta que sus hijos no serán beneficiados con la ley. Al respecto, Maribel Gaete, mamá de Bastián Campos, joven condenado a 3 años y un día de presidio por portación de bomba molotov, y a 61 días por saqueo, asegura que su hijo no sería contemplado, como es la lamentación de varias madres de la organización.

“Tenemos sentimientos encontrados, bien por los chicos que van a ser beneficiados y van a poder salir, pero mal por los chicos que no serán beneficiados con esta ley. La idea de nosotras como Madres de la plaza Colón y como madres de detenidos, es que todos los chicos salgan libres, es la lucha que siempre hemos dado como madres”, sostuvo.

“Nuestros hijos acá en Antofagasta, si se llegara a aprobar la ley quedarían todos fuera“, aseguró Michelle Eissmann, madre de Matías Aquevedo, quien fue condenado por robo con violencia y lesiones menos graves, ambos cargos que no se contemplan en la iniciativa de ley.

“Ninguno de nuestros hijos tiene antecedentes previos, nunca habían estado presos. Son niños de estudio, deportistas, que tocaban en bandas y encuentro que no es justo para ellos que hayan pasado un año presos en prisión preventiva para nada”, señaló.

Por este motivo las madres exigen la creación de una Comisión que tenga la facultad de revisar los juicios a que fueron sometidos sus hijos y que cuente con la participación de abogados de su confianza para abordar las determinaciones que fueron emanadas de un proceso judicial que ellas cuestionan. En el caso de Matías, señaló Michelle, quedó en calidad de libertad vigilada tras pasar por un juicio abreviado colectivo junto a otros ocho jóvenes en lo que fue una tramitación bajo constante presión. “El salió con libertad vigilada pero tuvo que culparse para poder salir“, denunció.