1.- La hoja se comienza a llenar

El borrador de texto de la nueva Constitución ya cuenta con 34 artículos aprobados por el Pleno, en dos temáticas: principios sobre los sistemas de justicia y la consagración de un nuevo Estado Regional, Plurinacional e Intercultural. El Pleno sesionó la semana pasada en cuatro extensas sesiones —que se prolongaron en promedio por más de 8 horas— en las que deliberaron y votaron en general y en particular las normas propuestas por las comisiones de Justicia y Forma de Estado.  52 propuestas de articulado fueron las que se discutieron, logrando —finalmente— que 34 de ellas (8 en justicia y 26 de forma de Estado) alcanzaran los 2/3 de los y las convencionales; es decir un mínimo de 103 votos a favor.

¿Qué pasa con las normas rechazadas? La mayoría de las otras normas rechazadas y que lograron más de 78 votos (mayoría absoluta) serán nuevamente revisadas por las comisiones respectivas, con el objetivo de perfeccionar en su redacción con la posibilidad de ser enviadas al Pleno en un nuevo informe, que deberá ser enviado en un plazo de 15 días.

De este modo, la dinámica de trabajo que tendrá la Convención durante las próximas 8 semanas estará marcada por la revisión de cada uno de los informes de normas que vayan despachando cada una de las comisiones. En tanto para esta semana, se tiene contemplado que el jueves se realice una nueva sesión plenaria para revisar normas respecto a temas de cultura y conocimiento.

Los plazos y tiempos siguen siendo una preocupación, por ello la Mesa está diseñando algunos cambios en los formatos de discusión del Pleno, con el fin de optimizar en todo lo posible las horas. Una solución es que los informes, tanto en general como en particular, se despachen en un solo día, y no en dos como ocurrió en esta primera tanda de votaciones. El tiempo corre y el 24 de abril es el plazo establecido en el reglamento para que el texto borrador de la nueva Constitución sea ingresado a su etapa final de revisión por parte de la Comisión de Armonización.

2.- Un tema de atribuciones

Ya forma parte de la Constitución la consagración de un Estado Regional, Plurinacional e intercultural, aprobado en general y particular la semana pasada.

¿Qué dice el artículo?

“Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

Dentro de las 26 normas aprobadas, que dicen relación con esta nueva forma de Estado, figuran los grandes principios en torno a la configuración de un nuevo concepto de distribución del poder hacia regiones con el principio de descentralización como pilar central. Entre lo que se aprobó figuran normas que dicen relación con el fortalecimiento de diversas instancias institucionales que apunten hacia una mayor coordinación entre las regiones y el poder central; por ejemplo, otorgar mayores atribuciones al Gobierno Regional, la creación del Consejo de alcaldes y el Consejo de Gobernadores, ello acompañado de principios como el de autonomía plena de las regiones, la solidaridad, la equidad territorial, la plurinacionalidad, la equidad de género, entre otros.

Ahora bien, si bien se aprobaron estos grandes lineamientos, no pasaron la prueba de los 2/3 aquellas normas que dicen relación con sus atribuciones. El ejemplo más concreto fue el rechazo, en particular, a la creación de las Asambleas Legislativas Regionales, una nueva instancia que pretende contar con facultades legislativas, normativas, presupuestarias, entre otras, pero que no logró convencer a muchos convencionales, que ven en la instauración de esta Asamblea como la consagración —en la práctica— de un sistema federal. Otro factor que incidió en su rechazo es que este nuevo órgano debería ir de la mano sobre cómo quede configurado el nuevo Congreso: si será unicameral o bicameral, algo que aún está en plena discusión en la Comisión de Sistemas Políticos, y al que ya se estaría llegando a un acuerdo dentro de los diferentes colectivos y partidos de izquierda, optando por la configuración de un Consejo Territorial que reemplazaría al actual Senado, lo que también incluirá la configuración de la Asamblea.

Con todo, la gran mayoría de estas normas se cayeron, y deberán ser revisadas nuevamente por la Comisión de Justicia, quienes tendrán la misión de moderar los alcances que tendría este nuevo órgano regional. Con todo, se aprobaron grandes principios, pero al entrar al área chica, surgieron las dudas.

3.- El avance del pluralismo jurídico

Algo similar a lo ocurrido sobre la forma de Estado, ocurrió con el sistema de justicia: se aprobaron grandes principios, pero con dudas en los detalles. En esta línea, se aprobó la consagración del capítulo sistemas de justicia, dejando atrás el actual título de Poder Judicial. Y si bien se aprobó—en general— el artículo que consagra el pluralismo jurídico, éste no logó pasar la barrera de la votación en particular, lo significa que la norma, al lograr más de 78 votos (mayoría absoluta), vuelve a la Comisión de Justicia para ser nuevamente deliberado, y así ser reingresado al Pleno, en una última oportunidad.  Este tema concitó un amplió debate dentro de las y los convencionales. Si bien la mayoría de estos se ha mostrado a favor de establecer un sistema indígena de justicia, sus alcances están aún por verse, con el fin de establecer de forma nítida y más clara las diferencias que tendría la consagración de dos modelos de justicia: uno nacional y otro indígena.

En esta línea, sí se aprobó la idea de contar un sistema de justicia basado en el pluralismo jurídico, lo que quedó registrado en el siguiente artículo ya despachado.

“La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad”.

En consecuencia, el debate —hasta ahora llevado cabo tanto en la comisión como en el Pleno— se orienta, centralmente, en establecer grandes principios respecto al nuevo modelo de justicia y que se está trazando bajo la línea de relevar tres grandes elementos: la plurinacionalidad, la interculturalidad y la perspectiva de género, lo que se está comenzando a materializar con la aprobación en general de normas, pero que deberán ser, en su mayoría, revisadas en su redacción en particular, para formar parte del nuevo texto constitucional.

4.- El derecho a la cultura y el conocimiento

Los conocimientos, la ciencia y las culturas contarán con un espacio preponderante en la nueva Constitución, mediante la instauración de nuevos principios y derechos que hoy no están presentes en la Carta Fundamental. Dentro de los contenidos que se están trabajando en la Comisión Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios se encuentran temas como los derechos culturales, digitales, a la comunicación, derechos al descanso, al ocio, además del reconocimiento de la neurodiversidad, y del principio de la bioética, entre otros.

Y tras semanas de intenso trabajo, llevado a cabo por los 15 integrantes de la instancia. ya se cuenta con el primer informe de normas que serán deliberados en el Pleno a partir del próximo jueves, en votaciones en general y particular.

El informe consta de 35 artículos aprobados en particular en un 60% de las votaciones de forma unánime, y en el que se establecen grandes principios en temáticas como la libertad para la creación artística, los conocimientos, la investigación y el desarrollo científico, junto con normas orientadas a garantiza recursos para hacer efectiva la actividad artística y cultural desarrollada por personas y comunidades. Entre las propuestas figuran normas en torno, también, al derecho y acceso a la información y los medios de comunicación, además de considerar garantías en la fomentación de una educación mediática con perspectiva de género, feminista, no sexista, de derechos humanos, descentralizada y plurinacional.

5.- Los primeros derechos fundamentales

La comisión de Derechos Fundamentales ya tiene listo el primer informe de normas correspondiente al bloque temático I que trató contenidos como el objeto, la titularidad y fin de los derechos fundamentales. Un total de 6 normas están ya en condiciones de ser llevadas al Pleno, lo que se materializará en las próximas semanas, una vez que se termine de revisar el bloque 2, en el que se están trabajando normas relacionadas al derecho de asociación, derecho de propiedad, derecho a la honra, la vida, derechos sexuales, entre otros.

Las seis normas aprobadas se orientan a establecer el fin que deben perseguir los derechos fundamentales. Así, en su primer articulado aprobado se señala que: “Los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí. Comprenden los derechos de la naturaleza, realidad íntimamente ligada al desarrollo de la vida, de las comunidades, de las naciones y de los pueblos como de las futuras generaciones. La protección, promoción y satisfacción de los derechos humanos es un fin primordial del Estado y de la sociedad. El pleno ejercicio de estos derechos es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y de los pueblos”.

Mientras que otra de las normas aprobadas dice relación a algo más específico: el financiamiento de estos derechos, proponiendo que estos derechos deben ser garantizados por los órganos estatales pertinentes, preponderando a la progresividad, y estipulando que el Estado y sus órganos deben garantizar que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales.