Las diligencias de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, ahora se han dirigido al actual cabecilla de la institución castrense, Ricardo Martínez. La magistrada que tiene dedicación exclusiva para investigar el caso “Fraude del Ejército” hasta el 31 de agosto de este año, citó este jueves al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en ejercicio para declarar en calidad de inculpado por dos aristas del caso conocido coloquialmente como “Milicogate”, correspondientes a “Pasajes y fletes” y “Gastos reservados”.

Con esta determinación de la ministra, Martínez, quien el 9 de marzo dejará el mando de las Fuerzas Armadas para entregárselo al general Javier Iturriaga, podría ser el primer Comandante en jefe del Ejército activo en ser detenido y procesado por la justicia, considerando que podría pasar al menos cinco días detenido de acuerdo a la potestad que detenta Rutherford bajo las condiciones de la Justicia Militar.

Pero para efectos de aminorar este nuevo escándalo protagonizado por la institución castrense, se estima que el abogado defensor del uniformado, Juan Carlos Manríquez, pida reagendar la diligencia para cuando su representado no se encuentre en la condición de jefe en ejercicio de la institución.

Si bien la persecución de Martínez no ha sorprendido a muchos considerando las magnitudes que se han evidenciado del caso “Fraude del Ejército” para la abogada y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carmen Hertz (PC) las acciones perpetradas por los uniformados son sumamente perjudiciales para el país.

“Resulta extremadamente grave para la institucionalidad de nuestro país, para el rol y el prestigio de las Fuerzas Armadas que tienen el monopolio de las armas, que todos los comandantes en jefe desde Pinochet hasta ahora, el general Martínez estén procesados por delitos de malversación de fondos, de desvío de recursos fiscales y en el caso de Pinochet, de crímenes de lesa humanidad. Esta situación, reitero, es agraviante para la sociedad chilena, para la institucionalidad y para el prestigio de las Fuerzas Armadas”, aseveró Hertz.

Carmen Hertz.

En tanto el integrante y ex presidente de dicha instancia, Jorge Brito (RD) partió por criticar a los y las diputadas que no estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley que permitió extender el mandato de la ministra Rutherford en el caso, señalando que “hubo parlamentarios que se opusieron a esto porque insisten en que son casos particulares cuando evidentemente están intentando tapar la luz del sol con un dedo“. En ese sentido, señaló que desde el Pñarlamento, están estableciendo un “mullarón” para la corrupción en las Fuerzas Armadas, razón por la espera que las pesquisas del caso lleguen a las últimas instancias. 

“La corrupción en cualquier institución del Estado debe combatirse sin relativizar y eso sería una señal para la ciudadanía, pero también para los uniformados honestos que forman parte de las Fuerzas Armadas que no hay impunidad y que se revise a contraluz cada una de las acciones, porque es la seguridad de la defensa de Chile la que debería estar siendo financiada y no, en el caso de Oviedo y Fuente-Alba, una vida de lujos y privilegios” sostuvo.

Jorge Brito.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mauricio Weibel, periodista de investigación y autor del libro “Traición a la Patria”, señaló que el caso “Fraude del Ejército” contempla 50 aristas investigativas. Dos de las más grandes son las de “Gastos Reservados” y la de “Pasajes”, siendo la primera el uso ilegal de los fondos públicos que los ex comandantes en jefe tenían bajo su mando, y cuyos montos fluctuaban entre dos mil a dos mil quinientos millones de pesos que no tenían que rendir. Por otro lado, la segunda arista corresponde a un sistema de compra de pasajes que los uniformados tenían a sus disposición y que “según la jueza y el Consejo de Defensa del Estado, era fraudulento”, señaló.

“O sea, les compraban unos pasajes para ir a Haití a supervisar las tropas pero en realidad después reembolsaban, cambiaban y terminaban yendo a Groenlandia. No es una ironía, esto ocurrió así. Recuerdo cuando yo estaba investigando un pasaje por 30 mil dólares a Montevideo, que es un viaje que habitualmente cuesta 200 dólares“, indicó.

Y es que para comprender la magnitud de los montos que los uniformados se adjudicaban mediante esta vía, Weibel señaló que, por ejemplo, “el general Fuente-Alba recibió 300 mil dólares en viáticos, sólo por pasajes“.

El escenario es sumamente dramático, aquilató, considerando que “tenemos medio siglo de corrupción en el Ejército, desde que asume la Comandancia en Jefe Augusto Pinochet. Ahí comienza este declive, este deterioro en derechos humanos y este deterioro moral del Ejército donde se convierte en una institución partisana, cercana a un sector de la población y no a todos, y donde al interior suyo se comienzan a producir desfalcos masivos”.

Pero las acciones que no se reducen a los comandantes en jefe, recalcó Weibel, en cuanto hay más de 800 militares de distinta graduación, desde cabos, soldados, hasta generales que son investigados por la Justicia. “Es una cifra brutal. Es el único Ejército en el mundo donde todos sus ex comandantes en jefe están siendo investigados por la Justicia”, aseveró.

Mauricio Weibel.

Así las cosas los avances de la ministra Rutherford en el caso son absolutamente elogiables, consideró el periodista que fue blanco de espionaje por parte del Ejército en circunstancias que se encontraba investigando el “Milicogate”.

“Una de las cosas más difíciles fue probar cómo los dineros fueron sacados de la cuenta de Gastos Reservados y cómo fueron distribuidos, porque al ser una cuenta sumamente secreta y de la cual no había registros, fue sumamente difícil reconstruir eso y uno de los grandes trabajos de la ministra fue poder reconstruir cómo los dineros circularon. Hay que recordar que el mismo Uzurieta señala que él tenía un maletín, que tenía el dinero ahí, que se lo metía en la chaqueta y se lo llevaba. De eso no queda ningún registro”, señaló.

No obstante hoy las dudas del periodista radican en si la Justicia ratificará o no las condenas de los uniformados, vale decir, si operará bajo el principio de igualdad ante la ley o “si hará la vista gorda cuando estamos hablando de desfalcos que podrían llegar a varios miles de millones de pesos”, comentó.

En tanto, con lo que respecta a la institución castrense, el gran desafío que dimensiona Weibel es dilucidar “cómo somos capaces de recuperar democráticamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para profundizar los temas de derechos humanos” y además cómo robustecer el control civil de los recursos públicos que están bajo la administración de las Fuerzas Armadas. “Lo que ocurrió todos estos años es que un general podía decirle a un cabo ‘mire, quiero este dinero de forma fraudulenta’ y el cabo simplemente obedecía. Eso se tiene que acabar, hay que tomar control civil sobre el uso de los recursos”, aseveró.